La fiscal pide c¨¢rcel para pol¨ªticos de Melilla por ¡°compra de votos¡±
Los exl¨ªderes locales de PSOE y Coalici¨®n por Melilla se enfrentan a 27 a?os de prisi¨®n
La fiscal¨ªa solicita 231 a?os de prisi¨®n y 272 de inhabilitaci¨®n para 30 miembros del PSOE y Coalici¨®n por Melilla (CPM) por una supuesta ¡°compra de votos¡± en 2008. Entre los acusados est¨¢n quienes eran los m¨¢ximos responsables en aquellas fechas ¡ªel socialista Dionisio Mu?oz y Mustafa Aberch¨¢n de CPM¡ª para cada uno de los cuales la la fiscal¨ªa pide 27 a?os de c¨¢rcel por la presunta comisi¨®n de varios delitos. Tambi¨¦n figura el actual l¨ªder del PSOE melillense, Gregorio Escobar, quien solo dimitir¨¢ si el juez abre juicio oral.
La fiscal Isabel Mart¨ªn L¨®pez considera que el exsecretario del PSOE de Melilla, Dionisio Mu?oz, y el actual presidente de Coalici¨®n por Melilla, Mustafa Aberch¨¢n, como presuntos autores de un delito electoral continuado, delito de falsedad, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y delito de asociaci¨®n il¨ªcita.
Para Gregorio Escobar, exdelegado del Gobierno en Melilla y hoy portavoz del PSOE en la Asamblea de Melilla, la fiscal¨ªa solicita 9 a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, asociaci¨®n il¨ªcita y prevaricaci¨®n.
En la misma l¨ªnea de delitos se encuentran el director provincial de Correos, Juan Jos¨¦ Redondo, el que fuera director provincial del INEM, Joaqu¨ªn Arana, la hija y la esposa de Mustafa Aberch¨¢n, la que fuera directora del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, Rabea Aomar, y varios dirigentes de la ejecutiva de ambos partidos. Hasta treinta personas, que habr¨ªan formado parte de una supuesta trama del voto por correo.
Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, a?o en el que el PSOE y CPM acudieron en coalici¨®n a las elecciones generales. Tras una denuncia presentada por el Partido Popular se incoaron en el juzgado diligencias previas para el descubrimiento e investigaci¨®n de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente contra la Administraci¨®n p¨²blica.
La denuncia surge a partir de que se conoce la remisi¨®n en masa a cientos de ciudadanos de unas cartas falsas relacionadas con el Servicio P¨²blico de Empleo y la inminente puesta en marcha de los planes de empleo.
Seg¨²n un auto judicial, la investigaci¨®n puso de manifiesto ¡°indiciariamente¡± la existencia de un entramado formado por diversas personas que pretend¨ªan la obtenci¨®n ileg¨ªtima de votos a favor de la coalici¨®n del PSOE y CPM. La solicitud del voto se hac¨ªa presuntamente ¡°mediante d¨¢divas, promesas o remuneraciones directas, consistentes en la promesa de un puesto de trabajo en los planes de empleo dependientes de la Delegaci¨®n del Gobierno¡±. Por lo tanto, estas personas deber¨ªan apoyar con sus votos la candidatura del PSOE para asegurar que los resultados electorales permitieran contar con un delegado del Gobierno de esa formaci¨®n que controlar¨ªa m¨¢s tarde la selecci¨®n de admitidos para dichos trabajos.
El auto desvela que la emisi¨®n de cartas falsas pretend¨ªa confirmar las promesas realizadas con anterioridad, ¡°con objeto de otorgar preferencia a las personas que votaron a dicha coalici¨®n o a quienes prestaron servicio para la misma¡±.
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