Archivada la Operaci¨®n Ed¨¦n tras cinco a?os de err¨¢tica investigaci¨®n y 150 detenidos

La juez de Madrid Rosa Mar¨ªa Freire ha decidido archivar (tras cinco a?os de equ¨ªvoca instrucci¨®n) la macrooperaci¨®n que condujo a la c¨¢rcel a varias decenas de personas del centenar y pico de detenidos ca¨ªdos desde 2009 en la llamada Operaci¨®n Ed¨¦n. La polic¨ªa la calific¨® como la mayor batida policial nunca hecha en Espa?a contra el crimen organizado. Si eran culpables los detenidos, se han ido de rositas; y si no lo eran, han sido v¨ªctimas injustas del sistema judicial y policial, que ha conculcado derechos fundamentales en las pesquisas, seg¨²n la fiscal¨ªa. La causa est¨¢ envenenada de irregularidades. No se puede pinchar un tel¨¦fono sin previa motivaci¨®n y con la finalidad de buscar el delito en las escuchas, recuerda la fiscal Antonia Guijarro en su escrito de seis folios al que ha tenido acceso EL PA?S y en el que deja en papel mojado uno de los sumarios m¨¢s voluminosos de los ¨²ltimos lustros.

El fiscal: es necesario que haya ¡°fuertes presunciones o buenas razones¡± para pincharle a alguien su tel¨¦fono

La ahora cuestionada investigaci¨®n naci¨® como una pieza separada relacionada con la muerte, el 13 de enero de 2009, del ciudadano b¨²lgaro Catalin Stefan Craziun, Cata, de 31 a?os. La polic¨ªa, el Grupo XVI de la Udyco de la Brigada Provincial de la Polic¨ªa Judicial de Madrid, enmarc¨® el crimen en supuestas mafias que se hab¨ªan apoderado por la fuerza de la seguridad en las discotecas de Madrid y otras ciudades y pugnaban a muerte por su control. A Catalin Stefan, jefe de los porteros de la discoteca madrile?a Heaven Palace, lo mataron a tiros. La posterior Operaci¨®n Ed¨¦n dio como resultado el decomiso de unos 200 kilos de coca¨ªna y decenas de encarcelados. Pero en un Estado de derecho no vale todo, sostiene la fiscal¨ªa.

El pasado 26 de julio, la juez Freire dict¨® un auto ordenando el cese de las medidas cautelares que aun pesaban sobre algunos de los m¨¢s de 150 detenidos en Ed¨¦n, cifra r¨¦cord en los juzgados de plaza de Castilla en una misma causa. Y justifica su decisi¨®n en que la Fiscal¨ªa de Madrid le ha pedido sobreseer la causa, lo que la obligaba a ella a acordarla al quedarse esta sin ninguna acusaci¨®n. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 32 de Madrid no entran en valoraciones sobre lo que ha sucedido con esta pol¨¦mica instrucci¨®n. Pero archiva los 200.000 folios de la causa tras recibir un escrito de la fiscal Guijarro en el que critica la vulneraci¨®n de derechos fundamentales cometida con la ¡°multitud de tel¨¦fonos¡± que se pincharon indebidamente y sin una causa previa justificada.

La fiscal no deja t¨ªtere con cabeza en su alegato contra los macroprocesos acompa?ados de resonancia medi¨¢tica que echan ramas que se van judicializando ¡°sin conexi¨®n¡± y bajo el mismo paraguas. Sostiene que en un Estado de derecho no vale intervenir tel¨¦fonos en la confianza de los posibles delitos que pudieran arrojar las escuchas, que es lo que ha sucedido en la Operaci¨®n Ed¨¦n. Ni tampoco acumular en una misma causa delitos cometidos por grupos de personas sin relaci¨®n alguna entre ellos y por delitos diferentes. El escrito de la fiscal menciona jurisprudencia del Constitucional y el Supremo sobre los l¨ªmites de las intervenciones telef¨®nicas y una resoluci¨®n de la Secci¨®n 17 de la Audiencia de Madrid, que preside Jes¨²s Fern¨¢ndez Entralgo,? que dio carpetazo a otro sumario que tampoco respet¨® derechos fundamentales de los implicados.

Dice la fiscal que las ramificaciones surgidas en Ed¨¦n no tienen conexi¨®n entre s¨ª ni relaci¨®n con el origen de esta operaci¨®n: el crimen de Catalin Stefan a manos de Carlos Monje, quien s¨ª fue condenado por ello a 23 a?os de prisi¨®n. Monje, El cuchillos, mat¨® a Stefan en el descansillo de entrada a la discoteca Heaven Palace, con 700 personas dentro. Y declar¨® que todo sucedi¨® tras negarle la entrada Catalin Stefan por su indumentaria, pero nada dijo de tramas nocturnas. Sin embargo, la creencia policial de que tras este crimen hab¨ªa una lucha mafiosa por el control de la noche engord¨® y engord¨® la Operaci¨®n Ed¨¦n con otros asuntos ajenos a este homicidio. En la huida de Monje del local, perseguido por otros porteros, y en medio de disparos, tambi¨¦n cay¨® abatido un relaciones p¨²blicas de la vecina discoteca Joy Eslava, sobrino del expol¨ªtico andalucista Alejandro Rojas Marcos.

La fiscal¨ªa sostiene que de este homicidio se colgaron nuevos hechos que nada ten¨ªan que ver unos con otros. Una de las ramas inconexas de este macrosumario alud¨ªa, por ejemplo, a una supuesta relaci¨®n con el caso Coslada, hecho que tambi¨¦n se desvaneci¨® durante la instrucci¨®n. El asesino de Cata dijo pertenecer a la banda criminal de Los Miami (en 2009 esta banda ya no exist¨ªa, replic¨® la polic¨ªa), y a Cata, se le vincul¨® con clan de los b¨²lgaros. Nada estaba claro. Tambi¨¦n fue detenida, en otra de las ramas, la llamada Reina de la Coca de Espa?a.

No se puede pinchar un tel¨¦fono sin m¨¢s o con la finalidad de buscar el delito en las escuchas

El fiscal Guijarro arremete contra el instructor, el exjuez Santiago Torres, al que atribuye haber acumulado todas las diligencias del caso ¡°sin motivaci¨®n¡± y al ver en ellas, sin pruebas, una organizaci¨®n criminal; y tambi¨¦n por basar las primeras pesquisas ¡°en informaciones populares¡±, de calle, que dec¨ªan que la muerte de Cata formaba parte de una guerra a muerte entre mafias de porteros que adem¨¢s escond¨ªa venta de drogas en locales de ocio.

Pero el homicida de Cata nunca habl¨® de vendettas ni de guerras. Se?al¨® tras su detenci¨®n que Cata le propin¨® una brutal paliza durante la cual se le cay¨® la pistola y que ¨¦l se la arrebat¨® y le dispar¨® en defensa propia. La sentencia condenatoria, 23 a?os, le desmiente en este aspecto y se?ala que ¨¦l llevaba la pistola y que quiso entrar en la discoteca contra el criterio de Catalin Stefan y que, al no conseguirlo, le dispar¨® con su propia pistola.

El fiscal sostiene que de este homicidio se colgaron nuevos hechos que nada ten¨ªan que ver unos con otros

El fiscal acude a uno de los primeros informes de la polic¨ªa, de 2009, que advert¨ªa de que "no ten¨ªa constancia" de connivencias entre due?os de discotecas para dejar vender droga dentro, ni de que existiese una trama organizada: solo exist¨ªan ¡°sospechas¡± de que a veces se utilizaba la fuerza por el control de las discotecas. El juzgado desoy¨® ese primer informe e intervino ¡°una multitud de tel¨¦fonos¡±. El fiscal critica que la investigaci¨®n se iniciase "en base a sospechas, informaciones populares y corazonadas", pero "sin indicios concretos".?

Las pesquisas involucraron a ¡°multitud de sujetos de diversas partes del territorio nacional, la mayor parte sin conexi¨®n entre s¨ª, que iba apareciendo en las diligencias sin orden ni concierto, a la vez que se solicitaban (por la polic¨ªa) y se conced¨ªan (por el juez) una multitud de intervenciones telef¨®nicas¡±.? Recuerda el fiscal que todos los implicados negaron su participaci¨®n ¡°en el marem¨¢gnum de hechos que se les imputaban¡±.

"Investigaci¨®n prospectiva"

Esta es la t¨ªpica ¡°investigaci¨®n prospectiva o predelictual¡±, proscrita por la ley, destaca Guijarro. No se puede investigar a alguien, con medidas tan importantes como pinchazos telef¨®nicos y registros, para ver si ha cometido un delito, y solo cabe intervenir un tel¨¦fono si el delito es grave. Y a?ade que el juez, como director de la investigaci¨®n, ¡°no puede adoptar un papel pasivo¡± ante las ¡°sospechas o corazonadas¡± que pueda verter la polic¨ªa en sus informes. Es necesario que haya ¡°fuertes presunciones o buenas razones¡± para pincharle a alguien su tel¨¦fono. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerda tambi¨¦n la fiscal al pedir el archivo de la causa, que estuvo secreta muchos meses.

Apela igualmente para fundamentar el archivo a la teor¨ªa del ¨¢rbol envenenado (lo viciado pudre el resto) y alerta contra los relatos policiales fundados en suposiciones. Aunque el sumario estaba muy avanzado y se nutr¨ªa de decenas de miles de folios, la actual titular del juzgado 32 ha decidido darle el carpetazo sin esperar siquiera a que la Audiencia de Madrid analizase las decenas de recursos de los afectados que ten¨ªa sobre la mesa pidiendo el archivo de la investigaci¨®n por vulneraci¨®n de derechos fundamentales en la Operaci¨®n Ed¨¦n. Y todo ello tras cinco a?os de fallida instrucci¨®n en la que en la que han trabajado decenas de personas, entre funcionarios judiciales, penitenciarios, polic¨ªas y peritos.