La juez N¨²?ez censura ¡°las teor¨ªas sobre conspiraci¨®n¡± de Alaya, el PP y la Guardia Civil

La juez Mar¨ªa N¨²?ez ha censurado las "teor¨ªas sobre conspiraci¨®n y tramas delictivas" elaboradas en la pieza pol¨ªtica del caso de los cursos de formaci¨®n, iniciada por Mercedes Alaya tras recibir informes con "irregularidades administrativas" y tras una mera "hip¨®tesis" de la Guardia Civil que luego ha "avalado" el PP, en su guerra pol¨ªtica contra la Junta de Andaluc¨ªa.

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Al aterrizar en el juzgado hace un a?o y medio, N¨²?ez se enfrent¨® con crudeza a Alaya, que la tild¨® de incompetente, y posee una visi¨®n radicalmente distinta de su predecesora. Mientras que Alaya apreciaba delito en numerosas decisiones de la Junta, N¨²?ez ha desarrollado investigaciones mucho menos inquisitivas, de ah¨ª que ahora haya cargado contra Alaya, junto a la Guardia Civil y el PP, que comparten muchas de sus acusaciones sobre la labor del Gobierno andaluz y que N¨²?ez estima desmesuradas y sin base.

Las cr¨ªticas de hoy de la magistrada N¨²?ez censuran tres patas fundamentales de la acusaci¨®n del caso de los cursos de formaci¨®n y solo deja fuera a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que apoy¨® el archivo de esta rama troncal que afecta a la Junta de Andaluc¨ªa como pagadora de los cursos.

En respuesta a un recurso del PP contra el archivo de la pieza pol¨ªtica de los cursos, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla afirma que su "criterio operativo" en esta causa consiste en iniciar investigaciones penales tras la "interpretaci¨®n" de informes de la C¨¢mara de Cuentas andaluza y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Tras esos informes sobre los 2.896 millones invertidos por la Junta en formaci¨®n entre 2002 y 2012, desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se elabor¨® una "hip¨®tesis" de una supuesta red clientelar y de una "organizaci¨®n criminal" formada por altos cargos del Ejecutivo auton¨®mico, que no se ha podido demostrar y que motiv¨® el archivo de esta pieza por la juez el pasado octubre, tras la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

En la pieza pol¨ªtica de los cursos hab¨ªa 24 exdirigentes de la Junta investigados, 16 de ellos detenidos por Alaya y que pasaron por calabozos. Para N¨²?ez, en esta causa se actu¨® como en el Caso avales, que tambi¨¦n abri¨® Alaya, y se elaboraron "teor¨ªas sobre conspiraci¨®n y tramas delictivas", una tesis que ha sido "avalada" por el PP andaluz, concluye en su auto.

En contraste con la juez, el Instituto Armado estim¨® que las irregularidades en la concesi¨®n, justificaci¨®n y liquidaci¨®n de las subvenciones "eran fruto de una actuaci¨®n concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organizaci¨®n criminal, de una asociaci¨®n il¨ªcita, que comprend¨ªa toda la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa". Sin embargo, para la juez esto no ha quedado demostrado.

Esta supuesta organizaci¨®n dentro del Gobierno andaluz benefici¨® a una "red clientelar" tras actuar "de forma concertada y bajo instrucciones espec¨ªficas" y provoc¨®, "de forma consciente", una "malversaci¨®n del erario p¨²blico", seg¨²n la tesis de la UCO a la que se refiere la juez y que respald¨® Alaya. Tras recordar la "especial formaci¨®n" que se requiere para analizar los informes oficiales para evitar "conclusiones err¨®neas", la juez subraya que los propios interventores de la Intervenci¨®n General, que examinan la actuaci¨®n administrativa, no han abierto causas penales por irregularidades administrativas.

"C¨®mo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la Intervenci¨®n, causas que vienen siendo archivadas por los juzgados de instrucci¨®n", indica la instructora en alusi¨®n a los archivos decretados por varios juzgados andaluces sobre los cursos de formaci¨®n.

La juez N¨²?ez advierte de que estas investigaciones penales pueden causar "un grave perjuicio a muchas familias cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada", que han tenido que defenderse "como presuntos delincuentes" y respecto a las cuales se pone en duda su honorabilidad y profesionalidad. Tambi¨¦n se?ala que esta causa perjudic¨® a personas que dejaron de recibir una formaci¨®n "necesaria y ¨²til para su vida profesional". Es decir, la juez critica la ligereza de Alaya para meter en calabozos a altos cargos de la Junta con indicios d¨¦biles en su contra, seg¨²n su tesis.

"Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detr¨¢s de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es leg¨ªtimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jur¨ªdicos de fondo", indica N¨²?ez sobre la referencia a la estrategia del PP con los recursos que presenta.