Cuando el casero que desaloja es la Xunta
La fiscal¨ªa investiga el supuesto acoso inmobiliario del Gobierno gallego a una anciana en Ourense
En la ¨²ltima etapa de su vida Lucila V¨¢zquez se enfrenta, pr¨¢cticamente confinada en su casa ¡ªel cuarto piso de un c¨¦ntrico edificio de Ourense en el que vive de alquiler desde 1963¡ª a un intento de desahucio desde hace cuatro a?os. Casi un lustro haciendo frente a su casero, la Xunta de Galicia, que ha intentando desalojarla por todos los medios.
El Ejecutivo regional puso en marcha su maquinaria en 2001. Primero dej¨® de cobrarle los recibos y le reclam¨® la entrega del piso. Al no producirse, acudi¨® a la v¨ªa judicial, pero el Juzgado de Primera Instancia 2 de Ourense y la Audiencia Provincial fallaron en su contra. Fracasado este intento, suprimi¨® la prestaci¨®n de la limpieza, iluminaci¨®n y mantenimiento de la vivienda y, el pasado enero, clausur¨® el ascensor, lo que impide a la anciana salir desde entonces a la calle con frecuencia. "No tenemos duda de que esto es acoso inmobiliario", sostiene su abogado, Roberto Est¨¦vez, tras presentar denuncia ante la fiscal¨ªa, que ha abierto diligencias. La Xunta, sin embargo, lo niega.
La mujer, que ha superado los 80 a?os, insiste en mantener la vida independiente. Su esposo falleci¨® en 1994, y ella se subrog¨® en el alquiler del piso del que entonces era titular la C¨¢mara de la Propiedad Urbana de Ourense. Pero la larga batalla que mantiene con el Ejecutivo de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) ha comenzando a desgastarla. "Lo iba llevando m¨¢s o menos, pero el otro d¨ªa ya me dijo que no me imaginaba lo que le estaba haciendo sufrir esto; no entiende por qu¨¦ la quieren echar de su casa si paga puntualmente", cuenta su hija.
Pagar el alquiler fue una de las primeras batallas en esta guerra de resistencia. En enero de 2001, reci¨¦n traspasada la propiedad del edificio a la Xunta, dejaron de pasarle al cobro los recibos, por lo que la mujer present¨® escrito ante la Comisi¨®n Liquidadora de las C¨¢maras de la Propiedad Urbana de Galicia mientras alertaba de que se hab¨ªa procedido a la supresi¨®n del servicio de limpieza y de porter¨ªa del edificio. Y en octubre de ese a?o se la conmin¨® a que desalojara el piso "de forma voluntaria" antes del 31 de diciembre. No lo hizo. En 2014 la Xunta reclam¨® el desahucio por v¨ªa judicial. Los tribunales dieron la raz¨®n a la inquilina y a finales del pasado enero el casero suprimi¨®, "sin mediar aviso", el ¨²nico servicio que manten¨ªa: el de ascensor.
La supresi¨®n del ascensor y la ausencia de limpieza del inmueble est¨¢n minando a la mujer. El notario que acudi¨® a levantar acta de que el piso est¨¢ ocupado ¡ªdespu¨¦s de que el pasado febrero la Xunta le notificase a la inquilina su pretensi¨®n de "resolver el contrato de arrendamiento" considerando que la mujer no estaba utilizando la vivienda¡ª certifica no solo que la mujer vive habitualmente en ¨¦l sino que deja constancia tambi¨¦n del lamentable estado de abandono del edificio.
Abandono de servicios
La Xunta no se pronuncia sobre el abandono de los servicios de mantenimiento del edificio, pero puntualiza, consultada por EL PA?S, que "es incierto" que la clausura del ascensor obedezca a un "intento de forzar una salida del inmueble o causar molestias" a la anciana. El Gobierno gallego atribuye la supresi¨®n del ascensor a la empresa responsable de la inspecci¨®n t¨¦cnica que, asegura, "ha detectado deficiencias".
El Ejecutivo aut¨®nomo no oculta su intenci¨®n de "rehabilitar y dar nuevos usos administrativos al edificio" con el objetivo de "reducir el gasto en alquileres" de sus dependencias en Ourense y reconoce que en 2017 licit¨® la redacci¨®n del proyecto b¨¢sico de las obras de rehabilitaci¨®n. Para ello era necesario desalojar a los dos inquilinos que permanec¨ªan en la vivienda ¡ªLucila V¨¢zquez y otro vecino¡ª por lo que, sostiene, intent¨® llegar a un acuerdo amistoso con ambos ofreci¨¦ndoles "una indemnizaci¨®n o un alquiler en condiciones similares", algo que la hija de la anciana niega mostrando el burofax, fechado el pasado febrero, remitido por la Xunta a su madre. "Nada de ofertas de indemnizaci¨®n o de otro alquiler", insiste la familia.
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