Distintas soluciones jur¨ªdicas para la misma norma

La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que limita hasta el m¨ªnimo la justicia universal ordena en su disposici¨®n final el sobreseimiento de todas aquellas causas de justicia extraterritorial abiertas y que no encajen en los criterios restrictivos de la nueva norma. Los jueces de la Audiencia Nacional han rechazado el archivo autom¨¢tico que se desprende de la literalidad del texto, aunque las soluciones aplicadas por cada uno de ellos son variadas.

?? ¡®Caso Couso¡¯. El juez Santiago Pedraz ha sido el que m¨¢s resistencias ha opuesto a la nueva ley. En el caso Couso, sobre la muerte del c¨¢mara de Telecinco en la guerra de Irak en 2003 por disparos de soldados estadounidenses, Pedraz ha rechazado aplicar la ley, a la que reprocha ¡°lagunas evidentes¡±, y se ha negado a cerrar el sumario para elevarlo a la Sala de lo Penal, ¨®rgano superior, como le pide la fiscal¨ªa. El magistrado considera que sobre la ley espa?ola prevalece el IV Convenio de Ginebra sobre personal civil en tiempo de guerra.

?? ¡®Caso T¨ªbet¡¯. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha preguntado a la fiscal¨ªa si debe archivar las causas de justicia universal que se investigan en su juzgado, entre ellas la abierta contra los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin por el genocidio en el T¨ªbet. Este sumario est¨¢ en la ra¨ªz de las presiones diplom¨¢ticas del gigante asi¨¢tico que llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy a promover la reforma legal para limitar hasta el extremo la justicia universal.

?? Casos Ruanda / Irak. El juez Fernando Andreu dio diez d¨ªas a las partes personadas en el caso Ruanda, sobre el genocidio de la etnia hutu en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000, y en el ataque de soldados iraqu¨ªes contra el campo de refugiados de Ashraf (Irak), para que aleguen ¡°sobre la pertinencia de plantear cuesti¨®n de inconstitucionalidad¡± de la nueva norma.

?? ¡®Caso Ellacur¨ªa¡¯. El magistrado Eloy Velasco sigue adelante con la investigaci¨®n abierta en 2010 por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en noviembre de 1989, y tacha de ¡°il¨®gica¡± la nueva norma limitadora. Velasco considera que la decisi¨®n de comprobar los requisitos de ajuste a la ley corresponde al propio juez instructor y no a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como sostiene la fiscal¨ªa.