El CGPJ debate dividido su postura sobre la reforma de la ley aborto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatir¨¢ hoy en un pleno monogr¨¢fico los dos informes sobre el anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n del Concebido y los Derechos de la Embarazada que encarg¨® a la conservadora Carmen Llombart y a la progresista Pilar Sep¨²lveda, as¨ª como las alegaciones que cuatro vocales han presentado a los mismos.

El objetivo, definir la postura que el ¨®rgano consultivo trasladar¨¢ al Gobierno sobre la reforma.

Aunque en algunos aspectos ambos informes son diametralmente opuestos, ¡ªSep¨²lveda pide directamente la retirada de la reforma mientras Llombart, recomienda cambios puntuales¡ª, hay asuntos en los que ambas vocales coinciden: apuestan por despenalizar el aborto eugen¨¦sico y desligarlo del da?o psicol¨®gico a la madre y piden simplificar los tr¨¢mites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

El previsible respaldo al informe de Llombart por parte de los once vocales designados por el PP, que integran el sector mayoritario en el Consejo, podr¨ªa hacer pensar a priori en que este ser¨¢ el texto que finalmente si apruebe. No obstante, hay que tener en cuenta el juego que pueden dar las alegaciones presentadas a los dos dict¨¢menes, cuya inclusi¨®n tambi¨¦n ser¨¢ sometida a debate.

El texto que llegar¨¢ al Ministerio de Justicia debe ser aprobado por mayor¨ªa simple de los 21 miembros del Pleno, que est¨¢ integrado por los veinte vocales (11 designados a propuesta del PP, 6 por el PSOE y el resto a instancias de IU, PNV y CiU), adem¨¢s del presidente, Carlos Lesmes.

La actual Ley no tuvo informe

El CGPJ tratar¨¢ de que en esta ocasi¨®n no se llegue a lo que ocurri¨® en julio de 2009 cuando el CGPJ fue incapaz de sacar adelante su informe sobre la actual Ley del aborto al no lograr ninguno de los dos textos presentados la mayor¨ªa suficiente para ser aprobados. Fue la primera vez que una iniciativa legislativa del Gobierno no pudo ser informada por este ¨®rgano consultivo.

En relaci¨®n con la ley auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, los dos textos que se estudiar¨¢n hoy coinciden al afirmar que si el feto es incompatible con la vida no hay conflicto de intereses, pues "el concebido en estas condiciones no podr¨ªa ostentar la condici¨®n de nasciturus" ni, por tanto, acogerse a la protecci¨®n constitucional que ¨¦stos tienen.

Adem¨¢s, la vocal conservadora razona que deber¨ªa darse por sentado que el conocimiento de la inviabilidad fetal causar¨¢ dolor a la madre, en lugar de imponer a la mujer "una carga m¨¢s" al exigirle que pruebe el da?o psicol¨®gico que padecer¨¢ por parir un ni?o inviable.

Voto en contra de despenalizar la eugenesia

El voto particular presentado por la vocal Nuria D¨ªaz al informe de Llombart es discrepante con este punto y afirma, citando al Comit¨¦ de Bio¨¦tica, que la despenalizaci¨®n del aborto por anomal¨ªa fetal "es una norma discriminatoria que atenta contra la Constituci¨®n espa?ola y contra la Convenci¨®n de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpet¨²a el enfoque inadmisible de la discapacidad".

Esta alegaci¨®n, cuya incorporaci¨®n al informe ser¨¢ tambi¨¦n sometida a votaci¨®n, dice que despenalizar la eugenesia desligada del efecto en la madre o de la inviabilidad del feto, permiti¨¦ndolo ante taras f¨ªsicas o ps¨ªquicas, le deja "completamente desprotegido y supone una violaci¨®n de los compromisos internacionales del Reino de Espa?a en materia de protecci¨®n de la discapacidad".

El otro gran punto de acuerdo entre los dos informes del CGPJ es la "desproporci¨®n" de los tr¨¢mites dise?ados por el Ministerio de Justicia para que la gestante aborte legalmente. Tanto Llombart como Sep¨²lveda consideran que exigir dos informes probatorios del da?o psicol¨®gico emitidos por m¨¦dicos distintos a los que practican el aborto y que no trabajen en el centro sanitario donde se realice, es excesivo.

"Parece suficiente con el informe emitido por dos m¨¦dicos, distintos del que practique la intervenci¨®n, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro o establecimiento m¨¦dico en que se realizar¨¢ la interrupci¨®n del embarazo", dice Llombart, para advertir de que la circunstancia "se agrava singularmente en el caso del peligro grave para la salud ps¨ªquica de la mujer por anomal¨ªa fetal incompatible con la vida".

Sep¨²lveda apunta que esta exigencia es "desproporcionada al fin perseguido", y advierte de que los informes "pueden convertirse en un tr¨¢mite gravoso y oneroso, incluso econ¨®micamente, con consecuencias en las mujeres en peores circunstancias socioecon¨®micas que incluso imposibilite que puedan acogerse a la previsi¨®n legal aunque se encuentren en el supuesto de hecho".

Retirar o no retirar la reforma

El informe de la vocal conservadora no pide directamente la retirada del anteproyecto, aunque expone deficiencias tanto en la redacci¨®n como en el contenido, como que "se echa en falta que no contenga una pol¨ªtica general, integral de protecci¨®n de la maternidad". El de la progresista, sin embargo, es taxativo: recomienda dar marcha atr¨¢s "en pura oportunidad y prudencia jur¨ªdica y pol¨ªtica" en espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley ahora vigente.

En este sentido van los votos particulares que Merc¨¨ Pigem y Enrique Lucas, por un lado, y Fernando Grande-Marlaska, por otro, han presentado al informe de Sep¨²lveda. Todos recomiendan al Gobierno que espere al Constitucional, por tratarse de una materia sensible y por una cuesti¨®n de seguridad jur¨ªdica.

"Como nos encontramos ante la regulaci¨®n de una materia donde los valores que conforman la ¨¦tica c¨ªvica (de m¨ªnimos) pueden ser reinterpretados, aun cuando no debiera, por el legislador en extremos de m¨¢ximos, difuminando su alcance, conjug¨¢ndose al d¨ªa de hoy una legislaci¨®n que no consta violenten los mismos (¨¦tica p¨²blica), la ¨²nica forma de garantizar esta ¨²ltima, y espec¨ªficamente el valor de seguridad jur¨ªdica, no ser¨ªa otra que estar al pronunciamiento del TC sobre la Ley Org¨¢nica 2/2010", dice a este respecto Grande-Marlaska.