El Congreso rechaza despenalizar las injurias al Rey tras el fallo de Estrasburgo

La decisi¨®n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de condenar a Espa?a por imponer una pena de 15 meses de c¨¢rcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en 2007 una foto gigante de los Reyes result¨® muy oportuna este martes para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque no eficaz. El Congreso ha rechazado su proposici¨®n de ley para derogar los art¨ªculos del C¨®digo Penal en los que se castiga con penas de prisi¨®n el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa del Rey, as¨ª como multas por ofensas o ultrajes a Espa?a, sus comunidades aut¨®nomas o a sus s¨ªmbolos o emblemas.

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El eco atronador de la sentencia ha alimentado el debate de la propuesta de ERC, pero los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que prosperara. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, avanz¨® antes del pleno que los diputados socialistas votar¨ªan en contra de la proposici¨®n de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a Espa?a. Seg¨²n el PSOE, la iniciativa de ERC busca despenalizar una serie de conductas que "van mucho m¨¢s all¨¢ de la libertad de expresi¨®n y entran en el ¨¢mbito del respeto institucional". La portavoz marc¨® diferencias entre la iniciativa de ERC y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

La defensa de la iniciativa ha corrido a cargo de Gabriel Rufi¨¢n. Tra¨ªa ¡°un discurso muy chulo¡± lleno de reproches al Gobierno por lo que ¨¦l considera ¡°injurias a la patria¡± (pagar con dinero p¨²blico el rescate de los bancos o la indemnizaci¨®n a las empresas promotoras del almac¨¦n de gas Castor), pero la actualidad hizo que tuviese que cambiarlo. ¡°Les traigo algo mejor¡±, ha subrayado, ¡°una sentencia¡± del Tribunal de Estrasburgo que rechaza las objeciones del Gobierno por la quema de fotos del Rey y la penalizaci¨®n por ¡°hechos que suponen una expresi¨®n de la cr¨ªtica pol¨ªtica¡±.

Rufi¨¢n no ha reparado en apelaciones al PSOE para salvar su propuesta. ¡°Esperamos al mejor PSOE¡±, ha emplazado sin ¨¦xito. Ha tenido, en cambio, el apoyo de buena parte del Grupo Mixto, con retirada de expresiones por parte de la presidenta, Ana Pastor, como la de la diputada de Comprom¨ªs Marta Sorl¨ª, que ha parafraseado una canci¨®n del rapero Valtonyc por la que fue condenado por injurias a la Corona: "Los derechos humanos se los pasan por los cojones".

Tambi¨¦n ha contado con el respaldo del PNV, que ya se posicion¨® a favor de iniciativas similares en aras de la libertad de expresi¨®n. ¡°No es un debate sobre la Monarqu¨ªa o los s¨ªmbolos sino sobre la democracia¡±, ha destacado Mikel Legarda. Y, por su puesto, de Unidos Podemos, que ha considerado que ha apuntado que la sentencia de Estrasburgo arroja "serias dudas" sobre aspectos de la legislaci¨®n espa?ola que, "impone una especie de Estado de excepci¨®n" contra la libertad de expresi¨®n.

Al otro lado, se han situado Ciudadanos, el PSOE y el PP. Ciudadanos ha reprochado a ERC que plantease una iniciativa para "legislar en beneficio propio". "Lo que quieren es despenalizar acciones que ustedes protagonizan", ha criticado Jos¨¦ Manuel Villegas. El PSOE ha aducido que la cr¨ªtica al Rey no est¨¢ penalizada en Espa?a y que lo que pretend¨ªa ERC no era despenalizar la cr¨ªtica pol¨ªtica "sino la injuria y la calumnia present¨¢ndolas como una expresi¨®n de libertad". El PP ha reducido la iniciativa a "un esperpento alegremente secundado por algunas fuerzas democr¨¢ticas¡±.

'Fake news'

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado tambi¨¦n una proposici¨®n no de ley del PP para exhortar al Gobierno a impulsar medidas contra las ciberamenazas y noticias falsas que circulan por internet (las llamadas fake news) para evitar injerencias extranjeras que pongan en peligro la estabilidad de las instituciones en Espa?a, como ha ocurrido recientemente en los procesos electorales de varios pa¨ªses que ya est¨¢n tomando medidas.

La iniciativa instaba al Gobierno a dotar a la seguridad p¨²blica de sistemas de vigilancia y respuesta ante acciones extranjeras que debiliten la confianza en las instituciones p¨²blicas y los valores democr¨¢ticos. Tambi¨¦n, a colaborar y buscar un acuerdo internacional contra la desinformaci¨®n como amenaza global sobre los sistemas democr¨¢ticos. Y a reforzar la comunicaci¨®n estrat¨¦gica frente a campa?as de desinformaci¨®n desestabilizadoras con intenciones hostiles contra pa¨ªses de la Uni¨®n Europea.

Defendida por el diputado Teodoro Garc¨ªa, la proposici¨®n inclu¨ªa cuatro l¨ªneas de actuaci¨®n que implican al Gobierno, instituciones p¨²blicas especializadas, proveedores de servicios e infraestructuras de Internet, medios de comunicaci¨®n, usuarios y asociaciones. El primero de sus puntos propon¨ªa al Ejecutivo elaborar m¨¦todos para determinar la veracidad de las informaciones que circulan por la red y garantizar su detecci¨®n y "sellado o descalificaci¨®n" en caso de ser falsas.

El PSOE ha criticado que la propuesta pusiera el ¨¦nfasis en las "noticias asombrosas" frente a aquellas intromisiones que suponen un riesgo para la soberan¨ªa mediante agresiones extranjeras. En ese sentido lo ha considerado ¡°recorte de libertades¡±, incluso ¡°censura¡±. Para el PSOE no corresponde a un Estado dilucidar si es una notica es falsa o no, una tarea que ha situado en el autocontrol de los medios y en la capacidad de limpieza de las agregadoras de noticias.

La iniciativa no ha despertado tampoco el entusiasmo de Ciudadanos (que ha reclamado ¡°un gran pacto de Estado para la ciberseguridad¡±), ERC (que la ha considerado "una versi¨®n digital del contubernio" de Catalu?a), el PDeCAT (para el que "el PP es todo ¨¦l una fake news") o Unidos Podemos (que la ha calificado como "una ofensiva clara contra la libertad de expresi¨®n").

Hace una semana, la Comisi¨®n de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados aprob¨® una proposici¨®n no de ley para instar al Gobierno a reforzar los medios materiales y humanos dedicados a combatir las campa?as de desinformaci¨®n en el ciberespacio y las denominadas fake news. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, fue respaldada por el PP y Ciudadanos.