Dos comunidades del PP legislan para contrarrestar la reforma local
Otras seis autonom¨ªas presentar¨¢n recursos de inconstitucionalidad
Primero fueron los alcaldes y ahora son las comunidades aut¨®nomas las que dan el paso para contener el desbarajuste que ha provocado la reforma municipal. La ley, que aspiraba a convertirse en una de las de mayor calado del PP en esta legislatura, ha sembrado incendios hasta en las autonom¨ªas gobernadas por el partido conservador, aunque formalmente los parches se presentan como lecturas ¡°positivas¡± de la reforma para evitar recursos de inconstitucionalidad de Gobiernos amigos.
La Xunta de Galicia tiene un proyecto para devolver competencias
Galicia y Castilla y Le¨®n han aprobado reformas urgentes para intentar proteger sus competencias estatutarias sobre sus municipios. Ayer, el Consejo de Gobierno castellanoleon¨¦s anunci¨® un decreto ley para ¡°garantizar la continuidad de los servicios p¨²blicos¡±, en los 2.248 Ayuntamientos y m¨¢s de 2.000 entidades locales menores de su territorio. El consejero de Presidencia, Jos¨¦ Antonio de Santiago-Ju¨¢rez, recuerda que la suya fue la comunidad del PP ¡°m¨¢s cr¨ªtica¡± durante la tramitaci¨®n de la norma y admite que era necesario legislar para evitar ¡°resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos¡±, especialmente en materias como la educaci¨®n, donde los Ayuntamientos dejan de hacerse cargo de escuelas infantiles. Pero niega que se trate de enmendar la norma estatal: ¡°Es una ley compleja, el propio Gobierno central ha elaborado una gu¨ªa aclaratoria. Despu¨¦s de estudiarla detenidamente, hemos hecho una lectura constitucional, estatutaria y por tanto municipalista. Esta lectura nos ha llevado a aprobar una norma con medidas urgentes para garantizar los servicios p¨²blicos¡±, asegura Santiago-Ju¨¢rez.
En su opini¨®n, ¡°la norma no vac¨ªa de competencias los municipios porque el Estado solo fija las competencias m¨ªnimas, no m¨¢ximas¡±. Esta interpretaci¨®n extensiva que casi ning¨²n partido pol¨ªtico comparte le da pie para asegurar que, en materia de educaci¨®n, salud y servicios sociales, los alcaldes podr¨¢n seguir ofreciendo servicios ¡°en tanto no hayan sido asumidos por parte de la Comunidad de Castilla y Le¨®n¡±. Desde la oposici¨®n, el diputado en las Cortes Francisco Ramos (PSOE) aplaude la iniciativa del Gobierno de Juan Vicente Herrera y califica el decreto ley como ¡°defensivo¡± para ¡°minimizar los graves da?os que est¨¢ provocando la ley¡±.
Con el texto en la mano, secretarios e interventores municipales tienen muy dif¨ªcil autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera instituci¨®n a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. ¡°Los problemas se est¨¢n dando, los alcaldes est¨¢n perplejos porque esta norma no se sostiene por ninguna parte¡±, insiste Ramos, que adem¨¢s de diputado es funcionario municipal.
Castilla y Le¨®n esquiva la norma del Gobierno por decreto ley
En Galicia, la Xunta presidida por Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) tambi¨¦n ha aprobado un anteproyecto de ley para devolver a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en pol¨ªtica social que les arrebata la reforma y evitar as¨ª un caos en la prestaci¨®n de los servicios a partir de enero de 2016, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias. El Gobierno gallego no oculta su irritaci¨®n con las decisiones de Madrid tras la amenaza de rebeli¨®n de sus propios alcaldes (la mayor¨ªa del PP). Esa irritaci¨®n se refuerza con el hecho de que los municipios han conseguido embridar sus deudas y han cerrado por segundo a?o consecutivo con super¨¢vit.
La contestaci¨®n parlamentaria a la ley apadrinada por el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, continuar¨¢ hoy con la presentaci¨®n, por parte de la mayor¨ªa de los grupos representados en el Congreso de un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Se suma al que el pasado s¨¢bado tramitaron m¨¢s de 2.000 municipios de toda Espa?a y a los que est¨¢n tramitando seis comunidades aut¨®nomas: Andaluc¨ªa, Catalu?a, Canarias, Asturias, Extremadura y Navarra.
Andaluc¨ªa recurre 23 art¨ªculos de la norma en el Constitucional
Andaluc¨ªa ha sido la primera comunidad aut¨®noma en recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma local. La Junta cuestiona un listado de 23 art¨ªculos, como la imposici¨®n de medidas a los Ayuntamientos que no sean financieramente sostenibles; el r¨¦gimen de fusiones entre dos municipios; el "desapoderamiento" de los plenos para aprobar los presupuestos o la atribuci¨®n de un mayor poder a las diputaciones provinciales a la hora de coordinar los servicios b¨¢sicos de los pueblos de menos de 20.000 habitantes.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones), la ley puede costar a las arcas p¨²blicas solo en esa comunidad 600 millones. La objeci¨®n jur¨ªdica principal, explica Valderas, se centra en ¡°la invasi¨®n de competencias auton¨®micas¡±. El Estatuto andaluz determina que es la autonom¨ªa quien tiene ¡°competencias exclusivas¡±, en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, ¡°quedar¨ªan pr¨¢cticamente derogadas¡±, seg¨²n Valderas.
¡°El Estatuto es una norma b¨¢sica y esta ley ha nacido con la oposici¨®n de la pr¨¢ctica totalidad del arco parlamentario. Pol¨ªticamente nace ag¨®nica. No alcanzar¨¢ sus objetivos¡±, pronostica, y advierte de que tres meses despu¨¦s de su entrada en vigor ¡°ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicaci¨®n¡±. Valderas, que ha acudido personalmente a Madrid para entregar en el registro del TC el recurso, pide a los magistrados que ¡°resuelvan cuanto antes¡±, la impugnaci¨®n, ya que legalmente no pueden ordenar una paralizaci¨®n cautelar de los art¨ªculos en discordia.
Tras este recurso est¨¢ previsto que el resto de comunidades donde no gobierna el PP (Catalu?a, Canarias y Asturias) presenten los suyos. Tambi¨¦n lo har¨¢n dos Parlamentos auton¨®micos donde los populares est¨¢n en minor¨ªa: Extremadura y Navarra. En la comunidad gobernada por Yolanda Barcina en minor¨ªa (con 19 esca?os de 50), ayer se anunci¨® un acuerdo propuesto por los socialistas del PSN con el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra, para impugnar la norma con los votos en contra de UPN y PP. De nada le ha servido a UPN negociar con el PP en el Congreso de los Diputados una disposici¨®n adicional contenida en la ley que minimiza el impacto en la comunidad foral.
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