Justicia atribuye la confusi¨®n sobre el respaldo a Llarena a mala informaci¨®n

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, achaca la confusi¨®n generada durante este pasado verano sobre la falta de respaldo del Gobierno al juez instructor del proceso independentista, Pablo Llarena, a un problema de mala informaci¨®n, unas explicaciones no bien precisadas y manipulaciones oportunistas. Delgado quiso ser prolija en sus explicaciones pormenorizadas y ¡°jur¨ªdicas¡± del caso a los diputados, en una comisi¨®n del Congreso, para situar el embrollo y la posible rectificaci¨®n del Gobierno en su apoyo a Llarena frente a la demanda civil presentada por el expresidente Carles Puigdemont y otros independentistas fugados de la justicia en el ¨¢mbito t¨¦cnico y evitar reconocer ning¨²n error pol¨ªtico. Delgado descalific¨® esa demanda como meramente ¡°instrumental¡± y evidenci¨® que B¨¦lgica no ha querido colaborar con Espa?a en la soluci¨®n de este conflicto.

La larga exposici¨®n de la ministra de Justicia sobre las actuaciones llevadas a cabo desde su departamento sobre esta demanda civil en un juzgado de B¨¦lgica contra Llarena evidenci¨® hasta qu¨¦ punto esta crisis ha preocupado en el Gobierno, al que se acus¨® de dejar tirado justo ahora al magistrado del Supremo. Y revel¨® tambi¨¦n la cantidad de trabajos, informes, notas y reuniones que se tuvieron que realizar contrarreloj en los Ministerios de Justicia y Exteriores para contrarrestar esa actuaci¨®n judicial con claras consecuencias pol¨ªticas. La propia ministra admiti¨® que el asunto era de la m¨¢xima ¡°gravedad¡± y ¡°complejidad¡± en el ¨¢mbito jur¨ªdico y por las secuelas que podr¨ªa conllevar en el futuro. Pero nunca acept¨® haberse equivocado, haber rectificado o haber contribuido a la falta de coordinaci¨®n en el Gobierno.

Antes del verano se conoci¨® una demanda civil que Puigdemont y otros cuatro pol¨ªticos separatistas fugados interpusieron en un juzgado de B¨¦lgica por falta de ¡°imparcialidad¡± contra Llarena y que basaron en unas manifestaciones del magistrado del Tribunal Supremo en Oviedo el pasado 22 de febrero, durante unas jornadas financiadas por BMW, en las que recalcaba que los pol¨ªticos independentistas encarcelados "no son presos pol¨ªticos". Llarena, m¨¢s tarde, pidi¨® amparo al Consejo General del Poder Judicial y durante el mes de agosto se produjeron varias intervenciones del Ministerio de Justicia, de la propia Delgado, de la vicepresidenta Carmen Calvo y hasta del presidente, Pedro S¨¢nchez, que contribuyeron a asentar la idea de que el ejecutivo no sab¨ªa muy bien qu¨¦ hacer para defender al juez que sigue en la sala segunda del Supremo la causa contra el proceso independentista en Catalu?a.

El juzgado belga cit¨® a declarar a Llarena primero el pasado 4 de septiembre y luego aplaz¨® esa vista para el pr¨®ximo d¨ªa 25. La ministra Delgado pidi¨® comparecer ante el Congreso para aclarar sus actuaciones y lo mismo le reclamaron partidos como el PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

Dolores Delgado ocup¨® de entrada una hora en detallar, con total minuciosidad y repitiendo citas literales con comillas de todo tipo de informes internos y t¨¦cnicos, que el Gobierno y su Ministerio hab¨ªan trabajado desde el primer minuto en que se desat¨® esta crisis en coordinaci¨®n con el Consejo General del Poder Judicial y en defensa de los intereses de Espa?a. Y se arm¨® de esa ¡°lectura t¨¦cnica¡± para justificar que se hab¨ªan realizado todas las acciones y tr¨¢mites necesarios para asegurarse de que las actuaciones se hac¨ªan bien y no tendr¨ªan consecuencias negativas para Espa?a en el futuro. La ministra, eso s¨ª, concedi¨® de entrada que la demanda civil planteada por los pol¨ªticos nacionalistas era ¡°instrumental¡± y pretend¨ªa sobre todo ¡°cuestionar la actuaci¨®n y soberan¨ªa jurisdiccional de Espa?a y hacerlo en otro pa¨ªs¡±. Delgado sostiene que esa acci¨®n tendr¨ªa que haberse planteado en su caso en un juzgado espa?ol.

La ministra pormenoriz¨® todos los pasos, uno a uno, que Justicia, Exteriores, sus servicios t¨¦cnicos y la Abogac¨ªa del Estado han efectuado internamente y tambi¨¦n ante el Estado belga desde el 10 de julio, cuando el presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, le comunic¨® la situaci¨®n y sus primeras gestiones. Delgado inform¨® ah¨ª de que aunque desde el comienzo tuvieron claro que la demanda lo que pretend¨ªa era ¡°poner en cuesti¨®n las instituciones del Estado espa?ol¡± tuvieron que actuar con sumo cuidado ante ¡°los riesgos¡± sobre los que se les alertaba por una intervenci¨®n precipitada que pudiera cuestionar en el futuro ¡°la inmunidad de jurisdicci¨®n¡± de Espa?a ante organismos e instituciones internacionales.

La titular de Justicia reconoci¨® as¨ª que varios de los informes t¨¦cnicos aconsejaron acudir en este conflicto de la mano del Estado belga, incluso a la comparecencia prevista de Llarena del 4 de septiembre, pero que el Gobierno de B¨¦lgica hizo saber tanto en Exteriores, como en Justicia y a trav¨¦s de su embajador en Madrid que esa colaboraci¨®n no estaba prevista en su funcionamiento y no se podr¨ªa llevar a cabo. Los servicios t¨¦cnicos tambi¨¦n recomendaron ah¨ª que el Estado espa?ol optase por contratar abogados locales belgas para que les representase en este contencioso. Y es lo que al final se hizo.

Muchas de estas gestiones se fueron informando a trav¨¦s de notas de prensa a la opini¨®n p¨²blica entre julio y finales de agosto, aunque no con todos los detalles. Tambi¨¦n se inform¨® al Consejo del Poder Judicial, a Lesmes, incluso a Eurojust. El gran temor del Gobierno espa?ol ante cualquier actuaci¨®n era que no pudiese quedar comprometida, para este caso y para el futuro, el principio b¨¢sico de inmunidad de jurisdicci¨®n y de soberan¨ªa de Espa?a y que por tanto otro Estado como el belga pudiese entrar a discutir y dilucidar sobre un asunto de competencia exclusivamente nacional. Varios informes alertaron ah¨ª de que si al final Espa?a no se hubiese personado en este caso, y en la cita del 4 de septiembre, el tribunal belga pudiese interpretar que se renunciaba a esa inmunidad jurisdiccional.

En ese contexto, y tras m¨²ltiples reuniones internas y comunicaciones con los dem¨¢s actores interesados, la ministra convoc¨® el pasado 23 de agosto una cumbre en su despacho con altos cargos de Justicia para determinar las actuaciones a emprender. Y fue all¨ª donde ella decidi¨® que el Gobierno iba a iniciar los tr¨¢mites para contratar a un bufete privado en B¨¦lgica para defender ¡°la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicci¨®n espa?ola¡± en esa causa pero tambi¨¦n donde se a?adi¨® que "en ning¨²n caso" se asumir¨ªa la defensa del magistrado del Tribunal Supremo espa?ol "por los actos privados que se le atribuyen". Entre esa nota y la del 30 de agosto, donde ya se precisa incluso que para esa minuta se proveer¨¢n hasta 544.982 euros, se suceden tambi¨¦n una serie de declaraciones confusas entre la propia Delgado, la vicepresidenta Calvo tras una Consejo de Ministros y la posici¨®n final y firme del presidente S¨¢nchez en apoyo a Llarena.

La ministra Delgado no quiso asumir en ning¨²n momento, durante su exposici¨®n o en las r¨¦plicas, que el Gobierno y su Ministerio hubiesen tenido que rectificar y lleg¨® incluso a afirmar que las expresiones en aquel acto de Oviedo de Llarena no eran privadas y hab¨ªa que entenderlas como ¡°absolutamente imbricadas¡± en el asunto que sigue contra el proceso independentista. Delgado s¨ª concedi¨® que pudo haberse producido en su caso ¡°un exceso de transparencia¡± y que en la citada nota y en sus ¡°formas de expresi¨®n¡± pudo ¡°faltar o sobrar algo¡± por ¡°falta de claridad¡±. Delgado ha cambiado de jefe de prensa este verano.

La diputada del PP, Mar¨ªa Jes¨²s Moro, s¨ª le reproch¨® que en su momento no fuese tan contundente ¡°al aclarar conceptos y difundir una posici¨®n institucional¡± y que colaborase sin embargo ¡°a echar le?a al fuego de la estrategia torticera de los demandantes frente al Estado y el juez Llarena¡±. El diputado de Ciudadanos, Marcial G¨®mez, relacion¨® su inquietud por este caso con las constantes rectificaciones del ejecutivo de S¨¢nchez y con las cesiones a los partidos nacionalistas que le auparon a La Moncloa. PDeCAT, ERC y hasta PNV rechazaron que el Estado tenga que arropar a Llarena por las presiones de la derecha en una defensa que ven solo en su ¨¢mbito privado.

Dolores Delgado acab¨® su intervenci¨®n con toda una declaraci¨®n de intenciones: ¡°La transparencia es esencial, la comunicaci¨®n es fundamental y la ciudadan¨ªa merece ese ejercicio de expresi¨®n. El problema no es de transparencia ni de comunicaci¨®n sino de la manipulaci¨®n partidista de la informaci¨®n de los datos sacados de contexto¡±.