Un juez considera a la Junta andaluza responsable del ¡°despilfarro¡± en los cursos de formaci¨®n

Un juez considera a la Junta de Andaluc¨ªa responsable "por acci¨®n u omisi¨®n del despilfarro" de fondos p¨²blicos en el fraude de los cursos de formaci¨®n. El instructor ha criticado con dureza las facturas "totalmente irreales" que ciertos empresarios emitieron para justificar los cursos de formaci¨®n en Huelva pagados por el Gobierno andaluz: "facturas de miles de euros por especias como colorante alimenticio, or¨¦gano, n¨®minas de profesores o tutores que los alumnos no conoc¨ªan, paquetes de folios a 50 euros". Son ejemplos sonrojantes incluidos en un auto del magistrado Javier Romero, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Huelva, en el que censura la "absoluta falta de control en todas las fases" por parte del Ejecutivo aut¨®nomo, al que recrimina que permitiera la picaresca de estos empresarios, que inflaban sus facturas con los conceptos m¨¢s disparatados.

El juez utiliza una prosa incisiva que recuerda a la de Mercedes Alaya, el mayor dolor de cabeza judicial de la Junta andaluza los ¨²ltimos a?os. Romero carga contra la Junta por su pasividad en la vigilancia: "sin cumplir con los requisitos m¨ªnimos, en su concesi¨®n, en su fiscalizaci¨®n, ni en su supervisi¨®n, despreocup¨¢ndose totalmente si el dinero invertido cumpl¨ªa o no el objetivo para el que estaba destinado".

El juez resalta que "cuando se dilapida el dinero p¨²blico para fines distintos o sin respetar los procedimientos establecidos", los perjudicados son los ciudadanos que pagaron sus impuestos y no la Junta, que debe responder frente a ello. Un argumento que utiliz¨® la Audiencia de Palma en el caso Noos a partir del esl¨®gan Hacienda somos todos, recuerda el instructor.

El magistrado instruye una de las 18 causas repartidas por Andaluc¨ªa en la que tanto la polic¨ªa como la Guardia Civil analizan un fraude masivo a las subvenciones concedidas en la ¨²ltima d¨¦cada. Esta de Huelva tiene un volumen considerable, ya que los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal) han interrogado a casi mil alumnos para verificar la realizaci¨®n de los cursos o falsedad de los mismos.

En su cr¨ªtica ¨¢cida a la Junta, el juez revela que el Ejecutivo concedi¨® subvenciones a empresas con "deficiencias evidentes": firmas de personas que sustitu¨ªan a otras, compa?¨ªas que incumpl¨ªan los requisitos legales porque ten¨ªan deudas con la Seguridad Social, firmas de personas en sustituci¨®n de otras, as¨ª como deficiencias evidentes de algunas instalaciones donde se impart¨ªan cursos, "sobre todo en aquellos en que los alumnos eran discapacitados y no se cumpl¨ªan con las condiciones m¨ªnimas exigibles para la impartici¨®n del curso", denuncia el instructor.

En su censura al Gobierno andaluz, el magistrado reprueba que este congelara los cursos desde 2011 ante las investigaciones judiciales en marcha y las sospechas policiales: "Si no se utilizaban fondos europeos sino tan solo fondos propios de la Junta de Andaluc¨ªa, ?qu¨¦ inconveniente ha existido para que no se hayan seguido desarrollando este tipo de cursos durante los a?os 2013, 2014, 2015 y 2016, coincidiendo con la suspensi¨®n de las ayudas europeas destinadas a dichas subvenciones?".

Los alumnos en paro que accedieron a estos cursos de formaci¨®n son los verdaderos perjudicados por el fraude, subraya el juez. "Sin embargo, ve¨ªan como no se cumpl¨ªan dichas expectativas, con una formaci¨®n insuficiente y un flagrante incumplimiento de los compromisos de contrataci¨®n".

Sobre los cursos para discapacitados, el juez incide en que la Junta "ha hecho caso omiso" a las becas solicitadas por los alumnos, y solo cuando este magistrado pregunt¨® al Ejecutivo, este comenz¨® a pagar dichas ayudas.

El auto responde a una petici¨®n de la Junta para figurar en el procedimiento como perjudicada en vez de como responsable civil subsidiaria. Pero ante el papel deficiente desempe?ado como vigilante de la Junta, el juez le deniega dicha pretensi¨®n y la mantiene como responsable civil. En esta causa figuran como investigados la c¨²pula del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta en Huelva.