Su¨¢rez, algo m¨¢s que consenso

La imagen que ha quedado de Adolfo Su¨¢rez despu¨¦s de tres d¨¦cadas de la transici¨®n es la de un responsable p¨²blico que dise?¨® y lider¨® el consenso entre fuerzas pol¨ªticas diferentes en una situaci¨®n social compleja y muy dif¨ªcil. Es un buen recuerdo reforzado por la experiencia de los ¨²ltimos treinta a?os que ha puesto de manifiesto reiteradamente las dificultades de la vida pol¨ªtica, sobre todo cuando las circunstancias econ¨®micas, con todos los altibajos que se quiera, ayudan muy poco.

El consenso, la b¨²squeda de aspectos, planteamientos y soluciones comunes entre los partidos pol¨ªticos, fue un m¨¦rito compartido. Su¨¢rez, como l¨ªder del partido mayoritario y Presidente del Gobierno, tuvo una responsabilidad especial. No pod¨ªa ser de otra manera. Su aceptaci¨®n personal y la de muchas de sus propuestas se vio reforzada por su credibilidad creciente en c¨ªrculos intelectuales y ambientes pol¨ªticos diversos. Pronto pudo comprobarse que su preocupaci¨®n y dedicaci¨®n iban m¨¢s all¨¢ de la b¨²squeda de armon¨ªa y convergencia y entraban de lleno en las cuestiones econ¨®micas y sociales planteadas, algunas de ellas de urgencia e importancia indudables. Los ejemplos son numerosos, aunque el paso del tiempo haya hecho olvidar algunos y perder matices a otros. Baste reiterar los conocidos y reiterados Pactos de la Moncloa, obra colectiva de los partidos con representaci¨®n parlamentaria, pero tambi¨¦n con iniciativa, responsabilidad y obligaciones espec¨ªficas del Gobierno.

La credibilidad de Su¨¢rez, que contribuy¨® a su aceptaci¨®n personal y la de su programa y propuestas, se apoy¨® en los resultados electorales de junio de 1977, como era l¨®gico, pero tambi¨¦n en su decisi¨®n de acometer las dos grandes reformas pendientes que se hab¨ªan demandado hist¨®ricamente y con especial insistencia en el siglo XX. Me refiero a la reforma fiscal y a la reforma laboral. Las dos reiteradamente invocadas desde el campo cient¨ªfico y asociativo y tambi¨¦n desde el pol¨ªtico, en la medida en que era posible esta reivindicaci¨®n en situaciones y reg¨ªmenes no democr¨¢ticos.

La primera, la fiscal, exig¨ªa la personalizaci¨®n del sistema tributario, la determinaci¨®n y conocimiento de las bases con t¨¦cnicas directas y una imposici¨®n sobre el patrimonio que equilibrase la establecida sobre la renta y, principalmente, el gravamen sobre los rendimientos del trabajo. En general, todo lo que ya entonces era propio de un sistema tributario moderno. La Ley de Medidas Urgentes de 1977 fue un primer paso que demostr¨® de manera inequ¨ªvoca y r¨¢pida la voluntad del Gobierno Su¨¢rez de ir, por primera vez, a una verdadera reforma impositiva. Posteriormente, y sin mayores dilaciones, las Leyes de 1978 sobre imposici¨®n de la renta de las personas f¨ªsicas y sociedades cerraron la modificaci¨®n impositiva que satisfizo las exigencias cient¨ªficas y pol¨ªticas que hab¨ªan sido puestas sobre la mesa reiteradamente.

La reforma laboral era la otra gran asignatura pendiente. Aqu¨ª las dificultades eran mayores, dado que era necesaria la disoluci¨®n efectiva de la Organizaci¨®n Sindical (ente poderoso, complejo y de notorio arraigo) como cuesti¨®n previa al establecimiento de un ordenamiento propio de una democracia industrial. En esta l¨ªnea se adoptaron en plazo muy breve medidas legislativas y administrativas que permitieron salvar este obst¨¢culo y avanzar en la atribuci¨®n del protagonismo social directamente a trabajadores y empresarios. El mismo Su¨¢rez, con anterioridad incluso a las elecciones legislativas de 1977, afront¨® algunas situaciones urgentes a trav¨¦s de una regulaci¨®n indispensable del derecho de huelga y de la libertad sindical. Posteriormente, la reforma proclam¨® el reconocimiento de los derechos de los agentes sociales y precis¨® sus obligaciones. El Estatuto de los Trabajadores, una ley principialista y equilibrada, fue una pieza normativa esencial de esta reforma.

Es cierto que las normas fiscales y laborales son siempre objeto de modificaci¨®n, dada su utilizaci¨®n al servicio de objetivos de pol¨ªtica econ¨®mica siempre cambiantes. Pero esto no ha impedido que sus principios, estructura y aspectos b¨¢sicos hayan llegado hasta nuestros d¨ªas con utilidad para gobiernos de distinto color pol¨ªtico en los ¨²ltimos treinta a?os.

En resumen, como se ha dicho, Adolfo Su¨¢rez apoy¨® decididamente las dos grandes reformas pendientes en Espa?a que ten¨ªan un contenido social indudable. Lo hizo con eficacia, de manera que su entrada en vigor fue inmediata a partir del primer Gobierno democr¨¢tico y de aprobaci¨®n de la Constituci¨®n.

Todo ello hace que su figura transcienda el consenso y encaje m¨¢s adecuadamente en la labor de un reformador oportuno y eficaz.

Rafael Calvo Ortega fue ministro en dos Gobiernos de Su¨¢rez y Secretario General de UCD.