En manos del Constitucional

Desde que la Generalitat y el Parlamento de Catalu?a se declararon ajenos a la legalidad ¡ªde forma progresiva a partir de 2012¡ª, el Gobierno del PP ha fiado toda su respuesta a una carta: el Tribunal Constitucional. A ¨¦l ha recurrido para que, a trav¨¦s de sus sucesivas resoluciones, fuera quedando constancia de la ilegalidad de cada paso dado por el Ejecutivo catal¨¢n; y para que as¨ª ¡ªsiempre a posteriori¡ª los tribunales pudieran certificar la desobediencia de los mandatarios catalanes y dictar condenas por ello.

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Ahora ha llegado el siguiente paso: el refer¨¦ndum ilegal con el que la Generalitat pretende, si gana el s¨ª, declarar la independencia en 48 horas. El Gobierno sostiene que esta vez s¨ª lo impedir¨¢, pero el PP ha aclarado que no ser¨¢ aplicando el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n (el que faculta al Ejecutivo a dar ¨®rdenes directas a las autoridades auton¨®micas para forzarles a cumplir la ley). Descartada esa v¨ªa, queda como m¨¢s probable la otra que siempre ha estado sobre la mesa: de nuevo, el Tribunal Constitucional.

La ley org¨¢nica de funcionamiento de ese tribunal que el PP reform¨® en 2015 con la vista puesta en Catalu?a tiene un art¨ªculo clave: el 92. En ¨¦l se establece que el Constitucional, para garantizar que sus sentencias se cumplen, ¡°podr¨¢ recabar el auxilio de cualquiera de las Administraciones y poderes p¨²blicos¡±, y que estos deber¨¢n prestarlo ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±. Es decir, que los magistrados podr¨ªan dirigirse a cualquier autoridad, nacional, auton¨®mica o municipal, y ordenarle, por ejemplo, que retire las urnas el 1 de octubre. El mismo art¨ªculo a?ade que, si las sentencias siguen sin aplicarse, el Constitucional podr¨¢ ¡°acordar la suspensi¨®n en sus funciones de las autoridades o empleados p¨²blicos de la Administraci¨®n responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso¡±.

As¨ª, si recurre a esa ley, el Gobierno delegar¨ªa en el Constitucional las medidas coercitivas que a ¨¦l le habr¨ªa permitido activar el art¨ªculo 155. Pero ya no depender¨¢ de s¨ª mismo, porque quedar¨¢ en manos del Constitucional decidir si usa ese art¨ªculo 92.

Hay, en todo caso, otra v¨ªa legal que siempre ha existido: que un juez o la fiscal¨ªa den instrucciones a los Mossos d¡¯Esquadra, que les deben obediencia por su car¨¢cter constitucional de polic¨ªa judicial. El nuevo director de los Mossos, Pere Soler, ya ha sugerido, sin embargo, que su prioridad no es cumplir la Constituci¨®n.