El Gobierno supedita los bancos de impacto ambiental al apoyo ecologista

El Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente quiere implantar un sistema a trav¨¦s del que los promotores de infraestructuras puedan compensar los da?os que sus obras tengan sobre la naturaleza con la compra a terceros de trabajos de recuperaci¨®n de especies y h¨¢bitats en otros lugares. El departamento de Isabel Garc¨ªa Tejerina trabaja desde hace un a?o en el reglamento de los llamados bancos de conservaci¨®n de la naturaleza, un modelo que se utiliza en Estados Unidos desde los ochenta y que empieza a abrirse camino en la Uni¨®n Europea con fuerza. Pero las negociaciones est¨¢n atascadas.

El Gobierno introdujo esta figura en la ley de impacto ambiental, que aprob¨® a finales de 2013. Pero para aplicar este cambio es necesario que se desarrolle un reglamento de los bancos de h¨¢bitats. El ministerio sostiene que la aprobaci¨®n de este nuevo sistema se supeditar¨¢ al apoyo de los grupos ecologistas, que est¨¢n negociando el documento con Medio Ambiente. "Si hay acuerdo sobre el texto antes de junio se podr¨¢ aprobar esta legislatura el real decreto", indican fuentes del ministerio.

Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, se ha reunido este lunes con los responsables de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci¨®n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Algunas de estas organizaciones, como Ecologistas en Acci¨®n, rechazan el modelo de bancos de conservaci¨®n de la naturaleza al considerar que implica "mercantilizar la biodiversidad". "Se le pone precio a un espacio natural", apunta Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acci¨®n.

Otras asociaciones plantean dudas sobre el desarrollo del sistema que planea el ministerio. "No nos oponemos, pero no tenemos prisas por aprobarlo", sostiene Juan Carlos del Olmo, responsable de WWF en Espa?a. A esta organizaci¨®n le preocupa la falta de capacidad de las Administraciones para comprobar que, efectivamente, los trabajos de compensaci¨®n de los impactos ambientales de las grandes infraestructuras se lleven a cabo finalmente.

Los ecologistas y el ministerio coinciden en los problemas que el actual modelo tiene. Cuando un promotor quiere acometer una obra de importancia (como una carretera) necesita la autorizaci¨®n de la Administraci¨®n. Debe lograr una Declaraci¨®n de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Y, en ese documento, se pueden introducir las medidas de compensaci¨®n que el promotor debe desarrollar por el da?o que causar¨¢ su obra en la naturaleza. Pero los ecologistas sostienen que ahora no existe un control real sobre esas actuaciones de compensaci¨®n que el constructor est¨¢ obligado a hacer.

El paso que se dar¨ªa con los bancos de conservaci¨®n es permitir a los promotores que acudan a terceros, que se encargar¨ªan de acometer esas medidas compensatorias. Para ello, habr¨ªa un registro en el que se recoger¨ªan diferentes trabajos de conservaci¨®n de la naturaleza que ya se est¨¦n llevando a cabo. Ah¨ª ser¨ªa donde el promotor comprar¨ªa esos derechos. Es un modelo parecido al del mercado de derechos de emisi¨®n de gases de efecto invernadero existente.

El sistema se articula a trav¨¦s de cr¨¦ditos, seg¨²n se recoge en el ¨²ltimo borrador de reglamento que el ministerio ha enviado a las comunidades aut¨®nomas. El propietario de una finca acudir¨ªa a las Administraciones con un proyecto de conservaci¨®n concreto de una especie o un h¨¢bitat. Las comunidades y el Gobierno valorar¨ªan luego cu¨¢ntos cr¨¦ditos le corresponden al programa presentado. Por ejemplo, se otorgar¨ªan dos cr¨¦ditos por "cada hect¨¢rea destinada a alcanzar el estado de conservaci¨®n favorable" de un h¨¢bitat de "inter¨¦s comunitario o de inter¨¦s auton¨®mico" si el punto de partida de la zona es "desfavorable". Luego, el propietario de esos cr¨¦ditos los ofrecer¨ªa a los promotores.

En el otro lado de la cadena estar¨ªa el sistema de cuantificaci¨®n de los da?os de las obras a trav¨¦s de las "unidades de impacto ambiental residual". Por ejemplo, un proyecto tendr¨ªa "tres unidades de impacto ambiental residual por cada hect¨¢rea de h¨¢bitat destruida o alterada de manera permanente" de una zona que partiera de un estado de conservaci¨®n "favorable". Las Administraciones ser¨¢n luego las que determinen en cada proyecto cu¨¢ntos cr¨¦ditos debe comprar el promotor de la infraestructura para compensar el da?o de la obra que quiere realizar.