Un mamotreto en el para¨ªso
Un edificio declarado ilegal por dos sentencias divide al bipartito de Santa Cruz de Tenerife Coalici¨®n Canaria prev¨¦ regularizarlo, el PSOE pide su derribo
En primera l¨ªnea de la paradis¨ªaca playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife) emerge un esqueleto gris de un edificio de bloques abandonado desde hace una d¨¦cada. En Canarias se le conoce popularmente como ¡°mamotreto¡±, aunque naci¨® como un ambicioso proyecto encargado a Dominique Perrault, reputado arquitecto y autor de la Biblioteca Nacional de Par¨ªs. El mote sirve tambi¨¦n para bautizar el proceso de corrupci¨®n asociado al edificio.
El caso mamotreto es un ramal de la macrocausa de Las Teresitas que sigue pendiente de juicio y en el que est¨¢ imputado el que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalici¨®n Canaria Miguel Zerolo, por la compraventa de los terrenos ubicados en el frente de la zona de ba?o. Dentro de la operaci¨®n inmobiliaria se quiso incluir un desarrollo urban¨ªstico que convirtiera a Las Teresitas en emblema del turismo de la capital chicharrera. El Ayuntamiento lleg¨® a convocar un concurso internacional que premi¨® los planos del prestigioso arquitecto galo. El proyecto de Perrault pint¨® dos zonas: una de playa, que pagar¨ªa el Ministerio de Medio Ambiente en virtud del convenio de colaboraci¨®n del Plan de Infraestructuras y Calidad Tur¨ªstica suscrito con el Gobierno de Canarias, y una segunda de accesos, donde se levantar¨ªa un hotel de lujo de 12 plantas con una altura de 40 metros y 180 metros de longitud, adem¨¢s de un edificio de aparcamientos y locales comerciales.
Apoyo de los arquitectos
El Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife pone en duda el peritaje realizado durante el juicio y defiende la legalidad del edificio y el proyecto primigenio de Perrault. Seg¨²n sus t¨¦cnicos, la construcci¨®n, ahora visible, deb¨ªa situarse bajo rasante y como cubierta de una plaza contemplada en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. Entre las voces cr¨ªticas con la sentencia de derribo destaca la del arquitecto y redactor del planeamiento de Santa Cruz de Tenerife en 1992, Jos¨¦ ?ngel Dom¨ªnguez Anad¨®n, quien considera un desprop¨®sito todo el proceso judicial. Culpa a los peritos de ¡°no tener capacitaci¨®n sobre la materia de la que informaron¡±, lo que les llev¨® a enjuiciar ¡°una construcci¨®n destinada a aparcamientos bajo rasante con la normativa que rige para los edificios comerciales inicialmente previstos pero que fueron sustituidos por un mirador¡±. Entretanto, el mamotreto sigue abandonado. Su mantenimiento y custodia ha consumido ya 10 millones de euros de fondos p¨²blicos.
La construcci¨®n del aparcamiento con capacidad de 272 plazas y locales comerciales contemplaba una planta s¨®tano adem¨¢s de una planta sobre rasante. El inmueble ocupaba tanto la zona de servidumbre de protecci¨®n mar¨ªtimo terrestre, servidumbre de tr¨¢nsito, as¨ª como 1.223 metros cuadrados de dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre. Las obras se iniciaron en 2001, que es cuando comienza a fraguarse el denominado pelotazo de las Teresitas. El edificio de aparcamientos se construye de forma parcial e incluye modificaciones en el proyecto inicial para aumentar el n¨²mero de plazas. Seg¨²n ha constatado una sentencia judicial posterior, esas obras no contaban con las licencias que amparaban los convenios entre el Ayuntamiento y Costas. Se trataba de un requisito imprescindible, por lo que ni los deslindes ni los trabajos realizados en dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre contaban con el visto bueno de la Direcci¨®n General de Costas. Paralelamente, en aquella ¨¦poca ya hab¨ªa estallado la pol¨¦mica por la compraventa de los terrenos por parte del Ayuntamiento a un grupo de empresarios por 52,7 millones de euros.
En 2007, el Gobierno municipal en manos de una alianza entre Coalici¨®n Canaria y el Partido Popular decidi¨® suspender las obras de construcci¨®n del edificio de aparcamientos tras recibir un escrito de Costas advirtiendo de que las labores no dispon¨ªan de autorizaci¨®n. La paralizaci¨®n del proyecto allan¨® la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa de Medioambiente empujada por varias denuncias de la Coordinadora Ecologista El Rinc¨®n y la plataforma Amigos de la playa de Las Teresitas. Con las obras paradas y el proceso judicial abierto, el Ayuntamiento decidi¨® suspender el proyecto de reforma de todo el frente litoral en 2009. El proceso judicial concluy¨® el pasado febrero con la condena a los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia ¡ªjunto a cuatro funcionarios del Consistorio¡ª a penas de entre tres y seis meses de prisi¨®n por la comisi¨®n de sendos delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y prevaricaci¨®n. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal N¨²mero 5 de Santa Cruz de Tenerife fue ratificada por la Audiencia, que considera probado que el ¡°mamotreto¡± fue construido sin las preceptivas autorizaciones de Costas y en suelo considerado dominio mar¨ªtimo terrestre.
El proyecto encargado a Perrault invade zonas protegidas
Las condenas han supuesto una conmoci¨®n en la sociedad tinerfe?a y abonado el debate sobre la legalidad del edificio. El letrado de la defensa de los condenados y ex fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional alegando que las condenas son desproporcionadas y el edificio, perfectamente legal. Mientras, el coste del proyecto inicial de 15 millones de euros ha quedado en agua de borrajas y el Consistorio, en el que gobierna ahora Coalici¨®n Canaria junto al PSOE, no acaba de ponerse de acuerdo en la necesidad de derribar el edificio. Mientras el alcalde nacionalista, Jos¨¦ Manuel Berm¨²dez, se muestra partidario de mantener el mamotreto e intentar su legalizaci¨®n, su socio de gobierno socialista y edil de Urbanismo, Jos¨¦ ?ngel Mart¨ªn, ha asegurado que la sentencia no ofrece lugar a dudas. ¡°Se ha intentando reducir el caso a una ocupaci¨®n de la zona de servidumbre, pero en este tema hay un incumplimiento global de todas las normas urban¨ªsticas que existen, desde actas de replanteo hasta la volumetr¨ªa. Hay dos sentencias contundentes y los informes son claros. Se est¨¢ incumpliendo el aspecto de la obra, no los usos que se pueden legalizar, pero en este caso no queda otra que demoler el edificio¡±, afirma Mart¨ªn.
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