Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constituci¨®n

Una decena de catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Mu?oz Machado, propuso ayer reformar la Constituci¨®n de 1978 y poner al d¨ªa el modelo territorial espa?ol aplicando ¡°t¨¦cnicas del federalismo¡± vigentes otros pa¨ªses europeos. Los expertos, que act¨²an por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonom¨ªa dejen de ser leyes org¨¢nicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. Tambi¨¦n proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alem¨¢n o austr¨ªaco.

La crisis independentista catalana se convertido en la manifestaci¨®n m¨¢s extrema, pero no la ¨²nica, de la ¡°fatiga de materiales¡± que aqueja a la Constituci¨®n Espa?ola de 1978, y es ¡°urgente¡± reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Mu?oz Machado, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constituci¨®n, que se present¨® este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Pol¨ªticas. Los expertos proponen aplicar las ¡°t¨¦cnicas y soluciones¡± federales a la actual configuraci¨®n auton¨®mica.

El documento niega que la reforma ¡°pueda hacerse pensando solo en Catalu?a¡±, defiende la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n contra el desaf¨ªo secesionista y rechaza que los ¡°grupos que han apoyado la intentona independentista¡± puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un cap¨ªtulo dedicado a Catalu?a. En ¨¦l, se recoge la sugerencia, defendida por ¡°algunos miembros del grupo¡±, de incorporar a la Constituci¨®n una nueva Disposici¨®n Adicional que establezca un ¡°r¨¦gimen jur¨ªdico singular¡± para esa comunidad y una ¡°relaci¨®n bilateral¡± con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.

El ¡°voluntariado c¨ªvico¡± de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Mu?oz Machado, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupaci¨®n por la ¡°situaci¨®n cr¨ªtica¡± que vive Espa?a por el desaf¨ªo independentista catal¨¢n. Seg¨²n su diagn¨®stico, la ¡°par¨¢lisis o incapacidad¡± de los partidos para reformar la Constituci¨®n ¡°pone en peligro el propio sistema pol¨ªtico¡±, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema auton¨®mico en su conjunto permitir¨¢ encauzar la situaci¨®n de Catalu?a.

Cinco de los firmantes ¡ªEliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaqu¨ªn Tornos¡ª pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedr¨¢ticos ejercen en Andaluc¨ªa ¡ªAna Carmona (Universidad de Sevilla) y Jos¨¦ Antonio Montilla (Granada)¡ª, el Pa¨ªs Vasco (Alberto L¨®pez Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier Garc¨ªa Roca).

Estos juristas defienden la necesidad de abrir un ¡°tiempo de reformas¡±, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constituci¨®n una ¡°cl¨¢usula europea¡± en el que se aclare que la norma espa?ola es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesi¨®n a la Corona o se reconozca la garant¨ªa de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran ¡°urgente¡± y ¡°prioritario¡± en este momento es la reforma que permita ¡°construir un modelo territorial s¨®lido que haga m¨¢s dif¨ªcil su deslegitimaci¨®n¡±.

Aunque los juristas no quieren ¡°dar excesiva importancia al t¨¦rmino¡±, reconocen que la reforma ¡°deber¨¢ hacerse en la l¨ªnea de los sistemas federales¡±. Los juristas plantea acabar con la doble condici¨®n de los Estatutos como ¡°norma institucional b¨¢sica¡± de la comunidad y, al mismo tiempo, ley org¨¢nica que debe ser aprobada por las Cortes. ¡°Ser¨ªa conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constituci¨®n¡±. Seg¨²n este criterio, los Estatutos solo deber¨ªan ser aprobados por el Parlamento auton¨®mico.

Competencias blindadas

El escrito defiende remodelar por entero el r¨¦gimen de distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut¨®nomas, cuyo car¨¢cter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el ¨¢rbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que la Constituci¨®n fije claramente las competencias del Estado y deje las auton¨®micas a lo que establezca cada Estatuto.

La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Aut¨®nomas participen en las decisiones del Estado y en la Uni¨®n Europea. El papel del Senado deber¨ªa cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alem¨¢n, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los l?nder. Tambi¨¦n se sugiere el modelo austr¨ªaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la C¨¢mara alta.

Los acad¨¦micos defienden que la Constituci¨®n incluya normas fundamentales sobre financiaci¨®n auton¨®mica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribuci¨®n de los recursos seg¨²n las capacidades de ingreso de las regiones

Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el di¨¢logo reformista que, seg¨²n ellos, deber¨ªa haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anul¨® una serie de art¨ªculos del Estatuto de Autonom¨ªa catal¨¢n de 2006.

Este di¨¢logo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. ¡°Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a refer¨¦ndum tanto en Catalu?a como en el conjunto de Espa?a¡±, a trav¨¦s de la revisi¨®n del Estatuto de Autonom¨ªa y de la propia Constituci¨®n. Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su d¨ªa en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. Los catedr¨¢ticos recuerdan que las propias mayor¨ªas que recoge la Carta Magna ¡ªtres quintos o dos tercios de la C¨¢mara, seg¨²n los casos¡ª ¡°son las ¨²nicas mayor¨ªas vinculantes¡±.