El Constitucional anula la jornada de 35 horas de los funcionarios de Andaluc¨ªa
La Junta propone computar como trabajo realizado media hora diaria no presencial para mantener la reducci¨®n laboral
El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa y las 18 horas lectivas semanales para los profesores de esa comunidad aut¨®noma, al entender que la regulaci¨®n de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado. El alto tribunal, que manten¨ªa suspendida la ley andaluza de reducci¨®n del tiempo de trabajo, ha estimado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la reducci¨®n de la jornada y, por lo tanto, ha anulado dicho decreto. La jornada de los funcionarios de la Administraci¨®n auton¨®mica, seg¨²n la sentencia, tendr¨¢ que ser, como m¨ªnimo, de 37,5 horas semanales y de entre 20 y 25 horas lectivas por semana para los docentes.?
La consejera de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha anunciado que, de acuerdo con los sindicatos, a los que ha convocado el lunes, aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes un decreto por el que se computar¨¢ a diario, como parte de la jornada, media hora no presencial. Se refiere a tareas preparatorias que se realizan fuera del horario lectivo, como trabajos sobre diagn¨®sticos o para impartir las clases. Montero espera que el Gobierno no recurra esta orden.
El tribunal considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios p¨²blicos auton¨®micos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de Andaluc¨ªa, este decreto ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el r¨¦gimen jur¨ªdico de las administraciones p¨²blicas". La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Mart¨ªnez-Vares, cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦, que discrepa de la fundamentaci¨®n de la sentencia y del fallo.
En su argumentaci¨®n, el Constitucional estima que el establecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales vulnera?la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a?o 2017, tal y como mantiene la parte recurrente. Los magistrados sostienen que la ley de Presupuestos fue aprobada por el Gobierno central "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislaci¨®n laboral". Y en ella se dice que la jornada de trabajo de los funcionarios, incluidos los auton¨®micos, "no podr¨¢ ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en el c¨®mputo anual".?
Por ello entiende que la reducci¨®n aprobada por la Junta de Andaluc¨ªa "resulta incompatible" con esa ley estatal. Lo mismo ocurre con el personal docente. El decreto recurrido fijaba la jornada semanal lectiva en?18 horas, salvo para el profesorado de educaci¨®n infantil y primaria.
Sin embargo, la ley estatal a la que, seg¨²n el Constitucional, ahora deber¨¢n acogerse los profesores andaluces dice: "La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las ense?anzas reguladas en la Ley Org¨¢nica 2/2006, de Educaci¨®n, en centros p¨²blicos y privados sostenidos con fondos p¨²blicos ser¨¢, como m¨ªnimo de 25 horas en educaci¨®n infantil y primaria y de 20 horas en las restantes ense?anzas¡±.
La presidenta andaluza, Susana D¨ªaz, ha asegurado a trav¨¦s de Twitter que el Gobierno auton¨®mico acatar¨¢ la sentencia del tribunal y que "seguir¨¢?defendiendo a los empleados p¨²blicos". "Gobierno andaluz y sindicatos acordar¨¢n medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzca despido de trabajadores", ha remachado D¨ªaz en el mensaje publicado.
#Andaluc¨ªa acata la sentencia del TC sobre las 35 horas y seguir¨¢ defendiendo a los empleados p¨²blicos. Gobierno andaluz y sindicatos acordar¨¢n medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzca despido de trabajadores.
— Susana D¨ªaz Pacheco (@susanadiaz) December 15, 2017
Los 270.000 trabajadores p¨²blicos andaluces hab¨ªan vuelto a cumplir con los horarios estatales, que suponen dos horas y media m¨¢s cada semana, desde que, en julio, el Constitucional admitiera el recurso y paralizara la orden andaluza, que se empez¨® a aplicar en enero.
El Gobierno andaluz defendi¨® que la jornada de 35 horas crear¨ªa unos 12.000 puestos de trabajo para mantener el nivel de servicios, facilitar¨ªa la conciliaci¨®n familiar de los trabajadores p¨²blicos y restablecer¨ªa un derecho conquistado hace 18 a?os por los empleados de la Administraci¨®n.
El n¨²mero de empleos p¨²blicos no est¨¢ en peligro ya que el recientemente aprobado presupuesto auton¨®mico prev¨¦ su consolidaci¨®n con independencia de la resoluci¨®n del tribunal. Adem¨¢s, el decreto de la media hora diaria no presencial se aplicar¨¢ a partir de enero, por lo que los empleados estar¨¢n en su puesto solo 35 horas.
La Junta aleg¨® en el Constitucional que la competencia sobre su personal es auton¨®mica, seg¨²n el Estatuto, y que no afecta a las medidas de estabilidad presupuestaria porque Andaluc¨ªa cumple con los objetivos de d¨¦ficit establecidos y dispone de suficiencia financiera para adoptarla. El coste anual previsto era de 105 millones de euros en personal para reforzar los servicios.
El Gobierno pide a D¨ªaz que acate el fallo
La Junta de Andaluc¨ªa hab¨ªa pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que paralizara el recurso y negociara para "no da?ar los intereses de los empleados de Andaluc¨ªa". Sin embargo, el Ejecutivo ha seguido adelante hasta conseguir la anulaci¨®n, como ya ocurri¨® con otras comunidades (Pa¨ªs Vasco) y en el Ayuntamiento de Madrid, que establecieron medidas similares.
Mientras Ciudadanos, con cuyo apoyo Gobierna el PSOE en Andaluc¨ªa, ha manifestado su respeto por la decisi¨®n del Constitucional, la coordinadora de Podemos, Teresa Rodr¨ªguez, ha acusado al PP de querer "robar" a los funcionarios sus derechos.
El delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Antonio Sanz, pidi¨® a la Junta que ¡°rectifique, respete, acate la sentencia y no reincida en el grav¨ªsimo error de no haberse avenido a un acuerdo¡±.
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