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Condenado a empujar eternamente una pesada roca hasta lo alto de la monta?a, que luego se derrumbaba y le obligaba a empezar otra vez, S¨ªsifo fue castigado a mantenerse ocupado para no darle ocasi¨®n a urdir otros planes. Algo de eso han sufrido hasta ahora los defensores de la reforma constitucional. Ya no estamos en los tiempos en que una clase pol¨ªtica llena de vigor se puso a la tarea de redactar la ley fundamental, a finales de los a?os setenta; cuando un joven Felipe Gonz¨¢lez lanzaba aquello de ¡°las Cortes se bastan y se sobran para dotar a Espa?a de una Constituci¨®n¡±, frente a las precauciones de quienes prefer¨ªan una comisi¨®n restringida.

Al contrario. El ambiente se ha llenado de advertencias sombr¨ªas y de reservas sobre las consecuencias de poner en marcha cambios en la Ley Fundamental, reiteradas por el propio Mariano Rajoy. Solo faltaba la cat¨¢strofe de Matteo Renzi en la consulta constitucional italiana para proporcionar otra excusa al PP.

La postura de este partido es muy relevante. No puede impedir iniciativas de reforma promovidas por otros, pero s¨ª posee la primera de las llaves necesarias para aprobarlas. M¨¢s all¨¢ de que es pol¨ªticamente imposible marginar al partido m¨¢s votado, los populares controlan el Senado. Hace falta una mayor¨ªa absoluta de esta C¨¢mara para dar curso a cualquier reforma constitucional, y solo el PP tiene ese quorum en esta legislatura.

Otras llaves se encuentran en poder del PSOE y de Unidos Podemos que, sin contar con diputados suficientes como para bloquear iniciativas de reforma, s¨ª los tienen para exigir un refer¨¦ndum. La consulta en las urnas, obligada en caso de que la reforma afecte a las partes ¡°especialmente protegidas¡± del texto constitucional, solo es facultativa en caso de que los cambios no afecten a los problemas dif¨ªciles del t¨ªtulo preliminar (naci¨®n o soberan¨ªa, entre otros), a los derechos fundamentales y a la Monarqu¨ªa.

En realidad, introducir cambios en la Ley Fundamental remite a la necesidad de anteponer los acuerdos pol¨ªticos al despliegue de proyectos de articulado. ¡°Hay que atraer a los extremos a la mesa de negociaciones¡±, recomienda Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de Constitucional en Barcelona. Tanto Podemos como los independentistas ¡°deber¨ªan recibir la invitaci¨®n de participar como las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas. Si ellos quieren levantarse de la mesa, que lo hagan, pero no hay que excluirles de antemano¡±.

En el mundo acad¨¦mico bullen las ideas de reforma constitucional, pero falta el impulso pol¨ªtico para iniciar la revisi¨®n. No hay duda de que la mayor dificultad de cualquier proyecto de reforma ha sido y es el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n que, a fuer de proclamar ¡°la indisoluble unidad de la Naci¨®n espa?ola, patria com¨²n e indivisible de todos los espa?oles¡±, reconoce y garantiza el derecho a la autonom¨ªa ¡°de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas¡±.

La mayor autoridad espa?ola en derecho constitucional, Francisco Rubio Llorente, recientemente desaparecido, sosten¨ªa que no hay necesidad de reformar ese art¨ªculo si se sacan otras consecuencias impl¨ªcitas en ¨¦l. En su d¨ªa, los pactos del PP y del PSOE decidieron un desarrollo del art¨ªculo 2 favorable al m¨¢ximo techo competencial para todas las comunidades, si bien ¡°se podr¨ªa seguir una senda diferente sin reformarlo¡±, dej¨® dicho Rubio Llorente en EL PA?S (20-02-2013). Eso es lo que ha mantenido la tensi¨®n con Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, ¡°el problema sin resolver que, adem¨¢s, no sabemos c¨®mo resolver¡±.

Miguel Herrero de Mi?¨®n, uno de los siete ponentes de la Constituci¨®n, es uno de los defensores de salvar el problema reconociendo la singularidad de Catalu?a con una disposici¨®n adicional al texto constitucional. Una propuesta muy respetable, seg¨²n Xavier Arb¨®s, quien cree, sin embargo, que al independentismo catal¨¢n ya no le vale y solo quiere pactar un refer¨¦ndum de independencia, ¡°que adem¨¢s pretende llevar a cabo, tanto si se acuerda como si no¡±.

Tocar los derechos fundamentales tambi¨¦n est¨¢ cargado de consecuencias (disoluci¨®n de las Cortes, nuevas elecciones, consulta popular forzosa). Ah¨ª entrar¨ªan las ideas de la izquierda pol¨ªtica para acentuar el laicismo del Estado (ahora solo aconfesional) o constitucionalizar el derecho a la salud al mismo nivel que el ya consagrado al derecho a la educaci¨®n.

Y m¨¢s all¨¢ de posibles debates sobre monarqu¨ªa o rep¨²blica, permanece el problema de la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesi¨®n de la Corona (art¨ªculo 57). Una contradicci¨®n flagrante con la igualdad de los espa?oles ante la ley (art¨ªculo 14), cuya soluci¨®n necesitar¨ªa tocar la Constituci¨®n por el procedimiento m¨¢s duro.

En cambio, la reforma del Senado es de las que no exigen formalidades tan dif¨ªciles. La opini¨®n de que se trata de una C¨¢mara redundante y superflua viene de lejos, dado su car¨¢cter subalterno del Congreso ¡ªexcepto en casos como la reforma constitucional¡ª. Muy radical en este aspecto, Ciudadanos sugiere cerrar el Senado si no se dedica a los asuntos territoriales. La izquierda pol¨ªtica y algunos expertos sugieren transformarlo en un Bundesrat, la C¨¢mara donde se re¨²nen los representantes de los L?nder (Estados federados) de Alemania. Un Senado de este tipo ya no ser¨ªa elegido en las urnas, al convertirse sus esca?os en lugar de encuentro y votaci¨®n de los Gobiernos de las autonom¨ªas (u otras posibles entidades federales).

Y no hay que perder de vista lo que ha sucedido durante el bloqueo pol¨ªtico de 2016, como se?ala la catedr¨¢tica Yolanda G¨®mez (ver art¨ªculo adjunto). Lo que realmente ha puesto de relieve son las clamorosas lagunas en la regulaci¨®n de la investidura del jefe del Gobierno. La Constituci¨®n ni fija plazos para que el Rey proponga al candidato, ni tampoco para que este pida la confianza de la C¨¢mara, con los consiguientes retrasos. Parad¨®jicamente, una Constituci¨®n que deja todo eso al azar s¨ª establece un plazo perentorio (dos meses) para repetir las elecciones cuando fracasan las investiduras. La exigencia es perversa, porque los partidos tienen poco inter¨¦s en negociar si saben que pueden enfrentarse enseguida a nuevas elecciones.

Otros temas ¡ªla eliminaci¨®n de la provincia como distrito electoral o la exigencia de Ciudadanos para suprimir los aforamientos de diputados y senadores¡ª se pueden abordar sin necesidad de utilizar el procedimiento m¨¢s duro (disoluci¨®n de las Cortes, refer¨¦ndum forzoso).

No hay duda de que hay materia para revisar la Constituci¨®n sin recurrir a teatrales procesos constituyentes. Lo que falta es voluntad pol¨ªtica para hacerlo, antes que dejarse llevar hacia una crisis mayor por falta de reformas.