El Constitucional anula otro cr¨¦dito a Defensa para comprar armas
El alto tribunal acepta que no se devuelvan los 856,4 millones cobrados por las empresas en 2015
El Tribunal Constitucional ha anulado el cr¨¦dito extraordinario por valor de 856,4 millones de euros aprobado por el Gobierno en 2015 para pagar los Programas Especiales de Armamento (PEAS), como el caza Eurofighter, el avi¨®n de transporte A400M, el carro de combate Leopardo o la fragata F-100. El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que "el uso sistem¨¢tico del decreto-ley como forma jur¨ªdica de vehicular cr¨¦ditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento" no est¨¢ justificado por razones de "extraordinaria y urgente necesidad" y, por tanto, "no se ajusta a las previsiones constitucionales".
Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a trav¨¦s de este sistema irregular, ya que "la protecci¨®n de los terceros de buena fe que mantienen relaciones econ¨®micas con la Administraci¨®n se ver¨ªa gravemente comprometida si desapareciese la autorizaci¨®n del cr¨¦dito extraordinario". En consecuencia, "tras ponderar el principio de seguridad jur¨ªdica", declara "no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad"? del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.
Esta sentencia es pr¨¢cticamente id¨¦ntica a otra que el alto tribunal aprob¨® en julio pasado, por la que anulaba el decreto ley de 2014, que destin¨® 883,6 millones de euros a los PEAS, dando la raz¨®n al recurso presentado por el PSOE y otros grupos de la oposici¨®n (Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD). Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha desembolsado 4.390 millones de euros para el pago de estos programas, que se iniciaron en la etapa de Aznar y cuya factura total ronda los 30.000 millones, a pesar de las repetidas advertencias de los expertos sobre la inconstitucionalidad del recurso al decreto-ley.
La consecuencia pr¨¢ctica de estas dos sentencias es que el Gobierno no podr¨¢ volver a emplear este procedimiento y tendr¨¢ que incluir el pago de los PEAS en los presupuestos ordinarios o en una ley paralela. Se trata de una decisi¨®n controvertida, ya que ello supondr¨ªa incrementar los presupuestos de Defensa en torno al 15%, en un momento en que est¨¢ pendiente un dr¨¢stico ajuste de gastos y no existe una mayor¨ªa clara en el Congreso para sacar adelante las cuentas p¨²blicas.
Defensa preve¨ªa aprobar este verano un nuevo cr¨¦dito extraordinario de 1.000 millones para atender la nulidad de la factura de los PEAS, pero no ha podido hacerlo al encontrarse el Gobierno en funciones y recibir en julio el primer varapalo del Constitucional.
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