El Tribunal de Cuentas detecta numerosas irregularidades en el bicentenario de ¡®La Pepa¡¯
?lvarez de Miranda reprende a la Oficina de Conflictos de Intereses por no verificar datos de altos cargos
El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el Consorcio para la Conmemoraci¨®n del II Centenario de la Constituci¨®n de 1812 en los gastos de personal y las contrataciones. Tambi¨¦n ha hallado "debilidades significativas" en el sistema de control interno. As¨ª lo ha expuesto este lunes en el Congreso de los Diputados el presidente de la instituci¨®n, Ram¨®n ?lvarez de Miranda, durante la presentaci¨®n del informe de fiscalizaci¨®n sobre ese consorcio creado en 2007 para solemnizar la proclamaci¨®n de esta carta legal que sancionaba el tr¨¢nsito de la monarqu¨ªa absolutista a la constitucional y que se la conoci¨® como La Pepa por ser promulgada el 19 de marzo.
El informe del Tribunal de Cuentas constata "desorden y dispersi¨®n" en la documentaci¨®n, "falta de registros inform¨¢ticos" e "inexistencia de relaciones completas de los expedientes tramitados", irregularidades que no solo han complicado la inspecci¨®n sino que han limitado la fiscalizaci¨®n. Los "errores contables y omisi¨®n de numerosos justificantes de operaciones" han impedido que el Tribunal de Cuentas haya podido pronunciarse sobre la representatividad de las cuentas en los ejercicios 207-2012.
A las "numerosas deficiencias" halladas en la formalizaci¨®n de la documentaci¨®n contable y a la "incorrecta utilizaci¨®n de contratos de patrocinio para la concesi¨®n de subvenciones directas", el informe a?ade "falta de competencia" para regular y convocar subvenciones¡±, as¨ª como "falta de indicaci¨®n de los criterios de concesi¨®n", ¡°insuficiencia¡± en el sistema de planificaci¨®n y seguimiento de las actividades programadas, "acumulaci¨®n de competencias" en la gerencia del consorcio y "omisi¨®n de la aprobaci¨®n previa de expedientes de gasto".
El Consorcio para la Conmemoraci¨®n del II Centenario de la Constituci¨®n de 1812 estaba formado por el Gobierno central, la Junta de Andaluc¨ªa, la Diputaci¨®n y los Ayuntamientos de C¨¢diz y San Fernando.
En su comparecencia, ?lvarez de Miranda tambi¨¦n ha instado a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dependiente del Ministerio de Hacienda a comprobar peri¨®dicamente y aleatoriamente las declaraciones de bienes y actividades de altos cargos, as¨ª como a valorar la existencia de posibles conflictos de intereses.
Indemnizaciones de altos cargos
De acuerdo con el informe de fiscalizaci¨®n del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del r¨¦gimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector p¨²blico estatal, de 2012 a 2014, el Tribunal de Cuentas detect¨® que la OCI no desarroll¨® las facultades de verificaci¨®n e investigaci¨®n de datos que tiene legalmente atribuidas, limit¨¢ndose a examinar formalmente las reclamaciones y, en ocasiones, a solicitar su subsanaci¨®n.
La oficina, seg¨²n ha referido ?lvarez de Miranda, se limit¨® a recibir las declaraciones y a gestionar los registros sin verificar los datos en colaboraci¨®n con las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social. ¡°Solo se pidieron aclaraciones sobre lo declarado o noticias publicadas sin hacerse comprobaciones sobre los altos cargos que no declararon actividades ni aparecieron en prensa¡±, ha se?alado. Tampoco se valor¨® la presencia de posibles conflictos de intereses en los casos de reingreso en la funci¨®n p¨²blica, de incorporaci¨®n a organismos internacionales o de inicio en una actividad de nueva creaci¨®n.
En ese sentido, ha apuntado que por inicio de una actividad p¨²blica no se consider¨® la posible existencia de dicho conflicto en un alto cargo de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, tres de la comisi¨®n Nacional del Mercado de la Competencia, dos de la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones, cinco de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa y tres de la Comisi¨®n Nacional del Sector Postal. Tampoco se valor¨® la existencia de un alto cargo de la CNMV que inici¨® una actividad en organismo internacional y la declar¨® como actividad privada. Ni de otro de la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones que ejerci¨® la abogac¨ªa en un despacho propio de nueva creaci¨®n.
En la misma comparecencia y respecto al expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE) de Radio Televisi¨®n Espa?ola, ?lvarez de Miranda ha admitido que las modificaciones realizadas por en el plan inicial de saneamiento y futuro "alej¨® de la realidad" a la cadena p¨²blica en su objetivo prioritario, que era reducir las plantillas, rejuvenecerla, y hacer sostenible el modelo p¨²blico.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha explicado en la comisi¨®n que el coste real del ERE puesto en marcha por RTVE en 2007 asciende a 1.722 millones de euros hasta el ejercicio 2022, de los que 1.051 millones de euros ya se han desembolsado en el periodo 2007-2013.
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