Los pol¨ªticos s¨ª tienen perd¨®n
Los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica son los que m¨¢s se perdonan en proporci¨®n: desde 2000 han sido indultados 226 reos
Los hechos recogidos en la sentencia del caso de corrupci¨®n Treball prueban que durante los a?os 1994 y 1995, con CIU en el poder, el entonces secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje desvi¨® 46.157,73 euros encargando informes falsos al empresario V¨ªctor Manuel Lorenzo Acu?a. Por ese delito de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos ambos fueron penados con c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n. Nunca fueron a prisi¨®n. El Gobierno les indult¨® en marzo pasado. Mantuvo la inhabilitaci¨®n pero les quit¨® las penas de c¨¢rcel y las conmut¨® por una multa. Se argumentaron ¡°razones humanitarias¡±.
En el contexto de crisis y con cientos de pol¨ªticos imputados en los ¨²ltimos a?os, las medidas de gracia a los condenados por el caso Treball han sido de las m¨¢s pol¨¦micas este a?o. A estos indultos hay que a?adir los del exalcalde y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Abdalaj¨ªs (M¨¢laga) por otro caso de prevaricaci¨®n y el indulto a los Mossos d'Esquadra condenados por torturas.
La Administraci¨®n de Rajoy no es la ¨²nica que indulta a pol¨ªticos y funcionarios. Desde 2000 hasta ahora, los Gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy han concedido 226 perdones a condenados por delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (de un total de 4.500 concedidos). Este peri¨®dico ha revisado los indultos publicados en el BOE durante los ¨²ltimos 13 a?os relativos a las principales infracciones de este tipo, y los resultados son los siguientes: 25 indultos por prevaricaci¨®n; 107 por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y 16 por cohecho.
Para saber si es mucho o poco, habr¨ªa que comparar esas cifras con el n¨²mero de condenas por estos delitos. El catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Alicante Antonio Doval lo ha hecho en un estudio publicado junto a otros cuatro autores en enero. Su conclusi¨®n es que los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica son los que m¨¢s se indultan proporcionalmente. Comparando el n¨²mero de indultos de 2000 a 2008 con el de personas penadas por cada tipo de delito en esos a?os, las infracciones m¨¢s indultadas, son, por este orden: los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (1,6% de los penados), el homicidio y sus formas (1,5%), las falsedades (1,3%), los delitos contra el patrimonio (0,4%) y las lesiones (0,3%).
Por lo general el indulto es un perd¨®n parcial para evitar que el condenado ingrese en prisi¨®n. Pero, cuando se trata de pol¨ªticos y funcionarios, en muchas ocasiones va m¨¢s all¨¢ y alcanza tambi¨¦n a la pena de inhabilitaci¨®n o suspensi¨®n para empleo o cargo p¨²blico. El indultado puede volver as¨ª a su puesto como si nada hubiera sucedido. Dentro de los indultos analizados por prevaricaci¨®n, cohecho y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos de los ¨²ltimos 13 a?os, el indulto alcanz¨® la pena de inhabilitaci¨®n o suspensi¨®n en m¨¢s de la mitad de los casos.
107 malversadores y 25 prevaricadores han sido perdonados entre 2000 y 2012
Ocurri¨® por ejemplo con el alcalde del municipio barcelon¨¦s de Santa Susanna, Joan Campolier, de CIU. Los tribunales le condenaron en 2003 por haber prevaricado al conceder la construcci¨®n de un pabell¨®n a un amigo suyo. La pena era de ocho a?os y siete meses de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico. Sin abandonar el cargo, Campolier recurri¨® la sentencia. Los tribunales no le hicieron caso pero s¨ª el Gobierno de Zapatero, que en 2006 le concedi¨® el indulto parcial dejando la pena en cuatro a?os. Campolier no dimiti¨® hasta 2007. Una vez que cumpli¨® la condena, volvi¨® a presentarse a las elecciones. En 2011 se convirti¨® nuevamente en alcalde de la localidad. ¡°Eso fue un asunto puramente administrativo. El indulto lo pidieron los vecinos del pueblo, que entendieron que no era justo, y yo acept¨¦¡±, responde Campolier por tel¨¦fono.
Algo parecido sucedi¨® con Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a San Mart¨ªn. El exalcalde de Burgos, del PP, fue condenado en 1992 a 12 a?os de inhabilitaci¨®n, tambi¨¦n por prevaricaci¨®n. Los tribunales demostraron la concesi¨®n irregular de licencias municipales en el llamado caso de la construcci¨®n de Burgos. El indulto le vino en 2000. El Gobierno de Aznar le quit¨® dos tercios de la condena y Pe?a San Mart¨ªn pudo presentarse nuevamente a las elecciones por la formaci¨®n pol¨ªtica Soluci¨®n Independiente. No gan¨®, pero s¨ª volvi¨® a la pol¨ªtica como concejal. Este peri¨®dico no ha conseguido contactar con Pe?a, ya retirado de la pol¨ªtica.
En la mitad de los casos se indultan tambi¨¦n las penas de inhabilitaci¨®n
Tambi¨¦n pudo presentarse a las elecciones municipales pasadas en Carboneras (Almer¨ªa), Crist¨®bal Fern¨¢ndez, el exalcalde socialista que dio las licencias para que se construyera en primera l¨ªnea de playa El Algarrobico, uno de los escasos lugares del Mediterr¨¢neo que permanec¨ªa virgen. Los jueces le inhabilitaron en 2006 por un delito electoral pero el indulto del Gobierno de Zapatero le permiti¨® presentarse otra vez. No consigui¨® ser alcalde.
Expertos consultados se?alan que la pr¨¢ctica del indulto se ha ido deformando con el paso de los a?os. Consideran l¨®gico que se conceda como medida de gracia la eliminaci¨®n de penas de prisi¨®n por motivos humanitarios, pero explican que deber¨ªa quedar fuera la inhabilitaci¨®n, pensada para que el condenado no pueda volver a presentarse.
El debate est¨¢ abierto. Partidos como Izquierda Unida y Comprom¨ªs han presentado propuestas en el Congreso para que no se indulten los delitos de corrupci¨®n. Tambi¨¦n lo ha hecho el PSOE, a pesar de haber gobernado en los ¨²ltimos ocho a?os sin haber introducido l¨ªmite alguno al derecho de gracia. ¡°El indulto se est¨¢ usando para enmendar la plana a los jueces cuando debe ser un recurso muy excepcional¡±, explica M¨®nica Oltra, diputada auton¨®mica de Comprom¨ªs. ¡°No puede permitirse que el poder lo utilice para perdonar a pol¨ªticos o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El Gobierno no puede ser juez y parte¡±.
PP y PSOE indultan a un n¨²mero similar de funcionarios y cargos p¨²blicos
El Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar dispar¨® los indultos para estos delitos en 2000 (fueron 85). El n¨²mero total de perdones fue mayor que cualquier otro a?o: 1.732. Era a?o jubilar y hab¨ªa muchas peticiones pendientes, seg¨²n explic¨® el entonces ministro de Justicia, ?ngel Acebes.
Ese a?o, el entonces secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, pidi¨® explicaciones por un perd¨®n en concreto: el concedido a Javier G¨®mez de Lia?o, juez condenado por prevaricaci¨®n ¡ªen este caso era un delito contra la Administraci¨®n de justicia¡ª. Se indign¨® porque Acebes argumentara que nadie pod¨ªa inmiscuirse en el derecho de gracia. ¡°Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales¡±, respondi¨® Zapatero. ¡°Esa es la esencia de la democracia y del Estado de derecho. Resulta ins¨®lito que haya que repetir estas cosas¡±. Cuando lleg¨® al poder, en 2004, sin embargo, sigui¨® ejerciendo la facultad de indultar de la misma forma que lo hab¨ªa hecho su predecesor: sin dar explicaciones y sin someterse a ning¨²n control. Durante sus dos legislaturas fueron indultados m¨¢s de 100 delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica. Su Gobierno indult¨® el a?o pasado al pol¨ªtico Juan Hormaechea, condenado a tres a?os de prisi¨®n y 14 de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n cuando era presidente de Cantabria. Salvo la excepci¨®n de 2000, las cifras de Gobiernos populares y socialistas son similares.
Varios partidos han pedido que no se perdonen los delitos de corrupci¨®n
El de Mariano Rajoy ha indultado en nueve ocasiones a condenados por delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (cuatro por prevaricaci¨®n, uno por malversaci¨®n, dos por ambos delitos, otro por omisi¨®n del deber de perseguir delitos y un ¨²ltimo por fraude).
Sobre los cuatro indultos al exalcalde Tom¨¢s G¨®mez Arrabal y los tres concejales de Abdalaj¨ªs, condenados por prevaricaci¨®n ¡ªpor haber concedido licencias de obra sin seguir el procedimiento legalmente establecido¡ª, un portavoz del Ministerio de Justicia dice que se concedieron porque ninguno de ellos se hab¨ªa lucrado ¡ªy que as¨ª constaba en la sentencia¡ª, y porque el perd¨®n ten¨ªa el respaldo de todos los grupos pol¨ªticos del municipio (PP, PSOE e IU). Del perd¨®n a Josep Maria Servitje y Victor Manuel Lorenzo Acu?a se dan menos explicaciones. ¡°Ese caso lo heredamos del Gobierno anterior¡±, se?ala el portavoz. Pero no ofrecen ninguna raz¨®n de por qu¨¦ decidieron indultarlos.
Justicia asegura que este Gobierno, como regla general, no indulta la inhabilitaci¨®n o suspensi¨®n para empleo o cargo p¨²blico en este tipo de delitos. En los casos de este a?o, efectivamente, no lo ha hecho. Aunque s¨ª se quit¨® esta sanci¨®n, junto a la de prisi¨®n, a los Mossos d'esquadra condenados por torturas.
Unas llamadas que engrasan un caso
El Ministerio de Justicia recibe cada a?o unas 6.000 peticiones de indulto de media y concede unas 400. Las solicitudes las pueden hacer los propios afectados, sus abogados o bien terceros, y se dirigen a la Subsecretar¨ªa de Justicia, que tiene una divisi¨®n de derecho de gracia. Sus funcionarios tienen muchos a?os de experiencia en la tramitaci¨®n de indultos y saben qu¨¦ peticiones no tienen posibilidades de prosperar. Seg¨²n Justicia, el procedimiento est¨¢ ¡°muy engrasado¡±.
Es el ministerio el que eleva las propuestas al Consejo de Ministros. La mayor¨ªa de ellas, relacionadas con delitos menores de tr¨¢fico de drogas, ni siquiera se debaten, sino que pasan a ser aprobadas seg¨²n el criterio del Ministerio de Justicia y son finalmente concedidas por el Rey. En estos casos, y si no se conoce a nadie influyente, es fundamental la pericia y el inter¨¦s del abogado, que debe recabar todos los avales que pueda para apoyar su petici¨®n. Eso va desde movilizar a unos vecinos hasta tratar de conseguir el respaldo de la v¨ªctima o el inter¨¦s de los medios de comunicaci¨®n.
Hay otras propuestas m¨¢s delicadas. Son las que generalmente son cuestionadas por los ciudadanos por el evidente v¨ªnculo entre el indultado y el poder pol¨ªtico. Esos casos suelen arreglarse con una llamada, a veces con muchas m¨¢s. "Yo estuve llamando y enviando cartas al ministro [del PP Jos¨¦ Mar¨ªa] Michavila, pero no me hizo caso", dice por tel¨¦fono el socialista Bartolom¨¦ Soler Cano, exalcalde de Antas (Almer¨ªa), que durante la conversaci¨®n telef¨®nica defendi¨® varias veces su inocencia. "Lo que hab¨ªan hecho conmigo fue una calumnia enorme".
Soler Cano fue condenado en 2000 por un delito de prevaricaci¨®n a ocho a?os de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico. Seg¨²n la sentencia, se neg¨® a dar documentaci¨®n a la oposici¨®n. ¡°Eso era falso. Yo me sent¨ª muy dolido con aquello. Hab¨ªa estado de alcalde 14 a?os y siempre fui honrado. ¡°Cuando lleg¨® [a Justicia Juan Fernando] L¨®pez Aguilar llam¨¦ muchas veces pidi¨¦ndoles el indulto porque yo quer¨ªa seguir en pol¨ªtica. Llor¨¢ndoles mucho me lo dieron en 2005¡±. Soler Cano volvi¨® a presentarse en 2007 pero no consigui¨® la concejal¨ªa. ¡°Me puse a trabajar en una inmobiliaria con un sueldo de 1.200 euros. Podr¨ªa haber cobrado comisiones por la venta de pisos pero siempre fui honrado¡±, dice por tel¨¦fono el exalcalde, ya jubilado.
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