Empieza el derribo de 214 viviendas ilegales en el litoral c¨¢ntabro
Los apartamentos fueron construidos en 2004 y representan uno de los mayores abusos urban¨ªsticos de la zona
La mirada y los bolsillos de toda Cantabria est¨¢n puestos este viernes en el Alto del Cuco, una monta?a del extenso municipio de Pi¨¦lagos donde en 2004, en plena fiebre inmobiliaria, se cometi¨® una de las mayores tropel¨ªas urban¨ªsticas del entorno. En este paraje natural se edificaron entonces 214 viviendas con unas excelentes vistas a la costa quebrada y las dunas de Liencres que la justicia declar¨® ilegales porque desvirtuaban gravemente un entorno de alto valor paisaj¨ªstico. Las m¨¢quinas han comenzado esta ma?ana a demoler las casas, el primer paso para devolver a la monta?a su aspecto original. ¡°Es un hecho hist¨®rico y una referencia contra los des¨®rdenes urban¨ªsticos¡±, afirman los ecologistas. Un convenio entre el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno auton¨®mico establece el pago de 3,7 millones de euros para echar abajo las viviendas y despu¨¦s restaurar la ladera. Se calcula que en Espa?a hay 600.000 viviendas con sentencias de derribo pendientes de ejecuci¨®n.
La urbanizaci¨®n del Alto del Cuco se construy¨® a costa de comerse literalmente media monta?a. El Ayuntamiento de Pi¨¦lagos concedi¨® licencias que permit¨ªan levantar 395 pisos, apartamentos y chal¨¦s de los que la promotora Fadesa (ahora en quiebra) culmin¨® 214, aunque nunca fueron habitadas. El paso del tiempo las ha dejado en un estado ruinoso que duele a la vista. La monta?a sufri¨® una dentellada de 600.000 metros c¨²bicos de tierra para dar acomodo al complejo residencial. ¡°Fue una decisi¨®n irresponsable del Ayuntamiento¡±, sostiene Ver¨®nica Samperio, alcaldesa de Pi¨¦lagos. Recuerda que el plan parcial urban¨ªstico se aprob¨® con ¡°un informe desfavorable de la Comisi¨®n de Ordenaci¨®n Territorial Urban¨ªstica (Crotu) de Cantabria¡± y el Ayuntamiento que gobernaba el PP con mayor¨ªa absoluta ¡°hizo caso omiso a tres requerimientos del Gobierno c¨¢ntabro para paralizar las obras. Los tribunales declararon al Ayuntamiento ¨²nico responsable¡±.
¡°El caso del Cuco es un ejemplo del terrible problema que tenemos en Cantabria con las viviendas afectadas por sentencias judiciales de derribo. Es una herencia envenenada que nos ha dejado el PP¡±, asegura Eva D¨ªaz Tezanos (PSOE), vicepresidenta regional y consejera de Medio Ambiente. ¡°Todas las sentencias¡±, a?ade, ¡°tienen su origen en decisiones adoptadas desde los a?os 90 por alcaldes del PP y est¨¢n teniendo consecuencias econ¨®micas muy gravosas que vamos a pagar todos los c¨¢ntabros. Esto nos va a salir muy caro¡±.
Los jueces estimaron los recursos presentados por la asociaci¨®n ecologista ARCA y por el Gobierno de Cantabria, anularon el planeamiento de la zona y ordenaron el derribo de todo lo construido porque en el Alto del Cuco se hab¨ªa perpetrado ¡°la ruptura de la armon¨ªa del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protecci¨®n sobre el que las actuaciones urban¨ªsticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradaci¨®n¡±. El Supremo confirm¨® en 2012 las sentencias condenatorias y ratific¨® la orden de demolici¨®n de las 214 viviendas.
Se han tardado cuatro a?os en cumplir el mandato del alto tribunal. ¡°El Ayuntamiento no ten¨ªa capacidad econ¨®mica para hacer frente a esa sentencia y tuvimos que pedir ayuda al Gobierno¡±, explica Samperio, que result¨® elegida regidora en junio de 2015 por sorpresa. Su partido, el PSOE, con tres representantes y cuarta fuerza m¨¢s votada, recibi¨® el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), los independientes de AVIP e IU, lo que permiti¨® arrebatar la alcald¨ªa al PP. Samperio negoci¨® con el bipartido PRC-PSOE que gobierna Cantabria el convenio para demoler el Cuco.
Se gastar¨¢ un mill¨®n de euros en derruir los edificios y 2,7 millones en ¡°dejar la ladera lo m¨¢s acondicionada posible¡±, dice la alcaldesa. El Ejecutivo de Revilla adelanta el dinero y el municipio se compromete a devolverlo en 10 a?os con un inter¨¦s del 1% anual desde 2017. ¡°Es un descalabro econ¨®mico para nosotros¡±, reconoce Samperio ¡ªel Consistorio maneja un presupuesto de 17 millones¡ª, cuyo ¨²nico consuelo es que en esta zona no hay familias afectadas porque los pisos no llegaron a habitarse nunca.
¡°Acaba un mito¡±, celebra Carlos Garc¨ªa, portavoz de ARCA, satisfecho tras constatar que ¡°por fin se pone de manifiesto que lo que se construye contra Derecho, se tira¡±. Operarios de la empresa Tragsa, que tiene la encomienda del Gobierno auton¨®mico para ejecutar las obras de demolici¨®n, han empleado este viernes m¨¢quinas con martillos hidr¨¢ulicos que transformar¨¢n los edificios ilegales en escombro. Pi¨¦lagos es un ejemplo de los Ayuntamientos de la regi¨®n que, critican los ecologistas, ¡°han actuado sin control en toda la franja costera, han eliminado terrenos f¨¦rtiles en chal¨¦s y, de paso, ha permitido financiar partidos pol¨ªticos y particulares¡±, denuncia Carlos Garc¨ªa.
Lo que los ecologistas denominan la ¡°mediterranizaci¨®n de Cantabria¡±, la escalada urban¨ªstica despiadada en suelo sensible, no termina en Pi¨¦lagos. La comunidad aut¨®noma es pr¨®diga en viviendas ilegales. El Gobierno c¨¢ntabro asegura que 511 viviendas est¨¢n afectadas por sentencias de derribo en Argo?os, Arnuero, Liencres, Miengo y Escalante. La Asociaci¨®n de Maltratados por la Administraci¨®n (AMA) eleva esta cifra a 621 viviendas.
Uno de los afectados por la amenaza de derribo de su casa es Ciriaco Garc¨ªa, quien en 1997 compr¨® una vivienda en Argo?os y cuatro a?os despu¨¦s se enter¨® ¡°por los peri¨®dicos¡± que los jueces ordenaron derruirla. Desde entonces vive con la preocupaci¨®n de marcharse de casa porque llegan las m¨¢quinas. ¡°Compr¨¦ la casa para disfrutarla con los hijos, pero ahora la estoy sufriendo con los nietos¡±, afirma este miembro de la Asociaci¨®n de Maltratados por la Administraci¨®n (AMA). Esta organizaci¨®n asegura que en Espa?a hay 600.000 viviendas que los tribunales han ordenado derruir por ser ilegales.
En Pi¨¦lagos, adem¨¢s de los derribos del Cuco, hay otras 80 viviendas sobre las que pesan sentencias judiciales de derribo. Y esta es la gran preocupaci¨®n de la alcaldesa: ¡°Mal o bien, el Cuco se acaba. Me fastidia que el presupuesto estar¨¢ hipotecado durante 10 a?os por esta cuesti¨®n, pero lo que me preocupa son las familias de Liencres¡±, donde est¨¢n ubicadas las citadas 80 viviendas. ¡°Hay personas que llevan 15 a?os con una losa encima y es muy duro escuchar sus testimonios. Algunas personas sufren depresi¨®n, hay familias separadas, alg¨²n episodio de suicidio... No saber si la casa la van a tirar es un castigo que las familias no se merecen. Les tenemos que dar una soluci¨®n legal porque es inhumano. Adem¨¢s, los jueces est¨¢n cansados de que nos riamos de ellos¡±, afirma Samperio.
Ciriaco Garc¨ªa sostiene que compr¨® su casa en Argo?os ¡°de buena fe¡± y reivindicar que no se puede decretar un derribo de un hogar ¡°sin garantizar el patrimonio¡± a los propietarios que, como ¨¦l, ¡°somos ajenos a la problem¨¢tica urban¨ªstica¡± en el momento de la adquisici¨®n. Argo?os es uno de los municipios m¨¢s peque?os de Cantabria y un tercio de sus viviendas est¨¢n afectadas por sentencias de derribo (255 en total, seg¨²n la AMA). ¡°Nosotros no somos culpables de nada. Queremos que se legalicen las viviendas que permitan los nuevos planes urban¨ªsticos. Y en los casos de derribo, que se indemnice a los propietarios¡±, reclama.
El Gobierno de Cantabria ha acordado un protocolo con las familias involucradas en esta problem¨¢tica para que soliciten una reparaci¨®n econ¨®mica por da?os morales. ¡°Desde la llegada del PRC y el PSOE al Gobierno en 2015¡±, sostiene Francisco Gonz¨¢lez Buend¨ªa, director general de Urbanismo en Cantabria, ¡°ya se han pagado 1,5 millones por da?os morales, cuando entre 2008 y 2015 solo se abon¨® un mill¨®n por este concepto¡±. ¡°Es, al menos, la forma que hemos adoptado para quitarles esa parte de sufrimiento que supone a las familias reclamar las indemnizaciones ante los tribunales¡±, a?ade D¨ªaz Tezanos. Adem¨¢s, cita que su Ejecutivo ha hecho frente a las responsabilidades patrimoniales de las familias que han entregado su vivienda y ha dado impulso a la revisi¨®n de planes urban¨ªsticos que podr¨ªan incurrir en alguna irregularidad.
La alcaldesa de Pi¨¦lagos garantiza que, mientras siga en el cargo, ser¨¢ ¡°lo m¨¢s restrictiva posible¡± en materia urban¨ªstica para que ¡°estos dramas humanos no vuelvan a repetirse¡±. ¡°Es muy doloroso tener que decir a 80 familias que se tiene que ir de su casa¡±, agrega la regidora, quien conf¨ªa en que las modificaciones del plan general permitan ¡°salvar por lo menos 63 de las 80 viviendas¡± de Liencres que est¨¢n marcadas con la equis de la demolici¨®n.
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