155, el art¨ªculo m¨¢s explosivo de la Constituci¨®n

Hay un n¨²mero tab¨² entre los pol¨ªticos espa?oles. Es el 155, y da nombre al art¨ªculo m¨¢s explosivo de la Constituci¨®n, aquel que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una Comunidad Aut¨®noma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las v¨ªas de control. Hasta ahora, los representantes p¨²blicos han preferido no pronunciarlo, e incluso en las circunstancias m¨¢s tensas, buscan f¨®rmulas para buenos entendedores como ¡°aplicaremos solo la ley, pero toda la ley¡± y otros eufemismos.

Los ¨²ltimos hitos del proceso soberanista catal¨¢n ¨Cen especial la manifestaci¨®n montada en la puerta del Tribunal Superior de Justicia, en Barcelona, con la declaraci¨®n de Artur Mas como imputado por el 9-n¨C han empezado a levantar este temor reverencial. En la ¨²ltima semana, el Gobierno, a trav¨¦s del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, y de la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, han insinuado ¨Cquiz¨¢ por convicci¨®n, quiz¨¢ por c¨¢lculo electoral- la posibilidad de aplicar el temido 155.

Su ¡°aura de horror religiosum¡±, en palabras del exabogado del Estado y experto constitucionalista Jes¨²s Garc¨ªa Torres, ha hecho que no solo se evite invocarlo, sino que impere la confusi¨®n sobre su alcance. Este peri¨®dico ha desempolvado manuales de Derecho Constitucional para explicar en qu¨¦ consiste un art¨ªculo ¡°cuyo arte estriba en saber no usarlo¡±, seg¨²n escrib¨ªa en 1981 el catedr¨¢tico progresista y expresidente del Constitucional Jes¨²s Cruz Villal¨®n.

1. ?Es el art¨ªculo 155 una suspensi¨®n de la autonom¨ªa? Quiz¨¢ sea esta la confusi¨®n m¨¢s extendida. El 155 es una norma de coerci¨®n de uso excepcional, un ¨²ltimo recurso para casos que ordinariamente no es previsible que se produzcan, pero no consiste en la suspensi¨®n de la autonom¨ªa, como suele decirse. O al menos no desde un primer momento. Su finalidad ¡°no es privar de su competencia a la Comunidad Aut¨®noma, sino compelerle a que la utilice de acuerdo a la Constituci¨®n y a las leyes¡±, recordaba el ex letrado en Cortes y expresidente del Parlamento Europeo por el PP Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles en su estudio El control extraordinario de las Comunidades Aut¨®nomas: art¨ªculo 155? (1999).

El art¨ªculo no permite ni ampara la disoluci¨®n de ¨®rganos auton¨®micos, como el Gobierno o el Parlamento regionales, ni la suspensi¨®n del ejercicio de las competencias, como prev¨¦n otras constituciones como la austriaca, la italiana o la portuguesa. Se tratar¨ªa de una intervenci¨®n puntual que durar¨¢ hasta que se restaure la legalidad. Una vez encauzada la situaci¨®n, la injerencia del Gobierno central ¡°no debe prolongarse ni un momento m¨¢s¡±, afirma Gil-Robles.

2. ?Qu¨¦ actos pueden desencadenar su aplicaci¨®n? Gil-Robles restringe su aplicaci¨®n a aquellos actos imputables a los Gobiernos auton¨®micos que no sean recurribles ante el Tribunal Constitucional, porque no revistan la forma de ley o acuerdo, o aquellos que busquen llevar a ejecuci¨®n disposiciones suspendidas por este tribunal.

El expresidente del Tribunal Constitucional y catedr¨¢tico Pedro Cruz Villal¨®n escribi¨® en 1981 que el inciso del art¨ªculo 155 que hace referencia a un atentado grave al ¡°inter¨¦s general de Espa?a¡± podr¨ªa desencadenar, al menos sobre el papel, ¡°una intervenci¨®n que (¡­) puede apoyarse en razones de ¨ªndole pol¨ªtica libremente apreciables por el Gobierno y el Senado¡±.

Cruz Villal¨®n fue muy cr¨ªtico con el 155, al que defini¨® como "el exponente m¨¢s agresivo y desafortunado de esa concepci¨®n de la unidad del Estado, latente en la formulaci¨®n del art¨ªculo 2 [de la propia Constituci¨®n] como algo anterior, previo y por tanto superior a la misma Constituci¨®n y al ordenamiento jur¨ªdico en su conjunto". Hace ya 34 a?os el catedr¨¢tico denostaba al 155 por su indeterminaci¨®n y por la "absoluta discrecionalidad" que otorga a los ¨®rganos del Estado. "Soberano es quien decide acerca del art¨ªculo155, pero estas manifestaciones de soberan¨ªa son m¨¢s un s¨ªntoma de ruina que no un instrumento de salvaci¨®n del Estado", alertaba.

3. ?C¨®mo se pone en marcha el mecanismo? El requerimiento del Gobierno al presidente auton¨®mico incumplidor para que restaure la legalidad es obligatorio. Este escrito debe ser ¡°cuidadosamente motivado y fundado en derecho¡±, seg¨²n Gil-Robles y debe contener una relaci¨®n de los incumplimientos detectados y medidas concretas y tasadas para remediar la situaci¨®n. Tambi¨¦n deber¨ªa incluir un plazo para que el presidente auton¨®mico responda sobre ellas. Si el dirigente regional accede a adoptar esas medidas o a que el Gobierno las adopte por ¨¦l, el procedimiento se pone en marcha autom¨¢ticamente.

El procedimiento se regula en el art¨ªculo 189 del Reglamento del Senado. En caso de persistir la rebeli¨®n contra el Estado, el Gobierno deber¨¢ pedir autorizaci¨®n a la C¨¢mara Alta para poner en marcha las medidas incluidas en el requerimiento. Cruz Villal¨®n criticaba en 1981 que la aprobaci¨®n por el Senado de los ¡°plenos poderes¡± para el Estado ¡°es una cautela m¨¢s aparente que real y casi una cortina de humo¡±, pues la C¨¢mara Alta m¨¢s que una c¨¢mara de representaci¨®n territorial (de las Autonom¨ªas) es una c¨¢mara provincial, ¡°lo que le convierte de forma efectiva en un Senado conservador¡±.

Fueron los nacionalistas catalanes los que durante el debate sobre el anteproyecto de Constituci¨®n de 1978 introdujeron una enmienda para que el procedimiento del 155 no se iniciara sin un previo requerimiento al presidente de la Comunidad Aut¨®noma afectada.

4. ?Qu¨¦ medidas permite? El art¨ªculo 155 se inspira en el constitucionalismo alem¨¢n. Seg¨²n Garc¨ªa Torres, ¡°en los casos m¨¢s graves¡± puede exigir que, temporalmente, un ¨®rgano estatal asuma las funciones de ciertos ¨®rganos auton¨®micos. Sin embargo, ¡°lo que no puede justificarse, porque no ser¨ªa necesario, es la disoluci¨®n o destituci¨®n de miembros de aquellos ¨®rganos¡±, que seguir¨ªan ejerciendo las funciones no asumidas por el Estado.

Otras medidas pueden ser la suspensi¨®n de transferencias de servicios en curso, del fondo de compensaci¨®n interterritorial y de la participaci¨®n en los ingresos del Estado, la suspensi¨®n de la asignaci¨®n en los Presupuestos Generales del Estado a la comunidad rebelde y la asunci¨®n de la hacienda de la comunidad. Tambi¨¦n contempla la doctrina, no la ley, la imposici¨®n de delegados con poderes especiales y derecho de veto en puestos clave de la administraci¨®n, sustituyendo temporalmente a los titulares o adjuntos a ellos.

5. ?El 155 ampara el uso de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial de Espa?a? Todos los expertos coinciden en que no, aunque el texto del art¨ªculo sea ambiguo al hablar de las ¡°medidas necesarias¡±. ¡°El art¨ªculo 155 no sirve como fundamento constitucional v¨¢lido para el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir una insurrecci¨®n o un movimiento violento secesionista o unas v¨ªas de hecho inconstitucionales acaudilladas por los ¨®rganos de la Comunidad Aut¨®noma¡±, escrib¨ªa Garc¨ªa Torres en su manual, de 1984.

Este experto recuerda que si la desobediencia auton¨®mica fuera violenta, se tratar¨ªa, como m¨ªnimo, de ¡°un acto de fuerza contra el ordenamiento constitucional, que no puede resolverse por otros medios¡±, uno de los supuestos para declarar el estado de sitio, contemplado en el art¨ªculo 116.4 de la Constituci¨®n. Esta declaraci¨®n solo la puede proponer el Gobierno y requiere, en todo caso, la autorizaci¨®n del Congreso de los Diputados.

6. ?Se ha aplicado alguna vez el art¨ªculo 155? Nunca ha sido necesario iniciar el procedimiento constitucional. Solo en 1989, el Gobierno Felipe Gonz¨¢lez amenaz¨® al Gobierno de Canarias con poner en marcha el art¨ªculo 155 cuando el Gobierno de las islas se negaba a hacer frente a ciertas obligaciones fiscales derivadas de la adhesi¨®n de Espa?a a la CEE. Su mera invocaci¨®n sirvi¨® para que se abriera una negociaci¨®n entre Canarias y el Estado sobre el asunto.