Una cadena de recursos obliga al Supremo a aplazar hasta finales de enero el juicio contra el ¡®proc¨¦s¡¯
El tribunal teme que las partes dificulten que la sentencia est¨¦ antes de las pr¨®ximas elecciones
Los cabecillas del secesionismo catal¨¢n est¨¢n dilatando el inicio del juicio. Parte de los abogados lo recurren casi todo. La idea del Tribunal Supremo era iniciar a fines de octubre o comienzos de noviembre el juicio y hacer p¨²blica la sentencia antes de las elecciones de mayo del pr¨®ximo a?o. Pero lo primero ya no va a ser posible por la cadena de recursos que est¨¢ recibiendo la Sala de lo Penal del alto tribunal y las consiguientes dilaciones que ello genera. Y lo segundo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, depender¨¢ del n¨²mero de testigos y de las trabas que se pongan a la evoluci¨®n del juicio, que se prev¨¦ dure varios meses y que ser¨¢ a puerta abierta, en sesiones de ma?ana y tarde.
Desde que la Sala de lo Penal ha asumido para el juicio las diligencias elevadas por el juez instructor Pablo Llarena, las partes que conforman este macroproceso (25 abogados defensores, cuatro fiscales y la acusaci¨®n popular de VOX) no han cesado de presentar recursos ante cada acto de preparaci¨®n de la vista que realiza la Sala, que preside Manuel Marchena, el magistrado que dictar¨¢ el fallo. Este c¨²mulo de recursos, b¨¢sicamente de las defensas, ha obligado al Tribunal Supremo a retrasar el comienzo de la vista oral hasta el pr¨®ximo a?o. En concreto, los interrogatorios de los l¨ªderes independentistas (excluyendo a los fugados) se iniciar¨¢n previsiblemente a finales del pr¨®ximo enero, calculan los citados medios.
El interrogatorio de los l¨ªderes secesionistas (excluyendo a los fugados) se iniciar¨¢ previsiblemente a finales del pr¨®ximo enero, calculan fuentes del Supremo
El tribunal emplazar¨¢ a las partes a que formulen sus escritos de acusaci¨®n o de defensa. Y entonces dispondr¨¢n de tres d¨ªas para exponer las cuestiones previas. Es decir, si consideran que se han vulnerado derechos fundamentales o que hay que solventar alguna laguna o vicio procesal. Los magistrados quieren resolver estas cuestiones en una vista que se celebrar¨¢ a principios de diciembre. A esta vista solo tienen que comparecer las partes, no los procesados, pero si estos lo demandan el tribunal les abrir¨¢ la puerta, aunque no hay obligaci¨®n legal. Quiere cerrar cualquier resquicio que los afectados puedan interpretar como indefensi¨®n. Podr¨ªan estar presentes, pero sin intervenir.
El momento de los interrogatorios (es decir, cuando el presidente del tribunal inste al fiscal y a los abogados a que formulen sus preguntas a los procesados) ser¨¢ a finales de enero. Ante de esta fase, que en puridad es el inicio real de la vista, el tribunal quiere resolver las cuestiones previas. Pese a que tambi¨¦n cabe la posibilidad de que algunas partes planteen en diciembre algunas cuestiones y se guarden otras para esa segunda fase de finales de enero. En este caso, previsiblemente, los magistrados las resolver¨ªan a la hora de redactar la sentencia.
Los magistrados quieren resolver las cuestiones previas en una vista que se celebrar¨¢ a lo largo del mes de diciembre
El tribunal calcula en varios cientos el n¨²mero de testigos que solicitar¨¢n las partes en sus escritos. Los magistrados no pondr¨¢n obst¨¢culos a los testigos, pero su volumen, en un juicio con casi 30 partes preguntando a cada reo, tambi¨¦n puede condicionar la publicaci¨®n de la sentencia antes de las elecciones de mayo. La Sala Especial del 061 del Supremo rechaz¨® recientemente la recusaci¨®n que plantearon parte de las defensas contra los cinco jueces del Supremo que juzgar¨¢n los hechos.
La nube dilatoria
Algunos abogados agotan el plazo para acceder a esas comunicaciones y luego se quejan al tribunal de que han tenido problemas inform¨¢ticos y no han podido leerlas. E Instan a que ampl¨ªe el plazo, lo que obliga a tribunal a fijar otro nuevo. Y as¨ª sucesivamente. Incluso se ha pedido al tribunal que pida a Llarena que efect¨²e determinadas pruebas que estiman inconclusa.
Sin contar los pr¨®fugos, encabezados por el expresidente Carles Puigdemont y que seguir¨¢n bajo la lupa del juez Llarena, en la c¨¢rcel est¨¢n ahora nueve de los 25 procesados: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨²l Romeva, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, entre otros. Si alg¨²n d¨ªa los pr¨®fugos regresan a Espa?a, ser¨ªan detenidos, ir¨ªan a la c¨¢rcel y desfilar¨ªan por el mismo proceso por el que est¨¢n pasando ahora los encarcelados. Se har¨ªa otro juicio contra ellos. A algunos se les atribuyen delitos, entre ellos el de rebeli¨®n, que prescriben a los 20 a?os.
Aunque el Supremo quiere tener la sentencia antes de las elecciones, si las partes ralentizan el juicio durante los interrogatorios, no habr¨¢ sentencia hasta despu¨¦s del verano. Pero cuanto m¨¢s tarde el juicio en desarrollarse, m¨¢s tiempo seguir¨¢n los presos en la c¨¢rcel.
El riego de fuga, cuando apenas quedan unos meses para el comienzo del juicio, sigue muy presente en la mente de los magistrados del Supremo, conscientes de que ¡°la ciudadan¨ªa no entender¨ªa que a alguno se le levantase la prisi¨®n provisional y aprovechase la ocasi¨®n para cruzar la frontera¡±. Por eso, todos seguir¨¢n en la c¨¢rcel hasta el juicio salvo que la fiscal¨ªa, en alg¨²n caso concreto, demande alguna libertad ¡°y la razone¡±.
Cuanto m¨¢s se prolongue el juicio, m¨¢s tiempo seguir¨¢n los presos en la c¨¢rcel. Est¨¢ previsto que sigan encarcelados al menos hasta que acabe la vista
La prisi¨®n dejar¨¢ de ser provisional en cuanto el Supremo dicte su sentencia. No caben recursos ordinarios contra las sentencias del Supremo, sean condenatorias o absolutorias. Si fuera condenatoria se convertir¨ªa en firme y, desde ese momento, el Supremo se desentiende de los presos. Ordena los a?os de cumplimiento de c¨¢rcel (si es que la sentencia resultase condenatoria) y desde entonces los presos pasar¨ªan a las manos del Gobierno de la Generalitat, que es la responsable de gestionar las c¨¢rceles de Catalu?a. En ellas est¨¢n ahora los presos independentistas tras su traslado desde c¨¢rceles madrile?as.
Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, anteriormente era obligatorio haber cumplido una cuarta parte de la pena para acceder al tercer grado penitenciario, que permite obtener la libertad pero con restricciones; por ejemplo, que un reo condenado solo vaya a pernoctar a la c¨¢rcel y trabaje durante el d¨ªa. Hoy no es obligatorio legalmente haber cumplido esa cuarta parte de la condena para obtener el tercer grado. Los secesionistas podr¨ªan obtener ese beneficio al d¨ªa siguiente de que la sentencia del Supremo sea firme si sus responsables carcelarios lo consideran pertinente.
V¨ªas para la libertad
La clasificaci¨®n en grados de los presos (primer grado, aislamiento; segundo, r¨¦gimen normal con salidas al patio; y tercero, semilibertad) la realizan las juntas de tratamiento de las diferentes c¨¢rceles, compuestas por un psic¨®logo, un jurista y el director del centro, entre otros.
Solo la fiscal¨ªa puede recurrir ante un juez de vigilancia de Catalu?a la concesi¨®n de un tercer grado. Pero si la fiscal¨ªa no recurre, los independentistas condenados quedar¨ªan de inmediato en libertad tras recibir el tercer grado. La otra opci¨®n que puede conducirles a la libertad sin cumplir los a?os de c¨¢rcel de una eventual sentencia condenatoria ser¨ªa el indulto.
La fiscal¨ªa tendr¨¢ que "esforzarse" para acreditar la rebeli¨®n
La fiscal¨ªa, seg¨²n avanz¨® este peri¨®dico, va a mantener en el juicio su acusaci¨®n por rebeli¨®n (tambi¨¦n por malversaci¨®n) contra parte de los procesados. Tendr¨¢ la Fiscal¨ªa "que esforzarse", seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, para acreditar que hubo rebeli¨®n (un delito que requiere el uso de violencia) para que, en su caso, sea atendido por el tribunal, seg¨²n los citados medios. La rebeli¨®n est¨¢ castigada con hasta 25 a?os de prisi¨®n.
El delito de sedici¨®n, que tambi¨¦n se les atribuye, tiene entre 10 y 15 a?os de c¨¢rcel. Y, seg¨²n fuentes judiciales, el encaje de la conducta de los procesados en este delito ¡°es total, es de libro¡±, a?aden. Tambi¨¦n ser¨¢n juzgados por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, pero este delito ha quedado muy atenuado porque los afectados, a trav¨¦s de las arcas de las asociaciones independentistas ?mnium Cultural y ANC, han depositado los casi cuatro millones que fij¨® el juez Llarena en su auto de procesamiento.
Por eso Llarena no acept¨® traer a Espa?a desde Alemania, solo por malversaci¨®n, al cabecilla del proc¨¦s, Carles Puigdemont. ¡°Habr¨ªa tenido que dejarle libre al d¨ªa siguiente de su entrega, con el consiguiente agravio para los otros reos que s¨ª van a ser juzgados por rebeli¨®n/sedici¨®n y malversaci¨®n¡±, destacan fuentes del Supremo.
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