El Gobierno ha expulsado desde 2004 a 100 yihadistas por ¡°seguridad nacional¡±

El Gobierno ha expulsado de Espa?a por motivos de ¡°seguridad nacional¡± a un centenar de yihadistas de cinco nacionalidades detenidos y condenados por financiar y colaborar con Al Qaeda y otros grupos salafistas vinculados a la yihad global. A todos ellos se les considera una ¡°amenaza¡± y se les ha prohibido volver a pisar territorio nacional durante un periodo de 10 a?os. Ninguno ha regresado.

La pol¨ªtica de expulsiones, gota a gota y en silencio, se inici¨® tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en cuatro trenes de Cercan¨ªas de Madrid. Pretende alejar de Espa?a a personas consideradas ¡°muy peligrosas¡± y prevenir nuevos ataques y atentados, seg¨²n asegura una fuente autorizada del Ministerio del Interior. Solo en 2013 y 2014 se ha expulsado a 29 personas vinculadas a Al Qaeda.

Los yihadistas expulsados son marroqu¨ªes, argelinos, sirios, tunecinos y paquistan¨ªes que viv¨ªan en Espa?a, algunos casados con espa?olas. Han sido conducidos a un avi¨®n y trasladados a sus pa¨ªses de origen tras cumplir su sentencia o archivarse su causa. ¡°No hay constancia de que ning¨²n expulsado por terrorismo yihadista haya regresado¡±, afirman fuentes del Gobierno.

Tambi¨¦n se han producido expulsiones por sustituci¨®n de penas de prisi¨®n. En esta modalidad, los reclusos han aceptado abandonar el pa¨ªs a cambio de dejar de cumplir una parte de su condena. ¡°Preferimos que se vayan a miles de kil¨®metros a que sigan aqu¨ª perge?ando cosas nada buenas¡±, asegura un juez de la Audiencia Nacional. El C¨®digo Penal establece que las condenas de menos de seis a?os se pueden sustituir por la expulsi¨®n cuando el recluso ha cumplido las dos terceras partes de su pena. Otro grupo menos numeroso ha salido de Espa?a al ser objeto de una petici¨®n de extradici¨®n.

La ley sobre libre circulaci¨®n y residencia en Espa?a de ciudadanos de la UE y de otros Estados establece que cuando la expulsi¨®n se adopte por razones de orden p¨²blico o de seguridad ciudadana deber¨¢ estar basada en la conducta personal y constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave. El Gobierno y los jueces apoyan sus decisiones en informes del Centro Nacional de Inteligencia o del Centro de Inteligencia y An¨¢lisis de Riesgos de la polic¨ªa.

Las expulsiones se producen no s¨®lo en los casos en los que el yihadista ha cumplido su condena. Tambi¨¦n hay casos en los que los jueces acuerdan un sobreseimiento provisional, pero el yihadista permanece en Espa?a de manera irregular y se le ha incoado un procedimiento de expulsi¨®n por la Delegaci¨®n del Gobierno.

Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y responsable de las investigaciones sobre terrorismo yihadista, explica por qu¨¦ la fiscal¨ªa apoya, en ocasiones muy concretas, las peticiones de expulsi¨®n: ¡°Como pol¨ªtica preventiva no estoy de acuerdo. Como respuesta a una actividad que puede conllevar un peligro para la seguridad nacional s¨ª estoy a favor. Hay casos en los que no logramos las pruebas, pero s¨ª los indicios de que una persona mantiene una actividad que puede ser peligrosa. Intentamos establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales y esta medida tan severa. Lo valoramos con mucho cuidado y apoyamos la expulsi¨®n solo si hay un procedimiento administrativo y concurren determinadas circunstancias¡±.

Interior es taxativo en su defensa de las expulsiones. ¡°Si despu¨¦s de cumplir condena no se les expulsara cabe el riesgo de que vuelva a su actividad terrorista anterior, posiblemente m¨¢s radicalizado y adoptando medidas de seguridad lo que dificultar¨ªa su posterior control en el supuesto de que se reintegrara en una organizaci¨®n terrorista¡±, explica la fuente.

Sobre los yihadistas que quedan en libertad por falta de pruebas el funcionario de Interior a?ade: ¡°Son controlados por las fuerzas de seguridad que comprueban c¨®mo llevan a cabo una serie de actuaciones que muchas veces son dif¨ªciles de encuadrar en una modalidad delictiva: recaudan dinero, lo env¨ªan al exterior, hacen proselitismo, reclutan adeptos, pero pese a ello es complicado obtener los elementos probatorios para conseguir una condena. Si estos hechos se prolongan en el tiempo, el grupo cada vez es m¨¢s fuerte y la situaci¨®n ir¨¢ a peor cuanto m¨¢s perdure¡±.

Los tr¨¢mites de expulsi¨®n pueden durar a?os. Mohamed Needl, sirio de 48 a?os, casado con Nayat, una ceut¨ª due?a de la casa de Morata de Taju?a donde los terroristas montaron las bombas que explotaron en Atocha, teme su expulsi¨®n. Es padre de cinco hijos espa?oles, vive aqu¨ª desde hace 20 a?os y dirig¨ªa una empresa de reformas. Cumpli¨® ocho a?os de prisi¨®n por pertenencia a una c¨¦lula yihadista de sirios a la que se vincul¨® con el 11-S. Ahora, el juez le considera ¡°un individuo altamente peligroso¡± para la seguridad nacional. ¡°No s¨¦ que va a ocurrir. Sobrevivimos sin ayudas. Mis hijos est¨¢n integrados. Enviarme a Siria es mandarme a la muerte¡±, asegura Needl. ¡°Hemos pedido la suspensi¨®n¡±, dice su abogado, Jos¨¦ Luis Abascal. Interior responde que en los casos de personas expulsadas a pa¨ªses donde no se respetan los derechos humanos ¡°siempre tienen la opci¨®n de solicitar el asilo¡±.

La expulsi¨®n de Nouh Mediouni, un argelino de 24 a?os que viv¨ªa en Zaragoza, fue inmediata pese a que el juez Santiago Pedraz sobresey¨® su causa. El joven manifest¨® en su cuenta de Facebook su deseo de convertirse en m¨¢rtir de la yihad e intent¨®, sin conseguirlo, integrarse en una c¨¦lula de Al Qaeda en el Magreb Isl¨¢mico.