Decreto-Ley, cuando el Gobierno esquiva al Parlamento

La precariedad parlamentaria ¡ª84 diputados de 350¡ª con la que gobierna Pedro S¨¢nchez tras la moci¨®n de censura del pasado 1 de junio, y la necesidad pol¨ªtica de presentar frutos tangibles de su gesti¨®n, ha exacerbado un fen¨®meno que tiende a pasar desapercibido para la opini¨®n p¨²blica, m¨¢s atenta a los resultados de las pol¨ªticas que a los matices procedimentales, pero que inquieta a no pocos juristas: la utilizaci¨®n masiva del Decreto-Ley. Este mecanismo excepcional por el que el Gobierno ¡ªy no el Parlamento¡ª dictan una norma con rango de ley, de car¨¢cter provisional ¡°en caso de extraordinaria y urgente necesidad¡± se ha vuelto cada vez m¨¢s frecuente en las ¨²ltimas legislaturas. ¡°Se secuestra la deliberaci¨®n del parlamento y se distorsiona el modelo de separaci¨®n de poderes¡±, alerta Eduardo V¨ªrgala, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.

En estos casi tres meses de mandato de Pedro S¨¢nchez, el Consejo de Ministros ha presentado ocho decretos-leyes, el ¨²ltimo de ellos con el que, 43 a?os despu¨¦s de su muerte, se pretende exhumar al dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Ca¨ªdos. Una cifra que palidece frente a los 30 registrados por el popular Mariano Rajoy en la primera parte de esta legislatura o los 73 ¨Ccasi todos de contenido econ¨®mico- que dict¨® entre 2011 y 2015, cuando dispuso de mayor¨ªa absoluta.

El socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero aprob¨® 52 y 56 en sus dos presidencias, ambas sin mayor¨ªa absoluta. El r¨¦cord de producci¨®n, por el momento, lo conserva Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con 85 decretos en su primera legislatura, con mayor¨ªa simple, que se redujeron a la mitad (42) cuando dispuso, entre 2000 y 2004, de 183 diputados.

El Decreto-Ley, regulado en el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n, es una norma ¨¢gil y r¨¢pida, muy conveniente para hacer frente a situaciones sobrevenidas o imprevisibles, pero se crea al margen del debate y la posibilidad de enmiendas del Congreso. La labor de control de la C¨¢mara se limita a la convalidaci¨®n o ¨Cen casos rar¨ªsimos¨C la derogaci¨®n de la norma en el plazo m¨¢ximo de un mes a partir de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, cuando esta ya ha entrado en vigor con plenos efectos jur¨ªdicos. La Constituci¨®n establece una serie de materias que no pueden ser reguladas por Decreto-Ley: el ordenamiento de las instituciones b¨¢sicas del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos, el r¨¦gimen de las Comunidades Aut¨®nomas o la ley electoral general.

Durante las primeras legislaturas de la democracia el recurso al decreto ley tambi¨¦n fue muy frecuente por la necesidad de acoplar las leyes del franquismo con la realidad jur¨ªdica surgida de la Constituci¨®n. El Tribunal Constitucional, que en un principio adopt¨® una postura bastante permisiva y aval¨® cierto margen de discrecionalidad del Gobierno para decidir con juicio pol¨ªtico el criterio de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que justificaba el Decreto-Ley en detrimento del procedimiento legislativo ordinario, ha virado hacia una lectura algo m¨¢s restrictiva, seg¨²n los expertos.

A partir de 2007, el alto tribunal ha fijado algunos l¨ªmites m¨¢s claros: ¡°El mero deseo o inter¨¦s del Gobierno en la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificaci¨®n de su extraordinaria y urgente necesidad¡± incluso ¡°por muy leg¨ªtimos que sean los objetivos que se tratan de alcanzar¡±, aclaraba el Constitucional en una sentencia de 2016.

Xabier Arbos, catedr¨¢tico de Constitucional de la Universidad de Barcelona, constata que ¡°ha habido cierto abuso por parte de todos los Gobiernos¡± en la aplicaci¨®n del Decreto-Ley. Seg¨²n este experto, el abuso en este mecanismo cuando se sustituye el procedimiento legislativo por la mera convalidaci¨®n del Parlamento de normas emanadas del Gobierno se afecta a la calidad democr¨¢tica. ¡°La deliberaci¨®n formalizada en el Parlamento, aunque sea de baja calidad, traslada razones a la ciudadan¨ªa y ese es un bien de la democracia que puede verse limitado si sorteamos los mecanismos de debate y enmienda del procedimiento legislativo¡±, se?ala.

Tanto Arbos como su colega vasco V¨ªrgala aprecian, a falta de leer la exposici¨®n de motivos, que en el caso del Decreto Ley de la exhumaci¨®n de Franco parece ¡°dif¨ªcil argumentar la urgente necesidad¡± que aconseje acudir a esa v¨ªa excepcional. Ambos catedr¨¢ticos recuerdan que la Constituci¨®n permite, una vez convalidado el texto, ¡°tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia¡±, que podr¨ªa dar lugar a una ley que, tras su publicaci¨®n en el BOE, sustituir¨ªa al decreto.