Prisiones sanciona a un funcionario por grabar al testaferro de D¨ªaz Ferr¨¢n

Un funcionario de la c¨¢rcel de Estremera (Madrid) fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 16 de octubre por intentar enviar a la Audiencia Nacional una grabaci¨®n subrepticia sobre corrupci¨®n que ¨¦l mismo hizo, dentro de la prisi¨®n, a ?ngel de Cabo, acusado de actuar en connivencia con el expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n para desmantelar las empresas del grupo Marsans. En las grabaciones, De Cabo narra supuestos casos de corrupci¨®n que implican a jueces, pol¨ªticos y banqueros.

El funcionario, que trabajaba como educador en el m¨®dulo 11 de la prisi¨®n, remiti¨® el pasado 16 de septiembre a la Secretar¨ªa General de Asuntos Penitenciarios, que dirige ?ngel Yuste, un pen drive que contiene varias horas de conversaciones entre ¨¦l y De Cabo. Este ¨²ltimo, ignorante de que estaba siendo grabado, parece sincerarse con el funcionario y describe supuestas tramas corruptas en las que implica a jueces, altos cargos del PP y a un conocido exbanquero.

La intenci¨®n del funcionario, cuyo identidad se corresponde con las iniciales de H. O. S., era que la grabaci¨®n fuese remitida por Prisiones a los jueces de la Audiencia Nacional para que estos valorasen e investigasen su contenido por tener relaci¨®n con causas abiertas en la actualidad en este ¨®rgano judicial. Aparte de las propias manifestaciones de De Cabo, el funcionario adjunt¨® tambi¨¦n un croquis dibujado por el empresario en el que detalla supuestos delitos de blanqueo de capitales, pactos judiciales y cr¨¦ditos irregulares que atribuye a jueces y altos cargos de la pol¨ªtica nacional. La grabaci¨®n se efectu¨® en diferentes d¨ªas del pasado marzo, cuando De Cabo cumpl¨ªa prisi¨®n preventiva en la c¨¢rcel de Estremera por el caso Marsans. A trav¨¦s de su abogado, De Cabo se ha desentendido de la citada grabaci¨®n sin precisar si es o no cierto su contenido.

El trabajador dice que los jueces han aceptado otras veces sus grabaciones

El funcionario aporta asimismo una petici¨®n de permiso manuscrita por de De Cabo con la que trata de acreditar que, tambi¨¦n el croquis, es obra del hombre que ayud¨® a D¨ªaz Ferr¨¢n a ocultar de los juzgados mercantiles gran parte de su patrimonio para esquivar las deudas contra¨ªdas con los trabajadores de Marsans y numerosos acreedores hosteleros. D¨ªaz Ferr¨¢n lleva dos a?os en la c¨¢rcel, mientras que De Cabo est¨¢ en libertad bajo fianza.

La grabaci¨®n efectuada por el funcionario, suspendido de empleo y sueldo, dura casi dos horas. La envi¨® el pasado 16 de septiembre y no obtuvo respuesta de Prisiones hasta el pasado 2 de octubre, cuando varios inspectores se trasladaron a Estremera para interrogarle. Le telefonearon a casa urgentemente y, seg¨²n cuenta el trabajador en un escrito, le retuvieron todo el d¨ªa. Fue un encuentro muy tenso.

El funcionario tambi¨¦n trat¨® de grabar su interrogatorio, pero no se lo permitieron e incluso trataron de ¡°arrebatarle por la fuerza¡± el bol¨ªgrafo grabador que portaba. Por este motivo, requiri¨® la presencia de los guardias civiles de la c¨¢rcel para que levantasen un atestado de lo sucedido.

El d¨ªa anterior al interrogatorio, EL PA?S se hab¨ªa puesto en contacto con Prisiones para preguntar por el destino dado a la grabaci¨®n. La secretar¨ªa general afirm¨® que ¡°no quiere decir nada¡± sobre este asunto, al pregunt¨¢rsele si la grabaci¨®n, como ped¨ªa el funcionario, hab¨ªa sido remitida por Yuste a los jueces.

En el expediente sancionador del funcionario de Prisiones se justifica la suspensi¨®n del trabajador en la ilegalidad de la grabaci¨®n y en el hecho de que tratara de grabar a los inspectores y a los superiores que le interrogaron.

Tras la suspensi¨®n, el funcionario decidi¨® remitir el pen drivey el croquis a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, para que esta determine la legalidad de la grabaci¨®n y, sobre todo, juzgue si deben investigarse las graves acusaciones a jueces, pol¨ªticos y banqueros que vierte Del Cabo en esas dos horas de conversaci¨®n. El funcionario asegura en sus escritos a Prisiones posteriores a su suspensi¨®n que, en ocasiones anteriores, ha grabado a internos a petici¨®n de responsables penitenciarios, que saben de sus grabaciones a diferentes internos desde 2009, y que adem¨¢s puede acreditar que hay jueces que han admitido dichas grabaciones para sus pesquisas. Se?ala adem¨¢s que, en todo caso, deben ser los tribunales y no los responsables de Prisiones quienes valoren tanto la legalidad como el contenido de la grabaci¨®n hecha a De Cabo.