Solo el PP apoyar¨¢ el lunes el copago judicial de Gallard¨®n
La ley establece un baremo de tasas para los recursos, que puede llegar a 800 euros en asuntos laborales.
El copago judicial del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, superar¨¢ el pr¨®ximo lunes el primer escollo parlamentario, el del debate de totalidad, con los ¨²nicos votos favorables del PP y con el rechazo de la casi totalidad de las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. La ley establece un baremo de tasas para los recursos, que puede llegar a 800 euros en asuntos laborales. El objetivo, seg¨²n Gallard¨®n, es el contribuir a desatascar los tribunales y a financiar el derecho a la justicia gratuita, con un copago similar al farmac¨¦utico. El Gobierno tiene una previsi¨®n aproximada de ingresos por tasas judiciales de unos 306.091.000 euros.
Est¨¢ excluida la jurisdicci¨®n penal, y hasta ahora hab¨ªa tasas solo para la civil y la contencioso- administrativa. Con la ley se elevan notablemente las tasas y se extienden a la jurisdicci¨®n social, es decir, laboral. La norma no distingue entre niveles de renta.
De esta forma, el recurso contra una resoluci¨®n laboral ante una segunda instancia implicar¨ªa una tasa de 800 euros que, seg¨²n las asociaciones que se oponen, resulta prohibitiva para un trabajador que haya perdido su empleo. El Consejo General de la Abogac¨ªa elabor¨® tambi¨¦n un informe muy cr¨ªtico, en el que se asegura que el recurso por una multa de tr¨¢fico de 100 euros podr¨ªa llevar aparejada una tasa de 200, que no es reembolsable si se gana en la segunda instancia. PSOE, CiU, BNG e Izquierda Plural han presentado enmiendas a la totalidad. El PSOE present¨® este viernes enmiendas parciales para, por ejemplo, excluir la jurisdicci¨®n laboral.
Seg¨²n algunas asociaciones, la ley podr¨ªa vulnerar el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n que asegura que ¡°todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos, sin que en ning¨²n caso pueda producirse indefensi¨®n¡±. Fuentes del PSOE aseguran que estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad si se mantiene en los mismos t¨¦rminos tras su paso por las Cortes.
El Gobierno respalda la constitucionalidad de la reforma de las tasas judiciales bas¨¢ndose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que aval¨® esas cargas como medio de financiaci¨®n de la justicia. Esa sentencia, no obstante, se refer¨ªa al recurso de una gran empresa y dejaba a salvo que no se gravaran la jurisdicci¨®n penal y la laboral, que ahora s¨ª se incluye en la norma. La Uni¨®n Progresista de Fiscales sostiene que las nuevas tasas ¡°impedir¨¢n o dificultar¨¢n el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, y esta legislaci¨®n es similar a la de ¨¦poca preconstitucional¡±.
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