Comienza el juicio de los ERE, un proceso hist¨®rico a la anterior c¨²pula de la Junta

El primer juicio del caso ERE que arranca este mi¨¦rcoles sienta en el banquillo a la exc¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa ¨Clos expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, seis exconsejeros y 14 exaltos cargos- por el dise?o y mantenimiento del fondo de 855 millones para empresas en crisis utilizado entre 2001 y 2010. Es un proceso con una potente carga simb¨®lica que cuestiona la supuesta opacidad y discrecionalidad de las pol¨ªticas de empleo del Ejecutivo socialista, que desde hace 35 a?os gobierna esta comunidad. Siete a?os despu¨¦s del inicio de la investigaci¨®n y tras un breve paso por el Tribunal Supremo que devolvi¨® la causa a Sevilla, el primer juicio resolver¨¢ muchas dudas acumuladas a lo largo del mill¨®n de folios que suman la matriz y esta primera pieza desgajada, la denominada pol¨ªtica.

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El fiscal pide seis a?os de c¨¢rcel para el expresidente andaluz Gri?¨¢n por el caso de los ERE

El juez del caso ERE sentar¨¢ en el banquillo a Chaves y Gri?¨¢n por asociaci¨®n il¨ªcita

?De qu¨¦ est¨¢n acusados los 22 ex altos cargos y cu¨¢nto durar¨¢ el proceso?

El juicio busca aclarar si la anterior c¨²pula del Gobierno andaluz dise?¨® y sostuvo un sistema para otorgar de manera turbia ¡ªsin la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n General¡ª ayudas p¨²blicas a empresas afines al PSOE andaluz que acometieron ERE y recibieron subvenciones directas (73 millones). Los dirigentes no buscaron el lucro propio. ¡°Los pol¨ªticos, concertando sus actuaciones de modo expreso o t¨¢cito, permitieron la entrega de subvenciones con total discrecionalidad¡±, acus¨® el juez instructor ?lvaro Mart¨ªn. En el banquillo se sientan dos expresidentes andaluces, una exministra, cinco exconsejeros y 14 ex altos cargos, entre ellos el ex interventor general y el anterior jefe de los servicios jur¨ªdicos. Junto a los acusados declarar¨¢n 114 testigos y 12 peritos. Los tres jueces de la Audiencia de Sevilla ver¨¢n esta semana las cuestiones previas y la vista se retomar¨¢ en enero, pero dada la complejidad del juicio, su duraci¨®n es imprevisible, ya que el tribunal no ha establecido cronograma. Al menos, se prolongar¨¢ hasta el pr¨®ximo verano. Hay 150 periodistas acreditados.

?A qu¨¦ penas se enfrentan los acusados?

El expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n afronta una condena de seis a?os de c¨¢rcel y 30 a?os de inhabilitaci¨®n solicitada por la fiscal¨ªa por malversaci¨®n continuada, mientras que su antecesor Manuel Chaves se expone a una condena de 10 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n continuada, al igual que la exministra Magdalena ?lvarez. El PP, presente como acusaci¨®n, a?adi¨® el delito de asociaci¨®n il¨ªcita para los 22 encausados, que a?ade una pena de dos a?os de prisi¨®n a cada uno. El instructor acept¨® procesarlos por este delito. Adem¨¢s, los populares elevan el perjuicio a las arcas p¨²blicas andaluzas hasta los 1.280 millones, ya que calcula los intereses futuros que el Ejecutivo sigue y seguir¨¢ pagando por los ERE. La Junta de Andaluc¨ªa estuvo como acusaci¨®n durante la instrucci¨®n, pero ha considerado que no existi¨® un contubernio entre los dirigentes de la Administraci¨®n regional para favorecer a empresas amigas, sino que la malversaci¨®n estaba focalizada en la Consejer¨ªa de Empleo y se produjo solo en ayudas concretas, por lo que decidi¨® no presentar escrito de acusaci¨®n y no estar¨¢ en el juicio.

?Por qu¨¦ se ha desinflado la macrocausa?

La pasada primavera la Audiencia de Sevilla redujo de forma dr¨¢stica el tama?o de la macrocausa: estim¨® que cada acusado de la pieza pol¨ªtica solo puede afrontar ese juicio y no los otros de las 270 piezas desgajadas, ya que ser¨ªa juzgado dos veces por los mismos hechos. Fue una victoria clave para las defensas y una derrota de las tesis de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que busc¨® desde el principio la divisi¨®n del caso en contra del criterio de la primera instructora, Mercedes Alaya. Ahora los empresarios receptores de las ayudas p¨²blicas han alegado ante la Audiencia que ellos no pueden haber cometido malversaci¨®n si en los procesos no est¨¢n acusados los pol¨ªticos que les dieron el dinero y estos solo acuden como testigos. Si los magistrados apoyan de nuevo las tesis de las defensas, la macrocausa puede quedar reducida a un solo juicio, el de la pr¨®xima semana. De un plumazo desaparecer¨¢n los m¨¢s de 300 imputados que acumul¨® la macrocausa y todas las piezas se cerrar¨¢n en cascada.

?Qu¨¦ relevancia pol¨ªtica ha tenido la macrocausa?

El procedimiento penal provoc¨® la dimisi¨®n de Gri?¨¢n en 2013 ¡ªsustituido por la actual presidenta, Susana D¨ªaz¡ª y en 2015 el abandono de su esca?o como diputados en el Congreso de Chaves, Gaspar Zarr¨ªas y Jos¨¦ Antonio Viera, adem¨¢s de desactivar la vida pol¨ªtica de una veintena larga de altos cargos. Desde 2011 el caso ERE ha sido el ariete preferido del PP para contrarrestar la fuerza medi¨¢tica de la trama G¨¹rtel. Numerosos dirigentes populares han exagerado la cifra del fraude hasta elevarla a ¡°miles de millones¡±. El desgaste pol¨ªtico para los socialistas en las urnas est¨¢ por ver despu¨¦s de que su electorado m¨¢s fiel vea a dos expresidentes del partido y dirigentes hist¨®ricos del PSOE andaluz sentados en el banquillo de los acusados o incluso resulten condenados.

?C¨®mo surgi¨® la investigaci¨®n policial?

El origen se remonta al caso Mercasevilla, que se inici¨® en 2009 a ra¨ªz de una grabaci¨®n oculta de unos empresarios a dos dirigentes de la empresa p¨²blica que les intentaban extorsionar por 450.000 euros. Dos a?os despu¨¦s, las pesquisas sobre el ERE de Mercasevilla, donde se hallaron varios intrusos ¡ªpersonas ajenas a la lonja municipal¡ª, determinaron que exist¨ªan m¨¢s ERE autorizados por la Junta y con intrusos que cada mes cobraban una paga ilegal solo por tener conexiones en el partido socialista o ser amigos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero. Esto llev¨® al an¨¢lisis de todos los ERE y ayudas directas bajo la partida 31L, que incluye 270 expedientes por un total de 855 millones.

?Cu¨¢l es la clave t¨¦cnica del juicio?

La primera instructora Mercedes Alaya centr¨® su investigaci¨®n en el mecanismo de pago de las ayudas, las transferencias de financiaci¨®n, un instrumento de ejecuci¨®n presupuestaria que permit¨ªa salvar los controles previos de la Intervenci¨®n General, de ah¨ª que est¨¦ implicada la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Hacienda junto a la de Empleo. Alaya y su sucesor ?lvaro Mart¨ªn acusaron a la Junta de ignorar ¡°la imparcialidad, transparencia y publicidad¡± debidas al conceder estas subvenciones millonarias. Ante esto, las defensas defienden que desde la Junta no existi¨® un dise?o preconcebido para ocultar esa partida anual de 80 millones al Parlamento andaluz. ¡°El juicio se asienta sobre una serie de incoherencias y contradicciones fundamentales. La criminalizaci¨®n de una mera herramienta presupuestaria como la transferencia de financiaci¨®n con que dot¨® el sistema de ayudas en base a un mandato legal, ha desenfocado perniciosamente el asunto porque, desde un puro automatismo ha convertido en prevaricaci¨®n y malversaci¨®n todo acto concerniente a ese sistema de ayudas a lo largo de una d¨¦cada¡±, opina el abogado Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo. ¡°Ahora es la hora de las defensas, con mucho que decir frente a las tesis de la instrucci¨®n, luego asumidas por la acusaci¨®n, que hoy parecen escritas en piedra pero que son insostenibles al basarse en las asunci¨®n acr¨ªtica de las err¨®neas tesis de la Intervenci¨®n General del Estado e ignorar que solo hay malversaci¨®n cuando los fondos no se destinan a una finalidad p¨²blica¡±, a?ade.