Los Franco sientan en el banquillo a los activistas que ocuparon pac¨ªficamente el Pazo de Meir¨¢s
Seis de los 19 denunciados por delitos de odio, contra el honor y violaci¨®n de morada por los herederos del dictador declaran este viernes
La familia Franco, que ocupa desde la Guerra Civil el Pazo de Meir¨¢s ampar¨¢ndose en una supuesta donaci¨®n popular, ha sentado en el banquillo a cinco de los 19 activistas?del colectivo por la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica que en agosto de 2017 aprovecharon unas jornadas de puertas abiertas del inmueble, Bien de Inter¨¦s Cultural, para desplegar desde ¨¦l dos pancartas reclamando su ¡°reintegraci¨®n¡± al pueblo gallego. Este viernes ha sido la primera ronda de declaraciones judiciales de los 19 activistas denunciados por los Franco (tanto por la familia del dictador como por la fundaci¨®n que lleva su nombre) por delitos de odio, contra el honor, da?os y violaci¨®n de morada. Piden para cada uno de ellos penas de 13 a?os de c¨¢rcel, adem¨¢s de multas econ¨®micas.
Mientras los juristas contratados por la Xunta de Galicia sostienen que el Estado deber¨ªa presentar una demanda civil contra los Franco para que devuelvan al pueblo el bien p¨²blico que est¨¢n ocupando desde hace 80 a?os, son los herederos del dictador los que han denunciado la ocupaci¨®n del hist¨®rico pazo por los activistas. ¡°Es el mundo al rev¨¦s¡±, destacaron este viernes los demandados, respaldados por manifestantes que reclamaban la ¡°devoluci¨®n de lo robado¡± a grito de ¡°franquismo nunca m¨¢s¡±. Junto a ellos, la l¨ªder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pont¨®n, y La portavoz de la formaci¨®n nacionalista en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, que denunciaron la ¡°anomal¨ªa del sistema¡± evidenciada porque tengan que declarar ¡°unos dem¨®cratas que realizaron una ocupaci¨®n pac¨ªfica¡± al tiempo que reclamaron del Gobierno de Pedro S¨¢nchez ¡°celeridad¡± para la recuperaci¨®n del inmueble.
Los ¡°19 de Meir¨¢s¡±, que insisten en su reclamaci¨®n de reversi¨®n al pueblo gallego del bien cultural -una edificaci¨®n de finales del siglo XIX que orden¨® construir la escritora Emilia Pardo Baz¨¢n, y que, tras d¨¦cadas recibiendo subvenciones, los Franco acabaron poniendo a la venta por ocho millones de euros- consideran que la denuncia presentada por los herederos del dictador es ¡°una barbaridad¡± tanto desde el punto de vista pol¨ªtico como jur¨ªdico. Sostienen que se est¨¢ ¡°criminalizando el ejercicio del derecho democr¨¢tico a la libertad de expresi¨®n¡± y consideran¡°ir¨®nico¡± que ¡°una fundaci¨®n que hace apolog¨ªa del fascismo¡± les denuncie ¡°por atentado contra el honor y por un delito de odio¡±.
Frente a ello, los activistas denunciados muestran su orgullo por la ¡°acci¨®n simb¨®lica y pac¨ªfica¡± que realizaron ya que entienden que con ella han conseguido meter en la agenda pol¨ªtica gallega la recuperaci¨®n del pazo y obligado a las instituciones p¨²blicas a pronunciarse al respecto.
Para los ¡°19 de Meir¨¢s¡± la ¡°retirada de los restos del franquismo¡± del pazo debe formar parte de la recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica tanto como la retirada de los restos de Franco del Valle de los Ca¨ªdos. ¡°Se trata solo de voluntad pol¨ªtica¡±, sostienen apelando al presidente del Gobierno, a quien el alcalde de Sada, Benito Portela (del grupo independiente de izquierda Sadamaior¨ªa), ha escrito varias cartas con este objetivo precisando que los Franco ocupan el Bien de Inter¨¦s Cultural como consecuencia de ¡°la extorsi¨®n, del r¨¦gimen de terror y del fraude, tal y como consta en varios informes hist¨®ricos y jur¨ªdicos que han sido remitidos a la Administraci¨®n general¡±.
Portela ha cargado recientemente contra la pasividad del Gobierno de S¨¢nchez alertando de que mientras los Franco se mueven, ¡°el Gobierno del Estado sigue pasivo¡±.
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