El Consejo de Europa reprueba la politizaci¨®n del sistema para elegir el Poder Judicial
La instituci¨®n cree que no ha habido avance alguno para garantizar la independencia de los jueces
El Consejo de Europa, a trav¨¦s del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (Greco), critica con dureza a Espa?a por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. En un duro informe que se publica este lunes, la instituci¨®n recuerda al Estado espa?ol que ¡°las autoridades pol¨ªticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designaci¨®n de los magistrados¡± y destaca que el Gobierno no ha analizado como se le exigi¨® el resultado en este sentido de la reforma de 2013, que mantuvo la elecci¨®n de los jueces por el Congreso.
Las cr¨ªticas al sistema espa?ol de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son particularmente duras en este informe del Consejo de Europa. Adem¨¢s de recordar la importancia de que el poder pol¨ªtico no interfiera en el judicial, rechaza las alegaciones realizadas por el Gobierno para defender el sistema de elecci¨®n de los jueces y la reforma acometida en 2013 por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n.
En enero de 2014, al poco de aprobarse la modificaci¨®n, fue cuando el Greco hizo 11 recomendaciones a Espa?a para luchar contra la corrupci¨®n entre parlamentarios, jueces y fiscales. Entre ellas estaba la de analizar y demostrar la efectiva independencia del CGPJ a la luz de la reforma acometida meses antes. Aquella reforma se aprob¨® con los ¨²nicos votos a favor del Partido Popular y manten¨ªa la potestad del Congreso y el Senado para elegir a los 20 miembros del CGPJ.
Adem¨¢s, hasta ese momento, los cargos nombrados por el Consejo ¡ªlos principales en la carrera judicial¡ª se decid¨ªan en su seno por mayor¨ªa cualificada de los vocales (tres quintos de los votos). Ahora se hace por mayor¨ªa simple lo que es un cambio negativo a la luz de informes anteriores del Consejo de Europa. Este ve¨ªa en la mayor¨ªa cualificada un menor margen para las maniobras pol¨ªticas, dado que se requer¨ªa ¡°un acuerdo entre las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias¡±.
Para la oposici¨®n en bloque, el cambio logr¨® convertir el CGPJ en ¡°una delegaci¨®n del Ministerio al servicio del Ejecutivo¡±. El Gobierno espa?ol no ha elaborado an¨¢lisis alguno para demostrar que el m¨¢ximo ¨®rgano de los jueces ha ganado independencia. Solo ha alegado ante el Consejo de Europa que ¡°la reforma buscaba el mayor consenso posible en el sistema de nombramientos de los jueces salidos de sus propias filas, lo que apaciguar¨ªa el debate pol¨ªtico una vez nombrados los magistrados por parte del Parlamento¡±.
Tambi¨¦n aleg¨® Espa?a que el m¨¦todo de elecci¨®n debe ser respetado porque est¨¢ contenido en la Constituci¨®n Espa?ola, lo que no convence al Greco, que afirma que ¡°la Constituci¨®n no precisa las modalidades de selecci¨®n de los miembros de la magistratura en el CGPJ¡±.
Las once medidas anticorrupci¨®n
Las seis medidas que Espa?a no ha adoptado y que hab¨ªa pedido el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n son:
- Que el Congreso y el Senado adopten un c¨®digo de conducta con medidas pr¨¢cticas de aplicaci¨®n.
- Que se realice un registro de lobbistas y un c¨®digo de conducta para la profesi¨®n.
- Que se tomen medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios
- Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
- Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluaci¨®n para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
- Que se ampl¨ªen los plazos de prescripci¨®n de procedimientos disciplinarios de los jueces.
Las cinco medidas adoptadas parcialmente son:
- Que se reexamine el tipo de datos que deben hacer p¨²blicos los parlamentarios.
- Que los jueces adopten un c¨®digo deontol¨®gico p¨²blico.
- Que se revise el m¨¦todo de selecci¨®n y la duraci¨®n del mandato del fiscal general.
- Que los fiscales adopten un c¨®digo deontol¨®gico.
- Que se establezca un marco reglamentario espec¨ªfico para las sanciones disciplinarias en la fiscal¨ªa.
Los expertos europeos en materia anticorrupci¨®n muestran en el informe su inquietud por la opini¨®n generalizada entre los jueces de que su m¨¢ximo ¨®rgano rector no respeta el principio de independencia (seg¨²n un sondeo interno) y por el hecho de que Espa?a ocupe todav¨ªa el vigesimoquinto lugar (de 28) en cuanto a la mala percepci¨®n de los ciudadanos al respecto, seg¨²n un an¨¢lisis realizado por la UE. Para el Greco, es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Altos funcionarios
Como conclusi¨®n, el informe ¡°deplora¡± que, contrariamente a lo que expresamente se hab¨ªa preconizado, ¡°no haya habido ninguna reflexi¨®n ni ning¨²n compromiso para reforzar la independencia del CGPJ¡±.
Pero en el terreno de la justicia no solo el m¨¢ximo ¨®rgano de los jueces merece las cr¨ªticas del Greco. Tampoco est¨¢ en l¨ªnea con las recomendaciones anticorrupci¨®n el sistema de elecci¨®n de los altos funcionarios de la judicatura, como son los presidentes de los tribunales provinciales, de los tribunales superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.
En concreto, el Greco ve negativamente el hecho de que Espa?a no disponga de criterios objetivos para elegirlos. El an¨¢lisis considera imprescindibles fijar tales criterios para que los nombramientos ¡°no susciten duda alguna sobre la independencia, la imparcialidad o la transparencia del proceso¡±. Dichos nombramientos dependen del poder discrecional del propio CGPJ y, en contra de las promesas hechas por el Ejecutivo para modificar la situaci¨®n, ¡°no se ha tomado ninguna nueva medida legislativa¡±. Espa?a tambi¨¦n ha deso¨ªdo la recomendaci¨®n hecha en enero de 2014 de aumentar los plazos de prescripci¨®n de procedimientos disciplinarios, que es de solo seis meses. La cortedad de dicho plazo, recuerda el Greco, ¡°ha obligado al Tribunal Supremo a anular varias decisiones tomadas por el CGPJ¡±.
El Consejo de Europa ¡ª47 pa¨ªses miembros, de los cuales 28 pertenecen a la Uni¨®n Europea¡ª vela por el cumplimiento de la Convenci¨®n de Derechos Humanos. De ¨¦l depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Greco se estableci¨® en 1999 para monitorizar el cumplimiento de los est¨¢ndares contra la corrupci¨®n.
Espa?a desoye las recomendaciones para atajar la corrupci¨®n
Hace casi tres a?os, el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (Greco) del Consejo de Europa plante¨® a Espa?a 11 recomendaciones para combatir mejor la corrupci¨®n entre los parlamentarios, los jueces y los fiscales. La instituci¨®n con sede en Estrasburgo se manifestaba alarmada por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs e impon¨ªa unos deberes para intentar resolver la situaci¨®n. Casi tres a?os despu¨¦s, considera que ninguna de las 11 medidas propuestas entonces ha obtenido una respuesta satisfactoria. Seis de ellas ni siquiera se han puesto en marcha.
Reconoce el Consejo de Europa que ha habido reformas positivas, como la implementaci¨®n de la ley de transparencia de 2013, pero recuerda que Espa?a es, seg¨²n la organizaci¨®n Transparencia Internacional, uno de los pa¨ªses de mayor declive registrado en los ¨²ltimos cuatro a?os a este respecto, y se?ala tambi¨¦n que el bloqueo pol¨ªtico actual ha dejado en suspenso varias reformas en materia de lucha contra la corrupci¨®n.
En t¨¦rminos generales, las medidas recomendadas por el Greco se centran en lograr una mayor independencia del poder judicial, pero tambi¨¦n de la fiscal¨ªa, y en dotar de una mayor transparencia a la actividad parlamentaria, siempre para prevenir la corrupci¨®n. La respuesta en los tres cap¨ªtulos es ¡°decepcionante¡± y ¡°globalmente insatisfactoria¡±, seg¨²n el Greco.
Para reducir la corrupci¨®n y evitar conflictos de intereses en el Parlamento, el Greco recomend¨® a Espa?a que estableciese un c¨®digo de conducta, que elaborase un registro de lobbistas y que publicase gastos, patrimonio, remuneraci¨®n o regalos recibidos para parte de los parlamentarios. Apenas nada se ha hecho al respecto, m¨¢s all¨¢ de abrir un portal de transparencia en el Congreso y el Senado con los gastos de desplazamientos.
Los expertos europeos en anticorrupci¨®n se?alan que Espa?a tiene que introducir medidas adicionales, como publicar el valor mercantil de los bienes inmobiliarios y veh¨ªculos de sus se?or¨ªas, la raz¨®n social de las empresas en las que participan, las tasas de inter¨¦s de los pr¨¦stamos que tienen o los desplazamientos pagados por un tercero.
El Greco ped¨ªa a Espa?a tambi¨¦n que examinara el sistema de selecci¨®n y la duraci¨®n del mandato del fiscal general. El Gobierno ha alegado en este caso que, una vez elegido el fiscal general, la fiscal¨ªa dispone de una autonom¨ªa plena de funcionamiento. Las respuestas a este cap¨ªtulo no se consideran tan negativas; no porque se hayan acometido cambios, sino porque el Greco, advierte, solo ped¨ªa examinar la cuesti¨®n.
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