Andaluc¨ªa pretende que otras comunidades acojan cerca de 1.000 menores extranjeros
El Gobierno aprobar¨¢ una dotaci¨®n de 40 millones para incentivar a las regiones que menos tutelas asumen para abrir plazas
El Gobierno asumi¨® ayer una ¡°medida extraordinaria¡± para resolver la complicada situaci¨®n que viven algunas comunidades aut¨®nomas ante la llegada de menores inmigrantes a su red de acogida. El Ejecutivo se ha comprometido a llevar en 45 d¨ªas al Consejo de Ministros un real decreto con una dotaci¨®n de 40 millones. Los fondos, con vigencia de seis meses, se repartir¨¢n para mejorar la acogida e incentivar el reparto de menores entre comunidades. Andaluc¨ªa calcula que con esta medida podr¨¢ distribuir un millar de menores y recibir hasta 28 millones de euros.
Actualmente, la Junta es responsable de la tutela del 47% de los 10.100 menores inmigrantes no acompa?ados que hay en Espa?a. El incremento de llegadas en los ¨²ltimos meses ha llevado a que el 70% de las plazas de acogida est¨¦n ocupadas por extranjeros. Solo ayer llegaron a las costas andaluzas 130 menores inmigrantes. La cifra, por ello, podr¨ªa oscilar, advierten fuentes del Gobierno andaluz, en funci¨®n del n¨²mero de menores solos que se encuentren registrados en el momento en que el Gobierno apruebe el real decreto.
La propuesta del Gobierno central, anunciada ayer en la Mesa de Coordinaci¨®n Interterritorial sobre menores extranjeros no acompa?ados, sin embargo, a¨²n no ha sido detallada. Las comunidades tienen 15 d¨ªas para comunicar voluntariamente la capacidad que tienen para acoger y, en funci¨®n de las propuestas, se har¨¢ el reparto de fondos. El acceso a los recursos se har¨¢ mediante un anticipo de cr¨¦dito que deber¨¢ justificar cada autonom¨ªa, seg¨²n inform¨® la ministra de Sanidad Carmen Mont¨®n, que convoc¨® el encuentro en el que participaron otros cinco ministerios.
La financiaci¨®n se distribuir¨¢ en funci¨®n del incremento de menores que las comunidades han asumido desde diciembre de 2017 hasta el 31 de agosto. Comunidades como Andaluc¨ªa tienen un 117% m¨¢s de menores a su cargo, mientras que Extremadura y Baleares han reducido las tutelas que asumen en un 22% y un 14% respectivamente. La f¨®rmula permite, por un lado, compensar financieramente a las comunidades que soportan mayor presi¨®n y, por otro, empujar al resto a asumir la tutela de m¨¢s menores.
El Gobierno, en principio, no tiene potestad para obligar a las comunidades a comprometerse m¨¢s de lo que manifiesten porque la competencia sobre menores le corresponde a las comunidades. Pero existen mecanismos que pueden permitirle actuar para garantizar la solidaridad. Por un lado, la Constituci¨®n garantiza el principio de solidaridad y contempla que el Estado debe velar por un equilibrio econ¨®mico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio. Por otro, la Ley de Extranjer¨ªa establece que "el Estado garantizar¨¢ el principio de solidaridad, consagrado en la Constituci¨®n, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia".
Los n¨²meros, de cualquier forma, pueden no ser tan ambiciosos como esperan los andaluces, a pesar de la aparente receptividad demostrada por las comunidades aut¨®nomas. En la Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada hace un mes, Extremadura, que solo es responsable de siete menores, se ofreci¨® a asumir m¨¢s tutelas: la oferta era de apenas 20 plazas. Adem¨¢s, Andaluc¨ªa no enfrenta sola el fen¨®meno. Melilla, que acoge entre 800 y 1.000 menores, escasamente tiene capacidad para 260. El escenario ideal para las autoridades melillenses ser¨ªa derivar entre 400 y 500 menores a la Pen¨ªnsula. Ceuta, con 346 j¨®venes a su cargo, considera que est¨¢ en el ¡°tope del nivel de acogida¡±, pues apenas tiene capacidad para 70.
Buena parte de los asistentes a la reuni¨®n, entre ellos representantes de la Comunidad Valenciana, Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, han calificado de "primer paso" la propuesta. Otras comunidades han manifestado su desconcierto por la falta de criterios t¨¦cnicos a la hora de establecer el reparto y la falta de concreci¨®n. ¡°Las comunidades deben decir en 15 d¨ªas si est¨¢n dispuestas a acoger, pero no sabemos si en guarda o tutela. No sabemos si es una medida apenas para este a?o se prolongar¨¢¡±, plante¨® el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP).
Repatriados a Marruecos
Por otro lado, y dado que el 70% de sus tutelados extranjeros son marroqu¨ªes de 16 y 17 a?os, la Junta mantiene su propuesta de explorar las relaciones diplom¨¢ticas con Marruecos para hacer viable la repatriaci¨®n de los adolescentes que llegan solos a su territorio, una medida tambi¨¦n apoyada por Ceuta y Melilla.
El asunto no se trat¨®, finalmente, en la reuni¨®n, pero el Gobierno andaluz apuesta por reactivar un acuerdo bilateral firmado en 2007 que insta a Marruecos a cooperar para facilitar la reagrupaci¨®n familiar de los j¨®venes o su ingreso en centros de acogida marroqu¨ªes. ¡°Existen casos en los que es preciso conocer la realidad del menor. Quiero preguntarles qu¨¦ opinar¨ªan si alg¨²n hijo de ustedes de 15 o 16 a?os aparece en Alemania y nadie les pregunta. Estos ni?os tienen padre y madre. Habr¨¢ que ver cu¨¢l es su situaci¨®n para la propia protecci¨®n de los menores. No ser¨ªa nada diferente de lo que se har¨ªa con cualquier otro menor¡±, mantuvo la consejera de Pol¨ªticas Sociales de Andaluc¨ªa, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez Rubio.
Un nuevo modelo homog¨¦neo para atender a los ni?os
Adem¨¢s de la dotaci¨®n econ¨®mica, la mesa sobre menores extranjeros no acompa?ados concluy¨® que es necesario, a medio plazo, cambiar el protocolo de intervenci¨®n que data de 2014. El objetivo es mejorar el sistema de acogida y unificarlo en todo el territorio. Uno de los problemas que se ha hecho evidente es que el registro de los menores que elaboran las comunidades est¨¢ desactualizado.
El Gobierno tambi¨¦n apuesta por equiparar los modelos de atenci¨®n a los menores y que sean evaluables. Sobre la mesa est¨¢n tambi¨¦n otras cuestiones que preocupan al Gobierno y a las comunidades. Entre ellas est¨¢n las dificultades que enfrentan los j¨®venes para regularizarse cuando cumplen los 18 a?os: la ley les exige para renovar su permiso de residencia una renta m¨ªnima, a pesar de que no les garantiza un permiso de trabajo. Los procedimientos para determinar la edad de los reci¨¦n llegados tambi¨¦n est¨¢n en estudio.
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