La dificultad de investigar una desaparici¨®n

Una desaparici¨®n no es un delito. Esa es la premisa a partir de la cual comienzan todos los problemas en una investigaci¨®n de alguien a quien no se encuentra sin motivo aparente. La legalidad espa?ola est¨¢ preparada para investigar delitos, y por eso una gran parte de las 146.042 denuncias de personas desaparecidas registradas en 2017 terminaron en sobreseimientos provisionales o archivadas. Es la pescadilla que se muerde la cola: no hay delito hasta que no se demuestre y para investigar algo tiene que haber indicios de delito. ¡°?Qui¨¦n dice que la chica no est¨¢ en una playa de Rep¨²blica Dominicana? ?Y si ahora aparece en Cuba? ?Por qu¨¦ voy a pinchar el tel¨¦fono de la v¨ªctima si no es un delincuente? ?Por qu¨¦ va a ser un homicidio y no un viaje voluntario?¡±, son el tipo de preguntas a las que se enfrentan muchas veces ¡ªcuando no se trata de menores¡ª los investigadores en los desbordados despachos de los jueces espa?oles. En la mayor parte de las ocasiones la investigaci¨®n de los casos queda a discreci¨®n del juez y el fiscal, aseguran.

Mientras se crea (o no) el tantas veces demandado Estatuto de los Desaparecidos, el concepto no tiene un claro encuadre en la legislaci¨®n espa?ola ¡ª"No est¨¢ definido", subrayan investigadores y asociaciones de desaparecidos¡ª, lo que complica mucho las valoraciones de polic¨ªas y guardias civiles a la hora de calificar las desapariciones de alto riesgo.

"Debemos ser los investigadores los que convenzamos a los jueces de que la persona corre riesgo", se?alan. Seg¨²n el ¨²ltimo (y segundo informe en toda la historia de Espa?a) sobre ¡°Personas Desaparecidas en Espa?a 2018¡±, presentado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado mi¨¦rcoles en Almer¨ªa, en el marco de la investigaci¨®n sobre la desaparici¨®n del ni?o de ocho a?os Gabriel Cruz en Las Hortichuelas (N¨ªjar), en 2017 hay registradas 6.063 desapariciones, de las que 245 se consideran de alto riesgo, es decir, se teme por la vida de la persona "porque haya podido ser secuestrada o asesinada", explicitan. ?Qui¨¦n y c¨®mo se valora el riesgo? ?De acuerdo a qu¨¦ criterio?

La ¨²nica cabida legal que el concepto de desaparecido tiene en nuestro sistema jur¨ªdico es la que consta en T¨ªtulo 8 del C¨®digo Civil ("Declaraci¨®n de la ausencia y sus efectos") como ¡°ausente¡±, y tiene que ver m¨¢s con una cuesti¨®n econ¨®mica relacionada con los efectos patrimoniales y las herencias de esas personas.

A esa carencia jur¨ªdica ¡ªque se pal¨ªa usando la definici¨®n de "desaparecido" recomendada por el Consejo de Europa¡ª hay que a?adir la espada de Damocles que suponen los plazos establecidos en el C¨®digo Penal para poder sobreseer o archivar un caso. Ambas cosas ocurrieron en el caso de Diana Quer, por ejemplo. El juez primero sobresey¨® y despu¨¦s archiv¨® la causa "por falta de pruebas". Y, pese a todas las evidencias e indicios presentadas por los investigadores a lo largo de una laborios¨ªsima investigaci¨®n (tuvieron que comprobar dos millones de datos), no fue hasta que volvi¨® actuar Jos¨¦ Enrique Abu¨ªn, El Chicle, el principal sospechoso desde muchos meses antes, hasta que un juez no reabri¨® el caso. Es decir, el propio sistema puso en riesgo a otra persona que se salv¨® por los pelos de las garras de un presunto depredador sexual y asesino confeso de Diana Quer. Archivar un caso impide que los investigadores puedan seguir realizando diligencias, "los condena al olvido y condena a los familiares a vivir en la angustia porque reabrirlos es sumamente complicado", se?alan en la Fundaci¨®n QSD Gobal, que dirige Paco Lobat¨®n .

Desde el punto de vista de los investigadores ¡°falla la regulaci¨®n jur¨ªdica, no los protocolos policiales¡±, que se unificaron ¡ªpara polic¨ªas y guardias civiles¡ª con una instrucci¨®n general de la Secretaria de Estado de Seguridad en 2009. Desde las Asociaciones de Desaparecidos se muestran de acuerdo en que es "necesario y urgente" subsanar el vac¨ªo legislativo, "acompa?ado de una mayor dotaci¨®n de medios y de unidades especializadas en este ¨¢mbito".

El principal punto de inflexi¨®n en esta traves¨ªa del desierto es el a?o 2013. Ese a?o un documento vio la luz en una comisi¨®n espec¨ªfica del Senado que pon¨ªa negro sobre blanco algunas de las preocupantes carencias descritas y consideraba que "la situaci¨®n de las personas desaparecidas es tal vez la situaci¨®n m¨¢s dolorosa a la que se puede enfrentar un ser humano, m¨¢s que la muerte de un ser querido". Pretend¨ªa fundamentalmente impulsar cambios normativos en los casos de desapariciones pero hasta el momento solo ha logrado pocos de sus objetivos, como implantar en 2014 el Sistema de Alerta Temprana por la desaparici¨®n de menores (SADAR), que sin embargo no se ha usado nunca, tampoco en el caso del peque?o Gabriel Cruz. O crear el Centro Nacional de Desparecidos, de reciente creaci¨®n y dotado con nueve agentes sin funciones operativas. Los desaparecidos siguen muy desaparecidos de nuestro sistema jur¨ªdico.?