Estrasburgo zanjar¨¢ si la ¡®doctrina Parot¡¯ es un castigo justo o retroactivo

Las dos partes dec¨ªan considerar ayer que, jur¨ªdicamente, es un caso sencillo. Unos ¡ªla defensa de la etarra In¨¦s del R¨ªo¡ª, creen que el Tribunal Supremo se sac¨® de la manga en 2006 una interpretaci¨®n nueva sobre el C¨®digo Penal de 1973 que alargaba las condenas, que romp¨ªa las reglas que hab¨ªan regido hasta ese momento y que claramente vulneraba los principios de legalidad e irretroactividad de las normas penales desfavorables. Los otros ¡ªel Gobierno de Espa?a¡ª, aseguran que el alto tribunal hizo uso de su facultad para fijar c¨®mo deben ejecutarse las penas y que actu¨® para poner fin a una interpretaci¨®n que beneficiaba en exceso a los terroristas y a otros delincuentes.

Pero, sencillo o no, y a pesar de que todos los implicados dijeron despu¨¦s estar encantados con sus respectivas actuaciones en la vista, hab¨ªa mucho nerviosismo. El caso sobre la doctrina Parot qued¨® ayer visto para sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Los equipos de letrados de ambas partes defendieron sus argumentos ante los 17 jueces que formaban la Gran Sala y que tendr¨¢n que decidir si ratifican la condena a Espa?a en julio de 2012, por unanimidad, de una sala m¨¢s peque?a del tribunal formada por siete magistrados.

Se consider¨® entonces que con la aplicaci¨®n de la doctrina Parot se hab¨ªan vulnerado dos art¨ªculos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el 7 (derecho a no ser castigado con una pena mayor que la vigente cuando se cometi¨® el delito) y el 5 (libertad y seguridad). El fallo obligaba a liberar a Del R¨ªo, excarcelaci¨®n que el Ejecutivo retras¨® presentando el recurso. La sentencia definitiva, previsiblemente, y a tenor del ritmo habitual del tribunal, tardar¨¢ a¨²n meses en llegar.

En el centro del debate, una interpretaci¨®n judicial. Los condenados por el C¨®digo Penal de 1973 (vigente hasta que entr¨® en vigor el de 1995) pod¨ªan redimir penas por trabajo, y, aunque fueran condenados a centenares de a?os de c¨¢rcel, se consideraba que, como solo pod¨ªan cumplir 30 (l¨ªmite m¨¢ximo que fijaba la ley), la redenci¨®n de penas y dem¨¢s beneficios deb¨ªan tomar como cifra de referencia esos 30 a?os. A partir de ah¨ª, si trabajaban, pod¨ªan reducirla un d¨ªa por cada dos trabajados, lo que era habitual. Las penas, de esta forma, sol¨ªan quedar m¨¢s cerca de los 20 a?os que de los 30. Esta fue la interpretaci¨®n de los tribunales hasta que lleg¨® la doctrina Parot en febrero de 2006. A partir de ese momento, la redenci¨®n no tomaba como base de c¨®mputo los 30 a?os sino los 300, 500 o 2.000 a los que hab¨ªan sido condenados. Esto implicaba, en la pr¨¢ctica, alargar las condenas y evitar que terroristas y otros delincuentes con penas altas salieran antes de cumplir 30 a?os en prisi¨®n.

Todos se juegan mucho con la sentencia de Estrasburgo. El Gobierno de Espa?a ha apostado fuerte en favor de la doctrina Parot, una interpretaci¨®n legal que hizo el Supremo en 2006, cuando gobernaba Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Durante los ¨²ltimos meses ha repetido que si el tribunal no le da la raz¨®n, decenas de terroristas y peligrosos delincuentes saldr¨¢n a la calle de inmediato y sus cr¨ªmenes quedar¨¢n ¡°impunes¡± ¡ªomitiendo los a?os que han pasado en prisi¨®n y que lo que realmente se discute es la extensi¨®n de su condena a la luz de una legislaci¨®n ya derogada¡ª. El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, habl¨® ayer incluso de hacer ¡°ingenier¨ªa jur¨ªdica¡± para aplicar, pero poco, una posible sentencia desfavorable.

La resoluci¨®n del tribunal versar¨¢ sobre el caso de In¨¦s del R¨ªo, detenida en 1987 y condenada a m¨¢s de 3.000 a?os de c¨¢rcel. Su salida de prisi¨®n estaba prevista por las autoridades penitenciarias para 2008, y la aplicaci¨®n de la doctrina Parot alarg¨® su estancia en la c¨¢rcel hasta 2017. Estrasburgo se pronunciar¨¢ sobre su caso en una sentencia que puede incluir o no alguna referencia gen¨¦rica sobre la doctrina Parot. Pero el resto de los presos a los que esta se ha aplicado ¡ª62 terroristas (53 de ellos etarras) y?14 por otros delitos graves¡ª no saldr¨ªan sin m¨¢s y de forma autom¨¢tica de prisi¨®n. Previsiblemente har¨ªan valer ante los tribunales el fallo de Estrasburgo, y este es el momento es que se refiere el ministro Fern¨¢ndez cuando habla de la posible ingenier¨ªa jur¨ªdica. Aunque parece poco probable, en principio, que si la sentencia es clara, el Gobierno y los tribunales opten por no aplicarla.

La izquierda abertzale tambi¨¦n tiene qu¨¦ perder con un fallo desfavorable. En un momento en el que una de sus m¨¢ximas prioridades es que se logre alg¨²n avance en la pol¨ªtica penitenciaria, si Estrasburgo cambiara de criterio y avalara la doctrina Parot, se cerrar¨ªan las puertas a seguir recurriendo.

Nadie sabe realmente cu¨¢l puede ser la decisi¨®n final. Ante la incertidumbre, m¨¢s gente de la que suele acudir a los juicios en la lluviosa Estrasburgo quiso estar presente en la vista. Los asistentes reflejaban la discusi¨®n pol¨ªtica paralela al debate jur¨ªdico. El Ministerio del Interior, representado por la directora general de Apoyo a las V¨ªctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, acudi¨® junto a la presidenta de la Fundaci¨®n de V¨ªctimas, Mari Mar Blanco, la presidenta de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo, ?ngeles Pedraza, y el de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que presentaron ante el tribunal 10.000 firmas que han conseguido en los ¨²ltimos dos d¨ªas en favor de que se mantenga la doctrina Parot. Una amplia delegaci¨®n de representantes de EH-Bildu (los parlamentarios nacionales Mikel Errekondo, Rafael Larreina y Jon I?arritu junto a Oskar Matute y Maiorga Ram¨ªrez) llegaba poco despu¨¦s al tribunal apoyando a In¨¦s del R¨ªo.

La defensa de Del R¨ªo trat¨® desde el principio de despolitizar la cuesti¨®n y de aislarla de elementos emocionales. ¡°Esto no trata sobre pol¨ªtica ni sobre terrorismo, sino sobre la universalidad del principio de legalidad y las condiciones que permiten a un Estado privar a un ciudadano de su libertad¡±, dijo en ingl¨¦s el letrado Mark Muller, que cit¨® a Thomas Jefferson: ¡°Es m¨¢s peligroso que un culpable sea castigado sin que se cumpla la ley a que escape¡±

El Gobierno espa?ol respondi¨® poco despu¨¦s con una pregunta: ¡°?Es igual un asesinato que 132?¡±. ¡°La doctrina Parot determina que no puede darse el mismo trato a quien ha cometido un asesinato que a quien ha cometido 200¡±, afirm¨® Isaac Salama, uno de los dos letrados que habl¨® representando al Gobierno espa?ol. ¡°In¨¦s del R¨ªo cometi¨® 24 asesinatos y 108 en grado de tentativa¡±. ¡°Aqu¨ª no se est¨¢ discutiendo sobre si esa doctrina [Parot] es razonable o no¡±, sostuvo la defensa de Del R¨ªo, ¡°sino sobre si se puede aplicar de forma retroactiva una interpretaci¨®n judicial nueva e imprevisible¡±. ¡°Lo que hace Parot es legislar por la puerta de atr¨¢s del precedente judicial lo que el Ejecutivo no pudo hacer por la puerta delantera del Parlamento¡±, dijo Muller, en referencia a la eliminaci¨®n de la redenci¨®n de penas por trabajo del C¨®digo Penal de 1995 que no inclu¨ªa (est¨¢ prohibido por la Constituci¨®n), su aplicaci¨®n retroactiva.

¡°El C¨®digo Penal de 1973, como cualquiera, fija penas en abstracto¡±, contraargument¨® Salama. ¡°Despu¨¦s, los tribunales fijan la pena en concreto atendiendo a la gravedad de los hechos¡±. Critic¨®, adem¨¢s, al tribunal de Estrasburgo (a esa primera sala que conden¨® al Ejecutivo) ¡°por convertirse en juez de c¨®mo los Estados aplican los beneficios penitenciarios y los permisos carcelarios¡±.

El abogado insisti¨® en que equiparar un asesinato con 200 a efectos del c¨®mputo de la pena es ¡°contrario a los principios m¨¢s b¨¢sicos que compartimos todos los Estados¡±. Y concluy¨®: ¡°Debe respetarse el margen de apreciaci¨®n de cada Estado para entender c¨®mo deben aplicarse las penas¡±.