Sin medios ni especializaci¨®n suficientes contra la corrupci¨®n
Jueces y fiscales denuncian la escasez de recursos y de especializaci¨®n El Tribunal de Cuentas no est¨¢ preparado para luchar contra la corrupci¨®n pol¨ªtica
En un pa¨ªs que se desangra con casi seis millones de parados, los continuos casos de corrupci¨®n, aparte de indignar a la ciudadan¨ªa, han provocado que los pol¨ªticos y la corrupci¨®n se hayan convertido en el tercer y cuarto problema que m¨¢s preocupa a los espa?oles, seg¨²n el ¨²ltimo bar¨®metro del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS). La opini¨®n p¨²blica exige una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la justicia que no deje impunes los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica. Pero, ?est¨¢n preparadas las estructuras econ¨®micas, policiales y judiciales para luchar contra este tipo de delitos? Durante d¨¦cadas, los esfuerzos para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora, con una ETA que no mata y en un pa¨ªs ante una crisis econ¨®mica y pol¨ªtica brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos contables, m¨¢s polic¨ªas con formaci¨®n espec¨ªfica dedicados en exclusiva a la investigaci¨®n de la corrupci¨®n... Estos son los principales medios, que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer frente a esta lacra.
Tribunal de Cuentas. ¡°Es muy dif¨ªcil que el Tribunal de Cuentas detecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupci¨®n, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino¡±, se?ala uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo aut¨®nomo que tiene como funci¨®n la actividad fiscalizadora de la actividad econ¨®mica del sector p¨²blico. Esta instituci¨®n revisa las cuentas de los partidos pol¨ªticos y los procesos electorales. Podr¨ªa servir como un cortafuegos contra la corrupci¨®n, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco pr¨¢ctico. ¡°La instituci¨®n no est¨¢ preparada para luchar contra la corrupci¨®n¡±, reconocen.
Es un ¨®rgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos pol¨ªticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados p¨²blicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditor¨ªa de car¨¢cter financiero. ¡°Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle¡±, precisan fuentes de la instituci¨®n que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de Espa?a. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son dif¨ªciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Fiscales anticorrupci¨®n: medios para grandes casos y precariedad en los dem¨¢s. Diecis¨¦is fiscales conforman la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. En la sede madrile?a de esta fiscal¨ªa especial, embarcada en casos espectaculares como la Operaci¨®n Emperador o de tanta trascendencia como la investigaci¨®n sobre las cuentas secretas de Luis B¨¢rcenas, los representantes del ministerio p¨²blico gozan de unos medios envidiables.
En la planta de arriba de la instituci¨®n, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con los investigadores. Anticorrupci¨®n tambi¨¦n cuenta con tres inspectores de la Intervenci¨®n General del Estado que fiscalizan los contratos p¨²blicos de los casos que recaen en esta fiscal¨ªa. Este equipo especializado se completa con dos unidades de polic¨ªa judicial dependientes espec¨ªficamente del organismo y conformados por nueve agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y otros tantos guardias civiles. Adem¨¢s, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupci¨®n que se reparten por otros territorios ¡ªprincipalmente a lo largo de la costa mediterr¨¢nea, archipi¨¦lagos balear y canario¡ª, seg¨²n la memoria de la fiscal¨ªa de 2011.
Sin embargo, Anticorrupci¨®n se enfrenta a una parte muy peque?a de los delitos de corrupci¨®n, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, seg¨²n fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupci¨®n que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con alg¨²n pol¨ªtico aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal general del Estado as¨ª lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la inmensa mayor¨ªa de los asuntos de corrupci¨®n es as¨ª, la investigaci¨®n recae sobre las fiscal¨ªas ordinarias provinciales que trabajan en condiciones mucho m¨¢s precarias en cuanto a medios. Estas son las que llevan en torno al 80% de estos casos.
Por otro lado, cada fiscal¨ªa provincial tiene una secci¨®n de delitos econ¨®micos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en r¨¦gimen de exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, seg¨²n la ¨²ltima memoria de la fiscal¨ªa. Los fiscales jefes, para estos casos, piden equipos t¨¦cnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y funcionamiento empresarial, as¨ª como funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.
Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de si en el caso hay alg¨²n pol¨ªtico aforado o no, los casos de corrupci¨®n pueden ir a un juzgado de instrucci¨®n, a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda Espa?a como los jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional han pedido esta semana m¨¢s medios para investigar los delitos econ¨®micos y de corrupci¨®n. Los jueces de la Audiencia piden m¨¢s medios personales y materiales ¡°as¨ª como que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucci¨®n judicial, como son los peritos de Hacienda P¨²blica, de la Intervenci¨®n General del Estado o instituciones an¨¢logas¡±. Los jueces decanos piden tambi¨¦n m¨¢s ¡°funcionarios, polic¨ªas y peritos especializados¡±. Solicitan, en concreto, peritos contables con dedicaci¨®n exclusiva y la adscripci¨®n de grupos de aut¨¦ntica polic¨ªa judicial bajo las ¨®rdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de delitos con un alto nivel de especializaci¨®n contable que requiere de nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.
Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Econ¨®mica que a su vez tiene un grupo de delitos econ¨®micos, de fraude y urban¨ªsticos y una unidad adscrita a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Tambi¨¦n hay un grupo especializado dentro del Servicio de Informaci¨®n. En las unidades perif¨¦ricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades org¨¢nicas de polic¨ªa judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupci¨®n. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotr¨¢fico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (UDEF) est¨¢ formada por 299 personas, incluido el personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de polic¨ªa judicial (11.500 en toda Espa?a) podr¨ªa investigar, hipot¨¦ticamente, casos de corrupci¨®n, pero no se dedican a ellos con car¨¢cter de exclusividad ¡ªseg¨²n datos de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa¡ª, que es precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: m¨¢s agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF est¨¢ colapsada y que es urgente que el Gobierno la dote de m¨¢s medios.
ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es uno de los departamentos m¨¢s relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta con 189 profesionales altamente especializados, con experiencia y un alto nivel de preparaci¨®n. Son una especie de unidad de ¨¦lite dentro de Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad aut¨®noma. Su centro de operaciones est¨¢ en la plaza de Cuzco de Madrid. No persigue la corrupci¨®n como tal, sino los posibles fraudes derivados de esta.
Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como el G¨¹rtel, el Emperador¡ Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que en ocasiones la informaci¨®n a partir de la cual se inicia una inspecci¨®n se obtiene cuando est¨¢ a punto de prescribir ¡ªel l¨ªmite son cuatro a?os para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el fraude supera los 120.000 euros¡ª.
Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales depende de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como ¡°unidad de inteligencia financiera espa?ola¡±. Este cuerpo recibe informaci¨®n de las entidades de cr¨¦dito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia inform¨® hace unos d¨ªas a la Audiencia Nacional sobre una cuenta sospechosa que ten¨ªa importantes movimientos de otros pa¨ªses y result¨® ser del testaferro de Luis B¨¢rcenas.
Esta unidad tambi¨¦n vigila e investiga los posibles movimientos de capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado est¨¢ integrado por 60 personas. Son empleados del Banco de Espa?a, polic¨ªas, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con ¡°los ¨®rganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Polic¨ªa Judicial y los ¨®rganos administrativos competentes¡±. Tienen un presupuesto de 9,9 millones de euros.
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