Mi casero es un fondo de inversi¨®n

Vanesa Fern¨¢ndez ha pasado de tener un casero llamado Estado a uno que se llama Goldman Sachs. El primero era m¨¢s permisivo y aplicaba reducciones en el alquiler para que esta mujer en paro y con un hijo pudiera seguir pagando. El segundo no ha cambiado los t¨¦rminos del contrato pero lo aplica a rajatabla, pues busca la rentabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta mujer est¨¦ con un pie en la calle.

En plena burbuja, comunidades y ayuntamientos compraron terreno a precio muy elevado y dedicaron parte a levantar vivienda protegida. Ahora, con el cors¨¦ impuesto por Hacienda que les obliga a dar beneficios, los han revendido a fondos de inversi¨®n.

Vanesa Fern¨¢ndez, de 35 a?os, tard¨® siete en lograr que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le diera un piso protegido en r¨¦gimen de alquiler. En 2012 se mud¨® al piso, un apartamento de 43 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. Comparte la cama con su hijo de ocho a?os y viven tambi¨¦n con ellos un jilguero y una siamesa que saluda dejando su or¨ªn en la funda del c¨¢mara. Le cobraban 409 euros. Meses despu¨¦s perdi¨® su empleo como limpiadora. Pidi¨® entonces a la Comunidad de Madrid una reducci¨®n de su cuota. Se la concedieron: durante dos a?os, prorrogables, solo tendr¨ªa que pagar 81 euros al mes.

Pero las condiciones han cambiado. Desde octubre, su casero ya no es el Estado, sino Encasa Cibeles, la inmobiliaria de dos fondos de inversi¨®n: el estadounidense Goldman Sachs y el espa?ol Lazora, especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telef¨®nica y del BBVA.

En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del Ivima, 1.860 pisos del Ayuntamiento de la capital y 298 del de Barcelona. Habr¨¢ m¨¢s. La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), con un agujero de 25,8 millones, planea desprenderse de m¨¢s vivienda protegida para cumplir con el cors¨¦ del Ministerio de Hacienda que le obliga a dar beneficios.

Los nuevos propietarios est¨¢n forzados a mantener los contratos de la Comunidad o los Ayuntamientos. El problema es que estos inclu¨ªan cla¨²sulas que muchas veces se aplicaban de forma laxa en funci¨®n de las condiciones econ¨®micas de los inquilinos. Ahora los nuevos due?os las aplican de forma estricta.

Sin la reducci¨®n al alquiler que le daba Madrid, Fern¨¢ndez no puede pagar

Vanesa Fern¨¢ndez, por ejemplo, tendr¨¢ que volver a pagar los 409 euros de alquiler que fijaba su contrato inicial (300 por el piso y 109 por una plaza de garaje que no usa pero que es ilegal alquilar). Pero no puede. Sus ingresos son 150 euros que le pasa su expareja por el ni?o y los 338 euros de la renta m¨ªnima de inserci¨®n. A veces saca 100 euros al mes limpiando, pero no siempre. La reducci¨®n del alquiler que le hab¨ªa concedido la comunidad era su ¨²nica opci¨®n para poder acceder a una vivienda.

Pero la Comunidad de Madrid ya no se hace cargo. Y, cuando Vanesa comunic¨® a Encasa Cibeles que en agosto ten¨ªa que renovar la reducci¨®n de su alquiler, le informaron de que ya no viv¨ªa en suelo p¨²blico, y de que una vez caducada dejaba de tener derecho a esa ayuda (al igual que otras 500 familias). Vive desde entonces atemorizada. ¡°Cuando deje de poder pagar, ?me desahuciar¨¢n?¡±, se pregunta. ¡°?D¨®nde viviremos?¡±. Ha a?adido un cerrojo a la puerta porque teme que alguien intente ocuparla. La mitad de las viviendas de su planta lo est¨¢n.

El mismo miedo que siente Vanesa se ha apoderado de Margarita Ponsa, de 63 a?os. En 2012 la realojaron de la casita baja en la que viv¨ªa en un piso del Ivima. Un d¨ªa Margarita vio c¨®mo cuatro todoterrenos se paraban en la puerta de su vivienda, con vistas a las cuatro torres, y sal¨ªan de ellos varios ejecutivos que clavaban los ojos en su edificio. D¨ªas despu¨¦s recib¨ªa una llamada supuestamente del Ivima en la que le ped¨ªan informaci¨®n de muchos de sus vecinos, lo que la termin¨® de preocupar. D¨ªas despu¨¦s se extendi¨® el rumor de que el edificio hab¨ªa pasado a manos de un fondo de inversi¨®n. Anda desde entonces atemorizada. Solo cobra 426 euros al mes y no le da para pagar su alquiler. Con su reducci¨®n actual, del 60%, se le queda en 100 euros. Lo que no sab¨ªa Margarita, es que la subasta de su edificio qued¨® desierta. Por el momento puede respirar tranquila: su vivienda sigue estando en manos p¨²blicas.

Enrique Villalobos, de la Asociaci¨®n de Vecinos del Ensanche de Vallecas, explica otros problemas que han descubierto los vecinos afectados: ¡°Aunque el contrato inclu¨ªa el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba. Pero Encasa Cibeles ha empezado a hacerlo. Adem¨¢s, est¨¢n subiendo los gastos de comunidad un 15%¡±. La mayor¨ªa de los casos eran contratos de alquiler con opci¨®n de compra y los inquilinos est¨¢n comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, los fondos de inversi¨®n est¨¢n fijando el mayor precio de mercado que permite el contrato para la compra-venta.

Los que eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid tambi¨¦n se quejan. En Carabanchel, los vecinos de una promoci¨®n municipal ven que se acerca agosto y no van a poder comprar la casa como algunos deseaban. El contrato de un tercio de los pisos dice que la Empresa Municipal de la Vivienda ¡°facultativamente¡± se lo ofertar¨¢, pero el negocio de los nuevos due?os ¡ªBlackstone y Magic Real Estate¡ª es alquilar y no abren esa posibilidad. Muchos vecinos han invertido en las casas y se sienten indefensos.

Magic Real Estate afirma que solo va a realizar un desahucio

Miguel O?ate, de Magic Real Estate, afirma que las condiciones de alquiler se mantienen en todos los casos. O?ate asegura que est¨¢n dispuestos a bajar el precio hasta un 25% a quienes contaban con una ayuda social y a llegar a acuerdos con quienes no pueden cumplir. Trescientos vecinos no pagaban; hoy son 50. Tienen 15 okupas y cuatro desahucios pendientes: uno se va a ejecutar pues el inquilino se niega a pagar. Los otros tres los han paralizado mientras el Ayuntamiento busca otro piso a las familias.

Uno de los desahucios paralizados es el de Mari, de 51 a?os, su marido y su hija enferma. En 2012 la familia dej¨® de pagar los casi mil euros de piso (que incluye los gastos de agua y luz) porque ¨¦l, alba?il, se qued¨® en 2009 sin empleo y ella, asistenta, no puede trabajar por problemas de fibromialgia, diabetes y un glaucoma. Ella entiende el desalojo ante el impago, pero no que no se haya rebajado el alquiler de su vivienda social en funci¨®n de su renta, que es de 420 euros mensuales, o que no le hayan cambiado, como pidi¨®, a un piso m¨¢s peque?o. ¡°Vivo aqu¨ª desde 2006. Nadie me ha regalado nada. Tengo fotos con la concejala que subi¨® a mi casa a hacerse fotos para la prensa¡±, cuenta por tel¨¦fono Mari, que quiere preservar el anonimato mientras busca un nuevo piso. En diciembre se enter¨® de que su caso llegaba a los juzgados y se acerc¨® a Magic Real Estate para negociar. ¡°Nos preguntaron de d¨®nde ¨¦ramos. Y nos dijeron que por qu¨¦ no ¨ªbamos pensando en mudarnos a Burgos que es m¨¢s barato¡±, cuenta pasmada. La gestora no ha pedido que ejecuten su desahucio.

En Barcelona, 298 viviendas municipales han pasado a manos de Azora Gesti¨®n, due?a tambi¨¦n de Lazora. Josep Ortiz, representante de los vecinos, explica que, aunque los alquileres se mantienen, los gastos de mantenimiento han subido un 50% y les obligan a alquilar una plaza de garaje. Le preocupa la ¡°indefensi¨®n¡± ante ¡°especuladores que no garantizan que con nuestro dinero se mantenga vivienda protegida¡±.

Muchos vecinos del Ivima est¨¢n empezando a recibir ¨®rdenes de desahucio. Por ellos intermedia la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. ¡°Le pasamos a la Consejer¨ªa los desahucios que nos llegan¡±, dice Villalobos. ¡°Su compromiso es estudiarlos. Hasta ahora se est¨¢n parando. A algunos les presentan un plan de pagos y a otros les ofrecen vivir en barrios o localidades donde la gente no quiere¡±. El Ivima sostiene que no se ha ¡°desvinculado¡± y hace de ¡°mediador¡± para evitar desahucios. Encasa Cibeles declina responder pero asegura que hacen ¡°un gran esfuerzo para ofrecer soluciones a quienes lo necesiten, en colaboraci¨®n con trabajadores sociales y la Administraci¨®n P¨²blica¡±. Hoy Goldman Sachs negocia con empresarios chinos vender sus casas en Legan¨¦s.

El Defensor del Pueblo, que ha pedido m¨¢s informaci¨®n al Ivima, sostiene que los afectados deb¨ªan haber tenido la consideraci¨®n de interesados en la venta de sus viviendas. Estos han creado una asociaci¨®n para unirse a la querella del PSOE contra la directora del Ivima, Ana Gomendia, a la que acusan de vender a un precio irrisorio los pisos y de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Han contratado a los abogados que gan¨® la causa de la Sanidad p¨²blica contra las privatizaciones de Lasquetty, el bufete Liria. Sus honorarios, 30.000 euros, esperan recaudarlos mediante micromecenazgo. ¡°Podr¨ªamos incluso lograr la paralizaci¨®n y retrotraer la venta si el juez la considera fraudulenta¡±, dice Juan Carlos Ant¨®n, abogado del bufete.

Tras la nueva compra, Lazora gestiona m¨¢s de 8.400 viviendas protegidas en alquiler en 13 ciudades. Muchos de sus inquilinos no est¨¢n pudiendo pagar. Carmen, aragonesa, les debe tres meses. Su cuota es de 447 euros. ¡°El alquiler es demasiado alto, no deber¨ªamos pagar tanto de comunidad ni de IBI. Cuando tenemos un problema la chica en Zaragoza dice: ¡®lo hablar¨¦ con Madrid¡±. Loli Cuenca, 38 a?os, de Alicante, aporta otra queja: ¡°Cuando no quieren comunicarse, desaparecen¡±. Lo vivi¨® tras dejar tres meses impagados al morir su padre, con cuya pensi¨®n pagaban el alquiler. ¡°Quisimos pagar pero no hubo forma. Lazora cort¨® la conversaci¨®n¡±. D¨ªas despu¨¦s recibieron su orden de desahucio.