Anticorrupci¨®n sit¨²a a una empresa p¨²blica en el origen de la fortuna de Granados

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a¨²n no sabe d¨®nde oculta Francisco Granados la supuesta fortuna que se le atribuye, pero cree conocer su origen: Arpegio, la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid que estuvo bajo control del pol¨ªtico mientras este ocup¨® la Consejer¨ªa de Presidencia del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes cercanas a la investigaci¨®n, el exhaustivo registro que la semana pasada hizo la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de esta sociedad buscaba recabar pruebas sobre un supuesto ama?o masivo de adjudicaciones en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) entre 2006 y 2011, cuando se gestion¨® desde esta empresa al sospecharse que estos contratos fueron la principal v¨ªa utilizada por el ex secretario general del PP madrile?o para enriquecerse.

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Aquel d¨ªa hubo 12 imputaciones, entre ellas las de varios funcionarios que participaron en las mesas de contrataci¨®n, un abogado, algunos empresarios y un viceconsejero de la Comunidad, Miguel ?ngel Ruiz, quien ocupaba un cargo directivo en Arpegio. Los agentes utilizaron las palabras ¡°Granados¡±, ¡°Prisma¡±, ¡°Ruiz¡± y ¡°Taboada¡± ¡ªesta ¨²ltima en alusi¨®n a Jaime Gonz¨¢lez Taboada, actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes y alto cargo con Aguirre¡ª para rastrear los servidores inform¨¢ticos de la compa?¨ªa en busca de documentaci¨®n sobre los supuestos ama?os de concursos que suman cerca de 800 millones de euros.

¡°Cuando se comenz¨® la investigaci¨®n, las sospechas sobre el enriquecimiento de Granados estaban centradas en las operaciones urban¨ªsticas de Valdemoro [municipio en el que fue alcalde entre 1999 y 2003], pero los ¨²ltimos datos revelan que no fue as¨ª. El origen de su fortuna puede estar en el control que tuvo de las inversiones en obra realizadas por Arpegio¡±, se?alan fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

La confesi¨®n de Marjaliza

La apertura de una pieza separada en el sumario sobre las supuestas irregularidades en esta empresa p¨²blica arrancaron con la confesi¨®n que el constructor David Marjaliza, entonces socio de Granados y ahora colaborador de la justicia, hizo en el verano de 2015. Este empresario revel¨® el supuesto pago de comisiones por parte de ¡°contratistas y promotores¡± para hacerse con las adjudicaciones del Plan Prisma. Marjaliza lleg¨® a detallar al juez Velasco c¨®mo se repart¨ªan los presuntos ama?os: ¡°Un tercio de la obra era para los t¨¦cnicos, un tercio para Jaime Gonz¨¢lez Taboada con su gente y el ¨²ltimo tercio para Paco [Granados] o la consejer¨ªa¡±.

En el auto de julio de 2016 con el que ordenaba a la Comunidad de Madrid que le entregasen abundante documentaci¨®n de Arpegio, el juez ya apuntaba que Granados aprovech¨® su puesto como consejero para manipular un elevado n¨²mero de contratos de obras p¨²blicas gestionadas desde la empresa p¨²blica del suelo. El auto recalcaba que el pol¨ªtico en ocasiones actuaba ¡°en persona¡± y en otras, ¡°por delegaci¨®n¡±. Para esto ¨²ltimo coloc¨® como vocal en el ¨®rgano de decisi¨®n de la empresa p¨²blica a una persona de su confianza.

Entre aquella documentaci¨®n reclamada -y que es la que el juez pidi¨® a los expertos de la Agencia Tributaria que analizasen- figuraban nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la direcci¨®n del presunto cabecilla de la trama P¨²nica, as¨ª como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la sociedad p¨²blica en el que se establec¨ªan las bases que reg¨ªan las actuaciones del Plan Prisma.

Tambi¨¦n estaban los acuerdos por los que el pol¨ªtico encarcelado design¨® a Gonz¨¢lez Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contrataci¨®n de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al entonces consejero de Presidencia a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administraci¨®n celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contrataci¨®n.

El magistrado incluy¨® en su encargo a Hacienda el rastreo de las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa An¨¢lisis y Gesti¨®n de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Uno de sus directivos ha sido imputado ahora. Para ello, le entreg¨® los expedientes de adjudicaci¨®n de ocho contratos a dicha sociedad por los que ¨¦sta se embols¨® 9,8 millones de euros.?