El euro de la discordia

Ha sido una de las medidas m¨¢s controvertidas desde que las autonom¨ªas lo anunciaron, y pese a que la necesidad de ingresos es una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo, Mariano Rajoy no se ha planteado implantar el euro por receta. Es m¨¢s, lo ha recurrido ¡ªhasta el momento con ¨¦xito¡ª en Catalu?a y Madrid, las dos comunidades aut¨®nomas donde se ha aplicado. El Ejecutivo, que s¨ª introdujo el copago sanitario tras haberlo rechazado en numerosas intervenciones, cree que el euro por receta vulnera las competencias exclusivas del Estado y quiebra la igualdad entre los espa?oles. La medida ser¨ªa, pues, contraria a la Constituci¨®n a ojos del Gobierno. El Tribunal Constitucional lo sospecha tambi¨¦n y ha admitido a tr¨¢mite los recursos del Gobierno. Esta admisi¨®n lleva aparejada la suspensi¨®n cautelar de la medida hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo, en un m¨¢ximo de cinco meses.

Catalu?a

Catalu?a comenz¨® a cobrar el euro por receta en junio del a?o pasado. La tasa grav¨® con un euro todo medicamento expedido con receta y con un coste superior a 1,67 euros (con un l¨ªmite de 62 euros anuales por ciudadano y no aplicable a los que perciben una pensi¨®n no contributiva o la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n). La Generalitat (CiU) pretend¨ªa ingresar 100 millones de euros en las maltrechas arcas catalanas.

Usuarios y farmac¨¦uticos no tardaron en cargar contra la decisi¨®n. Estos ¨²ltimos acusaron al Gobierno de Mas de convertirlos en "recaudadores" y protestaron contra las incidencias t¨¦cnicas que acompa?aron las primeras semanas de vida de la medida. A la nueva tasa se le a?adir¨ªa en pocos d¨ªas el copago sanitario, que el Gobierno de Rajoy s¨ª toler¨®.

El 14 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa anunci¨® tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo recurrir¨ªa la tasa aprobada por la Generalitat. De acuerdo con lo expresado por el Consejo de Estado, Santamar¨ªa estim¨® que el euro por receta "vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinaci¨®n de la sanidad y la igualdad de los espa?oles". Y a?adi¨®: "Esa tasa grava por dos veces la adquisici¨®n de medicamentos".

El Tribunal Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite el recurso y suspendi¨® cautelarmente su aplicaci¨®n hasta que dirima la constitucionalidad, en un m¨¢ximo de cinco meses. El alto tribunal a¨²n no ha decretado que el euro por receta vulnere la Ley Fundamental, pero ha aceptado pronunciarse sobre el eventual conflicto. Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta a las 11 de la noche del jueves 17 de enero.

Comunidad de Madrid

La tasa ha tenido un recorrido similar en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez anunci¨® la implantaci¨®n de la pol¨¦mica medida el d¨ªa de la presentaci¨®n de los presupuestos para 2013, los primeros desde que el hasta entonces escudero de Esperanza Aguirre llegara a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La decisi¨®n de Gonz¨¢lez contraven¨ªa la opini¨®n del Gobierno central, pues Madrid ya conoc¨ªa la intenci¨®n de Rajoy de recurrir la medida en Catalu?a. Gonz¨¢lez no se ech¨® para atr¨¢s y abri¨® un enfrentamiento pol¨ªtico entre los dos Ejecutivos populares.

El 1 de enero los usuarios comenzaron a pagar en las farmacias madrile?as la nueva tasa. Quienes deb¨ªan abonar la cantidad calificaban la tasa como "verg¨¹enza" y "repago", mientras que en las boticas se sent¨ªan como "meros recaudadores". El sistema se estren¨®, como en Catalu?a, sin el sistema inform¨¢tico que permitir¨¢ detectar si se ha llegado al m¨¢ximo de 72 euros de pago anual que fij¨® el Gobierno regional.

El 11 de enero, S¨¢enz de Santamar¨ªa fue la encargada de nuevo de comunicar que el Gobierno recurr¨ªa en Madrid la misma tasa que hab¨ªa impugnado en Catalu?a. Las razones, id¨¦nticas: "Se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos y se grava un acto m¨¦dico". Madrid, que esperaba recaudar alrededor de 80 millones de euros, mantuvo la tasa incluso despu¨¦s de conocer que el Constitucional hab¨ªa detenido su aplicaci¨®n en Catalu?a.

Hoy el Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso, lo que supone un varapalo para el Ejecutivo de Gonz¨¢lez (PP), que deber¨¢ suspender la aplicaci¨®n de la tasa hasta que el tribunal se pronuncie, en un m¨¢ximo de cinco meses, sobre su adecuaci¨®n o no al texto referencia del marco normativo espa?ol.