La polic¨ªa recomienda que la Infanta baje en coche la rampa de los juzgados

La polic¨ªa no quiere, por ¡°estrictos motivos de seguridad¡±, que la Infanta llegue caminando desde la calle hasta la puerta trasera de los juzgados de Palma de Mallorca. El plan de intervenci¨®n elaborado por el Ministerio del Interior para la declaraci¨®n como imputada de la hija del Rey, prevista para el 8 de febrero, dictamina que do?a Cristina debe llegar hasta la misma entrada del edificio protegida, en un autom¨®vil. La decisi¨®n final corresponde al juez decano, Francisco Mart¨ªnez Espinosa, pero la Infanta puede optar a ¨²ltima hora por hacer el llamado pase¨ªllo por la cuesta del juzgado y llegar caminando. As¨ª lo hizo su esposo, I?aki Urdangarin, en dos ocasiones, antes de acudir, tambi¨¦n, a contestar al juez Jos¨¦ Castro como imputado. Entonces como ahora, el decano observ¨® circunstancias excepcionales y, con el fin de evitar el riesgo de posibles incidentes, concedi¨® al yerno del Rey el privilegio de poder llegar en coche hasta la puerta del recinto judicial. Pero ¨¦l lo descart¨®.

Son 50 pasos cuesta abajo los necesarios para recorrer la rampa del callej¨®n del patio cerrado del edificio judicial, en el antiguo colegio de La Salle. Al ser s¨¢bado, la entrada principal est¨¢ cerrada y se habilita un ¨²nico acceso secundario, posterior. El callej¨®n lo usan diariamente los coches policiales que trasladan ante el juez a detenidos preventivos o a presos que son conducidos desde la c¨¢rcel. El calabozo queda a cuatro metros de la entrada, enfrente de la puerta posterior.

La cuesta de los juzgados de Palma la populariz¨® Urdangarin, en 2012 y 2013, cuando tuvo que declarar por sus supuestas responsabilidades en el esc¨¢ndalo que lleva su nombre (caso Urdangarin o caso N¨®os) por supuesta malversaci¨®n de seis millones de euros p¨²blicos a trav¨¦s de sus negocios con el Instituto N¨®os. Para amparar al esposo de la Infanta, la polic¨ªa reclam¨®, como ha hecho ahora, las m¨¢ximas medidas de prevenci¨®n. Si se entra en autom¨®vil se evita quedar a la vista, durante un minuto, de los objetivos de las c¨¢maras de los medios de comunicaci¨®n y, adem¨¢s, se queda fuera de las miradas y las voces de las personas que en la calle o desde los balcones pueden querer expresar su protesta.

Los jefes y mandos policiales aluden para argumentar su decisi¨®n a la notoriedad de la hist¨®rica declaraci¨®n judicial de un miembro de la Familia Real a la enorme difusi¨®n que el hecho tiene (hay 250 periodistas acreditados para ese d¨ªa). Se ha evaluado el riesgo de episodios incontrolados en las concentraciones ciudadanas cr¨ªticas, as¨ª como de la manifestaci¨®n callejera prevista para ese s¨¢bado, que auna el rechazo a la corrupci¨®n y la militancia republicana. Las experiencias ruidosas de las dos anteriores concentraciones por la presencia de I?aki Urdangarin se saldaron sin incidencias y con una reducida asistencia.

El plan elaborado por el Ministerio de Interior ha sido, de nuevo, pactado por representantes de la Casa Real, la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y la Polic¨ªa Local, que han celebrado encuentros y consultas en Palma. Las fuerzas de Seguridad cerrar¨¢n a la circulaci¨®n las dos calles cercanas a la cuesta de los juzgados. Habr¨¢ controles a los vecinos y los negocios del barrio ver¨¢n mermada su actividad sabatina. En lo alto de los edificios pr¨®ximos se desplegar¨¢n polic¨ªas expertos en vigilancia a distancia. Las alcantarillas del subsuelo ya han sido revisadas. Una unidad de las UIP (antidisturbios y control de masas) se desplegar¨¢ en los alrededores de los juzgados. Para las dos declaraciones de Urdangarin llegaron a Mallorca polic¨ªas de esta misma unidad desde la Pen¨ªnsula.

Por otra parte, el juez Jos¨¦ Castro acept¨® este jueves la personaci¨®n como acusaci¨®n popular de la asociaci¨®n Frente C¨ªvico Somos Mayor¨ªa, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita. Entre las acusaciones, adem¨¢s de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n y las abogac¨ªas del Estado y de Baleares, est¨¢n el pseudo sindicato ultra Manos Limpias y el Partido Socialista del Pa¨ªs Valenci¨¤-PSOE.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado esta ma?ana en Valencia, donde pronunciaba una conferencia, que el juez Castro "nunca va a estar solo desde el punto de vista de la fiscal¨ªa". Torres-Dulce ha a?adido que, "pese a la discrepancia", "siempre" han acatado "respetuosamente sus decisiones y tendr¨¢ siempre l¨®gicamente el apoyo de quien defiende la legalidad, que es la fiscal¨ªa", informa Europa Press. Por otra parte, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se ha opuesto a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallad¨®n, sea citado a declarar como testigo en el caso N¨®os tal como hab¨ªa solicitado el exsocio de Urdangarin, Diego Torres. ? ?

Los abogados que defienden a do?a Cristina, procedentes de los bufetes de Jes¨²s M. Silva y Miquel Roca, repasan con ella hechos, gastos, ingresos, declaraciones fiscales y facturas del caso N¨®os para tener preparada una respuesta para todo. Ensayan con ella los posibles cuestionarios del magistrado y el fiscal con rondas de preguntas y r¨¦plicas cruzadas para no caer en ninguna contradicci¨®n. Tambi¨¦n participaran como acusaciones populares la asociaci¨®n Frente C¨ªvico Somos Mayor¨ªa, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita; el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV de Valencia.

La declaraci¨®n de la hija del Rey quedar¨¢ grabada, pero ¨²nicamente la voz. No habr¨¢ im¨¢genes en v¨ªdeo del hist¨®rico acto del interrogatorio judicial. El juez Jos¨¦ Castro ha prohibido que se entre a los juzgados de Palma con "terminal telef¨®nico, tabletas, ordenador port¨¢til o cualquier otro dispositivo apto para la captaci¨®n de im¨¢genes o sonidos". El juez guardar¨¢ en la caja fuerte el soporte sonoro de la declaraci¨®n de la Infanta, de la que se efectuar¨¢ una versi¨®n escrita oficial. De este documento se dar¨¢ una copia a las partes y al ministerio p¨²blico.

Do?a Cristina, como hizo su marido, tendr¨¢ que pasar por el arco detector de metales de la entrada de los juzgados y dejar¨¢ sus dispositivos electr¨®nicos en manos de los agentes de seguridad.