Un juez censura a Hacienda por amnistiar evasores de la ¡®lista Falciani¡¯

Si hubieran actuado los inspectores, muchos de ellos habr¨ªan tenido que afrontar penas de prisi¨®n. Pero el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero decidi¨® cobrar en lugar de castigar. El anterior ejecutivo, al encontrarse en 2010 con los nombres de los 659 grandes defraudadores de la lista Falciani decidi¨® no abrirles una inspecci¨®n fiscal ¡ªel proceso habitual al encontrarse pruebas de fraude¡ª y dar a su inmensa mayor¨ªa un plazo para que pagaran sus deudas. El resultado es que, gran parte de los defraudadores sospechosos de haber cometido un delito fiscal al haber ocultado millones de euros en el HSBC de Ginebra fueron autom¨¢ticamente absueltos tras regularizar su situaci¨®n. Esa amnist¨ªa encubierta ha sido censurada ahora por un juez de Barcelona que considera que esa decisi¨®n tuvo un ¡°dudoso soporte jur¨ªdico¡± y dej¨® sin castigo ¡°la conducta defraudatoria de las rentas m¨¢s altas¡±.

Protesta de los inspectores, querella de los t¨¦cnicos

La oportunidad de regularizar evitando una sanci¨®n penal dada por el Gobierno a los defraudadores de la lista Falciani provoc¨® airadas protestas del cuerpo de inspectores de Hacienda y de los t¨¦cnicos de la Agencia Tributaria que consideraron la decisi¨®n del Ejecutivo una "amnist¨ªa encubierta" y un "escandaloso trato de favor".

Al conocerse el proceder ante los defraudadores del HSBC, la Organizaci¨®n Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) lo calific¨® de ¡°escandaloso, injusto y probablemente ineficaz¡±. Los inspectores afirmaron que esa segunda oportunidad era un ¡°escandaloso privilegio¡± para esos evasores. ¡°A los dem¨¢s contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularizaci¨®n, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley¡±, afirm¨® la organizaci¨®n. Para IHE, la actuaci¨®n de Hacienda se asemejaba a una ¡°amnist¨ªa fiscal¡± porque a los defraudadores ¡°se les permiten regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la informaci¨®n de que dispone la administraci¨®n tributaria¡±.

M¨¢s dr¨¢stico a¨²n fue el sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda (Gestha), que en febrero de 2013 present¨® una querella por prevaricaci¨®n contra Juan Manuel L¨®pez Carbajo (exdirector de la agencia), Mar¨ªa Dolores Bustamante (exdirectora del departamento de Gesti¨®n Tributaria de ese ¨®rgano) y Carlos Cervantes (exdirector del departamento de Inspecci¨®n).

Gestha les acusa de "dejar impunes los presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica que los defraudadores [de la lista Falciani] hubieran podido cometer, impidiendo con su conducta que tales infracciones pudieran ser alg¨²n d¨ªa penadas", seg¨²n el texto de la querella. "Los querellados promovieron una actuaci¨®n contraria a la que ten¨ªan encomendada de forma expresa, que no era otra que iniciar una inspecci¨®n fiscal y remitir los expedientes al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial", a?ade el escrito.

La querella fue archivada por el juzgado de Madrid al que correspondi¨®, pero la decisi¨®n fue recurrida a la Audiencia Provincial. Tres de sus magistrados tienen previsto reexaminar el caso el pr¨®ximo enero.

El titular del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, Jos¨¦ Alberto Coloma, hace esas consideraciones en la sentencia por la que conden¨® a tres meses de prisi¨®n y 34.448 euros de multa al empresario de log¨ªstica y transporte mar¨ªtimo Rogelio Mestre. El acusado bas¨® su defensa en que, a diferencia de a otros defraudadores de la lista, Hacienda no le hab¨ªa hecho llegar el requerimiento de pago. El empresario aseguraba que, de haberlo recibido, hubiera satisfecho su deuda y habr¨ªa evitado el proceso y la condena por un delito contra la Hacienda P¨²blica.

El magistrado rechaz¨® el argumento de Mestre al afirmar que el propio HSBC, al conocer que Falciani hab¨ªa filtrado los datos de 130.000 cuentras, le hab¨ªa avisado que la suya estaba entre estas. Pero al hacerlo, el juez aprovech¨® para cargar contra la pol¨¦mica decisi¨®n de Hacienda. Seg¨²n la sentencia, tras recibir la lista Falciani de las autoridades francesas, ¡°nada imped¨ªa legalmente a la administraci¨®n tributaria iniciar una inspecci¨®n en cualquier momento¡±, algo que, asegura el juez, era adem¨¢s ¡°su deber¡±.

La decisi¨®n de permitir a estos grandes defraudadores regularizar sin condena ¡°obedec¨ªa a una decisi¨®n de pol¨ªtica fiscal de dudoso soporte jur¨ªdico ya que solo por ley pod¨ªan haberse excluido responsabilidades tributarias¡±, mantiene el magistrado. La resoluci¨®n sostiene, adem¨¢s, que dicha decisi¨®n pol¨ªtica adoptada por el Gobierno socialista se tom¨® ¡°en contra del principio de capacidad econ¨®mica¡± de los presuntos evasores y que, con su aplicaci¨®n, se dej¨® de sancionar ¡°la conducta defraudatoria de las rentas m¨¢s altas¡±.

El procedimiento seguido por Hacienda, que ahora censura el juez, se recoge en el Reglamento General de Gesti¨®n e Inspecci¨®n Tributaria. Est¨¢ previsto para casos en los que Hacienda no tiene constancia de datos concretos que le permitan abrir un expediente de inspecci¨®n, seg¨²n inspectores consultados por este peri¨®dico. Su uso habitual es el de reclamar declaraciones a personas obligadas a presentarlas que, por descuido o desconocimiento, no lo han hecho. En el caso de la lista Falciani, Hacienda justific¨® su uso por las dudas sobre la validez de la informaci¨®n facilitada por el exinform¨¢tico del HSBC y la posibilidad de que los jueces consideraran que ten¨ªa un origen il¨ªcito al haber sido sustra¨ªda. Otra de las razones que dio fue la necesidad de interrumpir el plazo de prescripci¨®n de las deudas de los defraudadores, algo que tambi¨¦n podr¨ªa haberse conseguido abri¨¦ndoles inspecci¨®n.

De los 659 nombres de la lista, Hacienda consigui¨® enviar el requerimiento que les permit¨ªa regularizar a 558, seg¨²n declar¨® el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Oca?a en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de octubre de 2010. Las deudas de los restantes evasores (101) prescribieron. De todos los notificados, 306 se acogieron a la segunda oportunidad que les daba la Agencia Tributaria y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso un recargo. Pero al final, Hacienda abri¨® inspecci¨®n a 545 de los nombres de la lista (el 97% del total): a los que no atendieron el requerimiento y a los que dieron explicaciones que no se consideraron satisfactorias. El hecho de que pr¨¢cticamente a todos se les acabara abriendo una inspecci¨®n indica la ineficacia del supuesto trato de favor concedido a estos presuntos defraudadores. En cualquier caso, la mayor¨ªa evit¨® la condena por delito fiscal al considerarse sus deudas regularizadas.

Entre las personas que se beneficiaron de esa decisi¨®n gubernamental se encontraba el banquero ya fallecido Emilio Bot¨ªn, as¨ª como su hija Ana Patricia, actual presidenta del Santander, y otros diez miembros de su familia. Anticorrupci¨®n present¨® denuncia contra ellos en la Audiencia Nacional, pero el caso se archiv¨® despu¨¦s de que Hacienda comprobara que hab¨ªan abonado los cerca de 200 millones que deb¨ªan.

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