Las investigaciones por delitos urban¨ªsticos en C¨¢diz se triplican

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El ladrillazo de la autoconstrucci¨®n al margen de la ley recupera el pulso en uno de sus bastiones, la provincia de C¨¢diz. Al menos as¨ª lo asegura la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de C¨¢diz, que en su informe anual de 2015 alerta de un significativo incremento de los delitos urban¨ªsticos y ambientales. As¨ª, en materia medioambiental, urban¨ªstica y de patrimonio hist¨®rico, la provincia ha triplicado sus investigaciones y ha pasado de las 44 actuaciones de 2014 a las 143 registradas en 2015. Eso supone un incremento de un 225% en unas actuaciones que siguen centr¨¢ndose mayoritariamente en delitos contra la ordenaci¨®n del territorio.

¡°La Ordenaci¨®n del Territorio continua siendo (¡­) el bien jur¨ªdico sometido a los m¨¢s intensos ataques, provenientes tanto de la urbanizaci¨®n ilegal aislada como de la realizada de manera masiva omitiendo todo acatamiento a la normativa urban¨ªstica¡±, reconoce en su informe Patricia Navarro, la fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia. As¨ª, ha sido la construcci¨®n ilegal la que ¡°ha experimentado un aumento considerable¡± que se ha traducido en un cambio en la tendencia de descenso.

En los ¨²ltimos a?os, el?boom urban¨ªstico y la permisividad de muchos Ayuntamientos con las construcciones ilegales llevaron al aumento de medidas sancionadoras. Ese miedo a multas o a procedimientos penales, sumado a la crisis, llev¨® a un destacado descenso de las investigaciones de este tipo de delitos. Sin embargo, esta ca¨ªda de las investigaciones ha terminado en 2015, seg¨²n reconoce la memoria: ¡°Debemos destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducci¨®n de la actividad edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de las diligencias de investigaci¨®n penal¡±. El pasado a?o se celebraron 42 juicios; 37 de ellos versaban sobre delitos contra la ordenaci¨®n del territorio. De ellos, solo cuatro acabaron con sentencias absolutorias.

De este aumento, la Fiscal¨ªa de C¨¢diz destaca las construcciones ilegales que ¡°se llevan a cabo tanto en suelo no urbanizable com¨²n como en suelos no urbanizables especialmente protegidos¡±. Es el caso de las investigaciones que se han abierto por edificar en espacios naturales como Parque Natural del Estrecho o el Parque Natural de Los Alcornocales. Por su trascendencia, la fiscal habla de una de las localidades gaditanas en las que m¨¢s viviendas irregulares existen, Chiclana. Hace referencia a la Operaci¨®n obra nueva, en la que ¡°se investiga una amplia trama de delincuencia urban¨ªstica y que ya alcanza una gran dimensi¨®n que ha motivado su desglose en varias diligencias¡±.

¡°Desidia¡± municipal

La Memoria de la Fiscal¨ªa es especialmente dura con el papel que juegan los Ayuntamientos en el control urban¨ªstico. ¡°A veces, se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en v¨ªa judicial, ni tan siquiera hab¨ªan dado lugar a la incoaci¨®n de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporaci¨®n local. Las razones aducidas por los Ayuntamientos para no haber aplicado la Ley en este sentido son el exceso de trabajo¡±, denuncia el informe. A eso se suma ¡°la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralizaci¨®n¡± que suelen ser incumplidas y dan lugar a un delito a?adido de desobediencia.

Aunque desde la fiscal¨ªa notan que el ciudadano tiene un mayor temor a la denuncia penal por construcciones ilegales, advierten la escasa incidencia que tienen las sentencias de demolici¨®n. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, no todas las condenas obligan a la demolici¨®n, pese a que, a juicio de la fiscal¨ªa, ¡°es lo ¨²nico que garantizar¨ªa realmente la reparaci¨®n del da?o causado¡±. Por otro, el incumplimiento de las penas en aquellos casos en los que s¨ª tiene que intervenir la piqueta: ¡°Es especialmente lamentable la dilaci¨®n en la ejecuci¨®n de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme¡±. De hecho, en 2015 tan solo se han ejecutado tres derribos y quedan 70 pendientes de ejecuci¨®n que se arrastran, en algunos casos, desde 2008.

En esta dejaci¨®n acusa la Fiscal¨ªa a dos causantes: el penado que ¡°se hace el sordo¡± para ejecutar la sentencia y los Ayuntamientos que tampoco las aplican. ¡°Esa misma actitud renuente, la misma desidia, se observa en los Ayuntamientos cuando subsidiariamente deben proceder a la misma, estos terminan alegando insuficiencia presupuestaria¡±, denuncia la fiscal¨ªa. De hecho, en m¨¢s de una ocasi¨®n los Ayuntamientos aducen ¡°que el concurso de adjudicaci¨®n de las obras resulta desierto¡± cuando dada la cuant¨ªa de las obras de demolici¨®n ¡°no ser¨ªa necesario acudir a este procedimiento de ejecuci¨®n externo¡±. Un ¡°giro de tuerca m¨¢s¡± de unos Consistorios que benefician al particular que ¡°sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, del propio Ayuntamiento¡±.

Durante el pasado 2015, la fiscal¨ªa ha actuado tambi¨¦n en un caso de vertidos de lixiviados en el arroyo Chorre¨®n y el r¨ªo Guadacorte (Los Barrios), con origen en instalaciones de tratamiento de residuos. Adem¨¢s, se han producido dos pronunciamientos condenatorios en delitos contra el patrimonio hist¨®rico, uno por sustraer tallas religiosas de valor art¨ªstico (en Medina y en San Jos¨¦ del Valle) y por la demolici¨®n no autorizada de una casa burguesa del siglo XVIII (en C¨¢diz).