Anticorrupci¨®n y el juez ante Alberto Ruiz-Gallard¨®n
Semana decisiva para su citaci¨®n en calidad de investigado en la operaci¨®n Inassa
Esta semana del 11 de diciembre, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ten¨ªa previsto entregar al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n su informe sobre la participaci¨®n del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n y sus colaboradores, en la compra, en noviembre de 2001, de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Se pag¨® 73 millones de d¨®lares por una empresa cuyo valor un a?o antes, en 2000, era de 7 millones.
Aunque el expresidente de la Comunidad de Madrid tiene la condici¨®n de investigado desde el auto de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de enero de 2017, en el que se autorizaba la ampliaci¨®n de los investigados, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no ha solicitado al juez Garc¨ªa-Castell¨®n su citaci¨®n para prestar declaraci¨®n. Una opci¨®n, la de crear una pieza separada para esta operaci¨®n, que sometida a consideraci¨®n, no se ha adoptado.
El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, a cargo de la Operaci¨®n Lezo, ha estudiado la operaci¨®n Inassa, seg¨²n fuentes judiciales, y cree que ha sido el antecedente de Emissao
El modus operandi utilizado doce a?os m¨¢s tarde en la adquisici¨®n de la brasile?a Emissao, operaci¨®n aprobada en octubre de 2013 por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, y orquestada por Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino, director de la colombiana Inassa (adquirida, seg¨²n se ha apuntado, en 2001) y mano derecha de Ignacio Gonz¨¢lez en Latinoam¨¦rica, ha sido, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, es el mismo.
Problema a resolver en Inassa: ?el delito de malversaci¨®n prescribi¨® en 2011, diez a?os despu¨¦s de materializada la operaci¨®n que pudo producir, seg¨²n declar¨® Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino al juez Garc¨ªa-Castell¨®n, comisiones de 25 millones de d¨®lares?
El exfiscal de la Operaci¨®n Lezo, Carlos Y¨¢?ez, consider¨® que exist¨ªa una relaci¨®n entre ambas operaciones. Seg¨²n expuso ya en ¨¦poca del fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Manuel Moix, ¡ªquien se opuso a investigar a Ruiz-Gallard¨®n¡ª Inassa ha sido el patr¨®n utilizado de facto, doce a?os despu¨¦s, en la compra de Emissao.
Fuentes judiciales precisan que Y¨¢?ez volvi¨® a insistir ante el fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, antes de renunciar a primeros de noviembre pasado, por razones personales a su cargo, en la necesidad de citar como investigados a Ruiz-Gallard¨®n y otros altos cargos, entre ellos, el consejero de Hacienda de la ¨¦poca, Juan Bravo, por la compra de Inassa.
El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, a cargo de la Operaci¨®n Lezo, ha estudiado la operaci¨®n Inassa, seg¨²n fuentes judiciales, y cree que ha sido el antecedente de Emissao, por muchos rasgos comunes. Pero ha decidido resolver la citaci¨®n de Ruiz-Gallard¨®n una vez que se despeje el tema de la prescripci¨®n.
La Operaci¨®n Lezo, precisamente, est¨¢ muy avanzada. Ya se han recuperado 6 millones de d¨®lares, sumando todas las cantidades repatriadas. Por esta raz¨®n, el juez quiere resolver aquellas piezas que no fueron consideradas urgentes en un primer momento.
¡°Garc¨ªa-Castell¨®n no comulga con la idea de llamar a declarar a alguien como testigo si ya desde el primer momento existen indicios de que puede ser citado como investigado. Su estilo no es sonsacar informaci¨®n a una persona en calidad de testigo para luego usarla en una citaci¨®n como investigado¡±, se?ala una fuente consultada. El delito de malversaci¨®n prescribe a los diez a?os: de 2001 a 2011.
Sin embargo, tanto los fiscales que llevan el caso, Ana Cuenca y Antonio Romeral, como el propio fiscal jefe, Luz¨®n, han estudiado el asunto, y se aprestan a analizar con el juez Garc¨ªa-Castell¨®n si existen otras interpretaciones sobre los plazos de prescripci¨®n habida cuenta de la similitud de ambas operaciones, Inassa y Emissao, aunque consumadas por equipos de gobierno diferentes de la Comunidad de Madrid.
En otros t¨¦rminos, no se trata de una misma ¡°organizaci¨®n criminal¡± acometiendo malversaciones continuadas, lo que llevar¨ªa la prescripci¨®n a los quince a?os; un periodo de prescripci¨®n que s¨ª habr¨ªa quedado interrumpida por la investigaci¨®n judicial.
Ruiz-Gallard¨®n acudir¨¢, precisamente, el viernes 15 de diciembre a la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea de Madrid sobre corrupci¨®n pol¨ªtica para contestar a las preguntas sobre la adquisici¨®n de la colombiana Inassa. Tambi¨¦n han sido citados Juan Bravo y Pedro Calvo.
Esperanza Aguirre, pendiente
El mismo criterio apuntado en el caso de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, a saber, no llamar a declarar en calidad de testigo a una persona que tiene todas las papeletas para declarar en calidad de investigada, es el que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, mantendr¨¢ el juez Garc¨ªa-Castell¨®n respecto a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una de las actividades de la Operaci¨®n Lezo: la adjudicaci¨®n del Canal Golf en 2007 para su explotaci¨®n a Tecnoconcret, empresa participada por Pablo Gonz¨¢lez, hermano del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, y, a su vez, presidente del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos. La operaci¨®n permiti¨® materializar un ¡°bocado¡± importante: 3,2 millones de euros.
Para adjudicar el Canal Golf se produjo una modificaci¨®n en el contrato ¡ªhabida cuenta del criterio contrario del Ayuntamiento de Madrid¡ª que calific¨® la obra (situada en el centro de la capital) de inter¨¦s excepcional y p¨²blico. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, tras bucear en la serie de contratos, considera que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid debe responder en calidad de investigada por los hechos.
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