Un grave error judicial del Estado se salda con una indemnizaci¨®n de 5.000 euros

La sevillana Sonia R. V. tiene 41 a?os y acaba de recibir el segundo mazazo de su vida. Seis folios que incluyen una cifra: 5.000 euros. Es la compensaci¨®n que esta madre de dos menores cobrar¨¢ del Estado por el grave error judicial que dej¨® en libertad a los dos condenados por la muerte de su marido. ¡°Me dijeron que la Justicia era lenta pero justa. Ya no s¨¦ qu¨¦ pensar¡­¡±, concede Sonia por tel¨¦fono.

Diciembre de 2000. El esposo de Sonia, Manuel Vicente, de 26 a?os, fallece tras caer de una altura de diez metros. Trabajaba en una nave industrial de Sevilla. El Juzgado de lo Penal n¨²mero 5 de la capital andaluza condena a los due?os de la compa?¨ªa Secour por el accidente. La sentencia impone a los patronos, los hermanos Francisco Jos¨¦ y Juan Jaime Rodr¨ªguez, 15 meses de prisi¨®n y una indemnizaci¨®n de 210.000 euros (150.000 para Sonia y 60.000 para la madre del fallecido). La firma carec¨ªa de seguro contra accidente mortal.

La esposa del fallecido pidi¨® por ignorancia solo 10.000 euros de indemnizaci¨®n. Le han concedido? 5.000.??

Los empresarios recurren sin ¨¦xito el fallo. Y, con la resoluci¨®n firme, llega la negligencia. La juez se olvida de enviar a prisi¨®n a los condenados. Ignora las seis peticiones del abogado de Sonia, Aurelio Garnica. Y no ejecuta la sentencia. Cuando quiere hacerlo, ya no es posible. La ley no lo permite. El plazo de cinco a?os ha pasado. El sumario hab¨ªa acumulado polvo en el juzgado durante siete. ¡°Nunca habl¨¦ directamente con la juez¡±, reconoce Sonia.

Lo que m¨¢s le duele a esta mujer que encaj¨® la mayor cornada de su vida diez meses despu¨¦s de su boda fue la actitud de los jefes de su marido. Sostiene que los Rodr¨ªguez quisieron quitarse de en medio tras el siniestro. Cerraron la empresa del accidente, Secour, por una supuesta quiebra. Y abrieron otra con un nombre distinto. Sonia lo sabe porque contrat¨® a una agencia de detectives para rastrear los manejos de quienes fueron los empleadores de su marido.

Uno de los condenados, adem¨¢s, firm¨® una separaci¨®n de bienes. Traspas¨® el patrimonio a su esposa. No quer¨ªa pagar la indemnizaci¨®n. Sonia denuncia que tampoco cobr¨® los 3.000 euros que le adeudaban a su marido por n¨®minas atrasadas. ¡°El puesto de trabajo era muy precario¡±, recuerda.

Los hermanos Rodr¨ªguez desplegaron sus tretas para no entrar en prisi¨®n. Alegaron que nunca ordenaron a su trabajador que se subiera con un elevador a la cubierta de la nave industrial de Sevilla donde falleci¨® tras caerse al ceder una estructura de uralita. Manuel Vicente llevaba arneses pero no cuerdas para sujetarse. ¡°Llegaron a decir [los patronos] que mi marido estaba haciendo horas extra por la tarde por su cuenta y sin cobrar¡±, explica la esposa de la v¨ªctima.

Los Rodr¨ªguez fueron condenados en abril de 2004 a sendas penas de un a?o de c¨¢rcel por homicidio imprudente y a tres meses por un delito contra los trabajadores. Recurrieron sin ¨¦xito la sentencia a la Audiencia de Sevilla. El tribunal confirm¨® la pena. Y remiti¨® las diligencias al juzgado de lo penal para que ejecutara la resoluci¨®n.

El juez orden¨® en 2012 el ingreso en prisi¨®n de los due?os de Secour. Pero los empresarios no llegaron a pisar la c¨¢rcel. Tampoco desembolsaron la indemnizaci¨®n de 210.000 euros. El abogado de los condenados expuso que se hab¨ªa superado el plazo de cinco a?os para ejecutar una sentencia. Y as¨ª fue.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es como se denomina el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces, dio la raz¨®n a Sonia. Pero con eso se qued¨®. La instituci¨®n reconoci¨® que se hab¨ªa producido un ¡°funcionamiento anormal de la justicia¡±. El espaldarazo sirvi¨® de poco. El CGPJ carece de competencias para sancionar este tipo de errores.

Tras 17 a?os de odisea en los tribunales, el ¨²ltimo golpe de Sonia lleg¨® el pasado 16 de abril. Ten¨ªa forma de carta. Una misiva firmada por la directora general de Relaciones con la Administraci¨®n del Ministerio de Justicia, Carmen S¨¢nchez-Cort¨¦s. El sobre conten¨ªa la respuesta a la reclamaci¨®n patrimonial presentada por Sonia en noviembre de 2014 a cuenta del error judicial.

Por consejo de su abogado, la viuda fue cauta. Pidi¨® 10.000 euros a Justicia. Solo cobrar¨¢ 5.000. Puede considerarlo un ¨¦xito. El Ministerio de Rafael Catal¨¢ baraj¨® concederle 3.000, seg¨²n la misiva. El texto menciona el art¨ªculo 121 de la Constituci¨®n. Aquel punto que dice que el Estado deber¨¢ indemnizar a las v¨ªctimas de los errores judiciales.

Sonia R. V. desea olvidar. En 2009 perdi¨® el rastro de los jefes de su marido. "Quiero pasar p¨¢gina¡±, concluye.