La pol¨ªtica de Baleares, entre rejas

Baleares es la autonom¨ªa con m¨¢s pol¨ªticos encarcelados por corrupci¨®n. Dos s¨ªmbolos del poder en las islas, Maria Antonia Munar (12 a?os presidenta del Consell Insular de Mallorca) y Jaume Matas (siete a?os jefe del Gobierno aut¨®nomo), han acabado entre rejas por su gesti¨®n. Otros 21 cargos p¨²blicos del Consell y la Comunidad han seguido sus pasos (v¨¦ase infograf¨ªa).

La corrupci¨®n ha salpicado a todas las administraciones p¨²blicas de Baleares: ayuntamientos, el Consell Insular de Mallorca y la Comunidad aut¨®noma. Y de manera especial a Uni¨® Mallorquina y Partido Popular, las dos formaciones pol¨ªticas que durante m¨¢s tiempo han ocupado los principales espacios de poder en las islas.

Muchos de los condenados de estos dos partidos pol¨ªticos ten¨ªan protecci¨®n jur¨ªdica especial por ser miembros del Gobierno o diputados auton¨®micos. Pero en Baleares el r¨¦gimen de aforamiento es distinto al del resto de comunidades aut¨®nomas desde que, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia interpret¨® en un pronunciamiento el Estatuto de Autonom¨ªa vigente y permiti¨® que jueces ordinarios de instrucci¨®n investigar¨¢n la corrupci¨®n de la clase pol¨ªtica.

El estatuto auton¨®mico se?alaba que gobernantes y parlamentarios ten¨ªan la protecci¨®n jur¨ªdica especial ¡ªs¨®lo pod¨ªan ser encausados por el Tribunal Superior de Justicia¡ª ¡°para la inculpaci¨®n, la prisi¨®n, el procesamiento y el juicio¡±. Los magistrados interpretaron el Estatuto y establecieron que cualquier juez podr¨ªa ¡°incoar una causa penal contra los aforados, iniciar la instrucci¨®n y citar como imputados¡± a los pol¨ªticos.

¡°Si agotadas las investigaciones¡±, se?alaban los magistrados, ¡°considerase procedente alguna actuaci¨®n que implique inculpaci¨®n, prisi¨®n, procesamiento o juicio respecto de alguna persona imputada cuya calidad de aforada haya sido debidamente acreditada, se inhibir¨¢ y elevar¨¢ una exposici¨®n razonada¡± al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Con esta premisa, muchas de las causas de corrupci¨®n investigadas en Baleares han correspondido a juzgados de instrucci¨®n ordinarios que han acumulado indicios contra los corruptos hasta dejarlos a las puertas del Tribunal Superior y del juicio, donde finalmente fueron condenados.

En 2009, diversos jueces hab¨ªan imputado en causas por corrupci¨®n a media docena de diputados y consejeros en activo. El parlamento balear debati¨® entonces esta circunstancia y acept¨® la interpretaci¨®n que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hac¨ªa del r¨¦gimen de aforamiento previsto en el Estatuto. En otras autonom¨ªas, cuando se presenta una querella contra un diputado regional o miembro de un Gobierno, autom¨¢ticamente la causa tiene que ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia que corresponda.

En causas donde durante el curso de la instrucci¨®n aparecen indicios contra pol¨ªticos auton¨®micos o miembros de Gobiernos regionales, el juez ordinario se inhibe y remite la causa a la instancia superior.

As¨ª ocurri¨® con el caso G¨¹rtel. El juez Baltasar Garz¨®n tuvo que dejar la causa y la remiti¨® a Tribunales Superiores de Justicia porque hab¨ªa diputados auton¨®micos implicados de Madrid, Castilla y Le¨®n y Comunidad Valenciana.

El cobro de comisiones ilegales por gestiones urban¨ªsticas que suponen prevaricaci¨®n, el tr¨¢fico de influencias, la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos o la falsedad documental aparecen en muchos de los procesos judiciales de Baleares que han concluido con graves condenas de c¨¢rcel para cargos p¨²blicos.

Desde la presidencia de las instituciones investigadas (Comunidad, Consell y ayuntamientos) hasta los principales departamentos de gesti¨®n pol¨ªtica (Turismo, Comercio, Econom¨ªa, Ordenaci¨®n del Territorio) se han visto salpicados por los esc¨¢ndalos.

En algunos procesos, la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n logr¨® durante la investigaci¨®n la confesi¨®n de pol¨ªticos imputados, que vieron rebajadas sus penas como consecuencia de su arrepentimiento.

La cifra de cargos p¨²blicos encarcelados y el n¨²mero de causas abiertas por corrupci¨®n ¡ªs¨®lo el caso Palma Arena tiene 26 piezas distintas, la mayor¨ªa pendientes de juicio¡ª no tiene comparaci¨®n con el resto de comunidades aut¨®nomas.