¡°Abusos y caos¡± en la aplicaci¨®n de la exclusi¨®n sanitaria
Amnist¨ªa Internacional denuncia el impacto de la medida en 748.000 personas a los tres a?os de vigencia
La decisi¨®n de retirar la atenci¨®n sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles, una medida que este mes cumple tres a?os, se ha traducido en una vulneraci¨®n del derecho a la salud de 748.835 personas ¡ªseg¨²n datos oficiales¡ª marcada por el ¡°caos administrativo¡± y los abusos por los excesos en su aplicaci¨®n, de acuerdo con el informe Sin tarjeta no hay derechos, presentado ayer por Amnist¨ªa Internacional (AI).
La organizaci¨®n humanitaria destaca que s¨®lo 730 personas se han acogido a la alternativa que di¨® el Gobierno, una p¨®liza (de entre 67 y 157 euros mensuales) para cubrir la asistencia retirada. Adem¨¢s, censura la falta de evaluaci¨®n del impacto de esta decisi¨®n sobre los colectivos afectados.
La heterogeneidad en la aplicaci¨®n del decreto es otro de los aspectos a los que alude el trabajo. Hay autonom¨ªas que han esquivado la medida con normas de mayor o menor rango, otras que la han recurrido al Tribunal Constitucional y algunas (Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha) que han cumplido a rajatabla la exclusi¨®n.
En un an¨¢lisis de dos de las comunidades que han aplicado la exclusi¨®n con m¨¢s dureza, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, se ha observado c¨®mo han ido m¨¢s all¨¢ de la norma al emitir compromisos de pago tras atender a inmigrantes en las urgencias. Ello, pese a que la norma contemplaba que tanto esta atenci¨®n, como la infantil o el parto deb¨ªan estar garantizadas y ser gratuitas.
Hace tres semanas, el Gobierno anunci¨® que devolver¨ªa la atenci¨®n primaria a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. Fuentes del Ministerio de Sanidad han trasladado a EL PA?S que se est¨¢ a la espera de reuniones con las autonom¨ªas para desarrollar este cambio sobre la situaci¨®n actual.
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