¡®Caso G¨¹rtel¡¯: de esc¨¢ndalo pol¨ªtico a esc¨¢ndalo judicial
Tres acusaciones recusar¨¢n al tribunal que juzgar¨¢ a la trama corrupta El ponente es habitual de FAES y fue ascendido por el PP al Constitucional Nueve de los 26 jueces de la Audiencia han tenido cargos vinculados a partidos
La Justicia se juega su cr¨¦dito a cuenta del caso G¨¹rtel en la Audiencia Nacional. Este ¨®rgano, creado en 1977 para enjuiciar fundamentalmente los delitos de terrorismo, se afana ahora en esc¨¢ndalos de corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica.
Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos en la Audiencia han ocupado cargos en la administraci¨®n con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial avalados por los partidos pol¨ªticos.
Ese viaje de idea y vuelta que la Ley permite provoca que acusados y acusadores cuestionen la apariencia de imparcialidad en determinados procesos.
El desenlace final del caso G¨¹rtel, la trama de corrupci¨®n vinculada al PP, depender¨¢ de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad est¨¢ por los suelos. Tres acusaciones recusar¨¢n a los magistrados que integran ese ¨®rgano: Concepci¨®n Espejel (exvocal del Poder Judicial con el aval del PP), Enrique L¨®pez (exmagistrado del Constitucional designado por el Gobierno del PP), y Julio de Diego. Este ¨²ltimo fue ponente de un auto que libr¨® al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, de declarar en febrero de 2013 ante el magistrado Javier G¨®mez Berm¨²dez.
El ponente de la sentencia ser¨¢ L¨®pez. Este magistrado toc¨® el cielo judicial al ingresar en el Constitucional gracias al Gobierno del PP. Un percance de madrugada ¡ªconduc¨ªa su moto borracho y se salt¨® un sem¨¢foro en rojo¡ª le oblig¨® a dejar su cargo y regresar a la Audiencia, donde ahora juzgar¨¢ el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que acorrala al PP y al Gobierno que tanto le ayud¨®.
Hay 45 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP y una decena de altos cargos de este partido, que deber¨¢ responder como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de los delitos cometidos. L¨®pez colabor¨® activamente con FAES, la fundaci¨®n principal del PP e intervino como invitado en una de las conferencias pol¨ªticas del partido.
Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura considera que no hay motivos para la recusaci¨®n de L¨®pez y defiende su ¡°actuaci¨®n profesional¡±. ¡°La ciudadan¨ªa puede estar tranquila porque los jueces est¨¢n habituados, sean cuales sean las circunstancias, a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales¡±. Otros juristas dudan.
¡°El juez no s¨®lo debe ser imparcial sino, adem¨¢s, parecerlo. No creo que L¨®pez o Espejel vayan a actuar de manera parcial, pero ese no es el problema. El problema es la quiebra de la apariencia de imparcialidad¡±, se?ala Joaqu¨ªn Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia. ¡°Es necesario reformar la Ley. porque no permite ir a interpretaciones extensivas. Ahora se rechazan la mayor¨ªa de imputaciones¡±.
Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda, abogado de Baltasar Garz¨®n en el proceso por las escuchas en la c¨¢rcel a los abogados de la red G¨¹rtel, recus¨® a cinco magistrados del Supremo que iban a juzgar el caso por participar en la fase de instrucci¨®n y oblig¨® a cambiar todo el tribunal. ¡°Se deber¨ªa reformar la Ley para que los jueces que hayan ocupado cargos institucionales a propuesta de un partido que est¨¢ en el Gobierno se tuvieran que abstener en procesos en los que est¨¦n implicados los partidos¡±, se?ala.
Margarita Robles, magistrada del Supremo, exsecretaria de Estado de Seguridad en un Gobierno socialista, y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, diferencia entre jueces que han desempe?ado cargos en la administraci¨®n y los que han formado parte del Consejo del Poder Judicial: ¡°El Gobierno del PP nombr¨® a Enrique L¨®pez magistrado del Constitucional y juzgar¨¢ el caso G¨¹rtel, que afecta de lleno al PP. Si la apariencia objetiva de imparcialidad se viera afectada, entonces te debes abstener, aunque vayas a aplicar la Ley de manera imparcial¡±.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio S¨¢nchez Yllera ocup¨® cargos de confianza en dos gobiernos socialistas. Por esa raz¨®n, pidi¨® abstenerse en la causa abierta contra el PP por la destrucci¨®n de los discos duros de los ordenadores de B¨¢rcenas. ¡°Las apariencias son muy importantes porque lo que est¨¢ en juego es la confianza que, en una sociedad democr¨¢tica, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos¡±, aleg¨®. Pero la Audiencia lo rechaz¨® porque ¡°la naturaleza de los cargos que desempe?¨® [S¨¢nchez Yllera] ninguna relaci¨®n guarda con el contenido del proceso¡±.
El PSOE pide al magistrado Enrique L¨®pez que se abstenga bajo amenaza de recusarle. ¡°Esa recusaci¨®n no se fundamenta en que haya ocupado cargos institucionales a propuesta del PP sino por su vinculaci¨®n con este partido, que excede la relacionada con su nombramiento para dichos cargos. Quiz¨¢s habr¨ªa que revisar las causas de abstenci¨®n y recusaci¨®n contempladas en la Ley para reforzar esa garant¨ªa procesal del derecho a un juez imparcial¡±, se?ala Antonio Hernando, portavoz socialista.
Su hom¨®logo del PP, Rafael Hernando, no lo ve necesario: ¡°La independencia de los jueces est¨¢ garantizada por el Consejo del Poder Judicial, por la Constituci¨®n, por su estatuto y por su r¨¦gimen de incompatibilidades¡±.
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