El Tribunal de Cuentas cita al ministro de Sanidad Alfonso Alonso
El fiscalizador le reclama el pago de un alquiler irregular cuando era alcalde
El Tribunal de Cuentas ha citado para el pr¨®ximo d¨ªa 5 de marzo al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que presente alegaciones y haga frente a 439.365 euros m¨¢s los intereses de demora, de forma solidaria, con el equipo de Gobierno que dirigi¨® como alcalde de Vitoria en la legislatura de 2003 a 2007. La providencia del tribunal describe que se trata de hacer frente a una "irregularidad" que se produjo durante su mandato al pagar por el alquiler de unas oficinas ¡°un precio muy superior al de compra¡± por un tercero.
El contrato estaba blindado para 20 a?os y con un precio muy elevado
Las condiciones de ese contrato firmado en 2007 entre el exalcalde y Gonzalo Ant¨®n (un conocido empresario que presidi¨® el Club Deportivo Alav¨¦s y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) generaron tal esc¨¢ndalo en la ciudad que la oposici¨®n ¡ªel PP gobierna en minor¨ªa¡ª constituy¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n, cuyas conclusiones se hicieron p¨²blicas el pasado abril. Una de ellas propon¨ªa la remisi¨®n del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas p¨²blicas.
El empresario compr¨® una lonja en la c¨¦ntrica calle San Antonio de Vitoria en enero de 2006 por 2,7 millones de euros y, a finales de ese mismo a?o, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Ant¨®n firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 a?os ¡ªcuando la petici¨®n inicial de la propiedad era de 10 a?os¡ª. Los m¨¢s de siete millones se divid¨ªan en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que coste¨® el presupuesto p¨²blico. En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, adem¨¢s, con una cl¨¢usula de blindaje. Si se romp¨ªa el contrato, el Ayuntamiento deb¨ªa pagar los 20 a?os ¨ªntegros.
Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electr¨®nicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Ant¨®n escribi¨® alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que hab¨ªa recibido de Hacienda ¡ªel concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto¡ª no refeljaba la cantidad mensual negociada inicialmente y, a cambio, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC.
El Ayuntamiento de Vitoria fij¨® subidas del coste hasta nueve puntos sobre el IPC
La justificaci¨®n que ofreci¨® el Ayuntamiento en otro correo era que no le val¨ªa la propuesta del empresario porque comenzaba con mensualidades de 18.500 euros, IVA aparte, cuando los t¨¦cnicos municipales hab¨ªan emitido un informe que desaconsejaba pagar m¨¢s de 10.100 euros al mes. ?C¨®mo solventarlo? El Ayuntamiento reajust¨® las cuotas a 12.500 euros, IVA aparte, ¡ªm¨¢s cerca de los 10.100 recomendados¡ª y, para llegar a los 6,1 millones pactados, program¨® el pago de cuotas con esos incrementos de hasta nueve puntos anuales.
Hasta para la propiedad result¨® dif¨ªcil de digerir. En otro correo sus responsables sosten¨ªan: ¡°Al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados creemos se debe incluir una cl¨¢usula en la que se indique que los mismos son a petici¨®n, o propuesta, del Ayuntamiento¡±.
Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando salt¨® el esc¨¢ndalo al hacerse p¨²blico el contrato en 2014. Maroto y Ant¨®n revocaron el blindaje y rebajaron el precio.
Fuentes de la corporaci¨®n actual indicaron este jueves que esos hechos han prescrito y que las alegaciones ir¨¢n en esa direcci¨®n. Seg¨²n el actual ministro de Sanidad, es una citaci¨®n a la instituci¨®n y no personal a cada uno de los alcades o exalcaldes de Vitoria. Por eso, acudir¨¢ el abogado del Ayuntamiento para formular las alegegaciones.En este caso, las alegaciones del abogado dir¨¢n que los hechos est¨¢n ya prescritos y, por eso, el Tribunal de Cuentas no podr¨¢ actuar ya sobre este asunto.
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