La juez de la caja b del PSOE valenciano imputa a dos cargos de la exministra Beatriz Corredor

La juez de Madrid Mercedes P¨¦rez Barrios imput¨® este viernes a Nicol¨¢s Mateos y Marcos Vaquer, altos cargos del Ministerio de Vivienda durante la etapa de la socialista Beatriz Corredor, en la investigaci¨®n sobre un contrato de este departamento con la agencia de comunicaci¨®n Crespo Gomar SL, eje de una supuesta trama de financiaci¨®n ilegal del Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano (PSPV-PSOE) para las elecciones auton¨®micas de 2007. Durante su mandato, Crespo Gomar obtuvo un contrato de 126.000 euros para publicitar el Plan de Vivienda y Suelo 2009-2012 a trav¨¦s de un procedimiento de adjudicaci¨®n supuestamente irregular.

Nicol¨¢s Mateos fue jefe de Gabinete de la ministra Corredor y Vaquer ejerci¨® como m¨¢ximo responsable de la Entidad P¨²blica Empresarial de Suelo (Sepes). Su imputaci¨®n, por delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos, llega despu¨¦s de que la magistrada P¨¦rez Barriostitular del Juzgado de Instrucci¨®n 24 de Madrid, interrogara, tambi¨¦n como imputados, a tres miembros de la Mesa de Contrataci¨®n que dio luz verde a aquel expediente.

La magistrada, en una resoluci¨®n a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, imputa a otras siete personas, entre ellas Eva Cuesta, la que fue directora de Comunicaci¨®n del Ministerio de Vivienda en aquellos a?os y a la abogada del Estado en aquel departamento ya extinto Irene Dom¨ªnguez-Alcahud.

Causa compleja

El contrato del Ministerio de Vivienda forma parte de la investigaci¨®n que la juez de Valencia Nieves Molina remiti¨® el pasado 19 de enero a diversos juzgados de Benidorm (Alicante), Gand¨ªa (Valencia) y Madrid capital y que deriva de una denuncia sobre supuesta financiaci¨®n irregular del PSPV y Bloc ¡ªformaci¨®n mayoritaria en Comprom¨ªs¡ª.

Seg¨²n la investigaci¨®n, Crespo Gomar SL, mercantil presidida por el hijo del exteniente de alcalde de Gand¨ªa Antoni Gomar, prest¨® servicios de comunicaci¨®n a ambos partidos que fueron pagados en realidad por empresas adjudicatarias de contratos de administraciones gobernadas por los socialistas. Adem¨¢s del contrato con el Ministerio de Vivienda, otro juzgado de Madrid investiga un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en 2008 por valor de 184.138 euros. La causa abierta en Benidorm tiene que ver con el suministro de un sistema de participaci¨®n ciudadana electr¨®nica ¡ªlos llamados opin¨®metros¡ª por 193.000 euros. Finalmente, la investigaci¨®n de Gand¨ªa se refiere a la compra, por la Federaci¨®n Valenciana de F¨²tbol, de un local propiedad del yerno de Antoni Gomar por importe de 525.000 euros, de los cuales 257.000 proced¨ªan de una subvenci¨®n municipal.