El Supremo suspende el pase forzoso a la reserva de un vicealmirante
El alto tribunal obliga a reponer en el servicio activo a un mando militar al que el Gobierno jubil¨® anticipadamente
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la aplicaci¨®n del real decreto 1095/2018 por el que el Consejo de Ministros acord¨® el pasado 31 de agosto el pase forzoso a la reserva del vicealmirante Alfonso Carlos G¨®mez Fern¨¢ndez de C¨®rdoba. Se trata de una medida sin precedentes ya que por primera vez la justicia cuestiona la discrecionalidad del Gobierno para mandar a su casa a oficiales generales. Adem¨¢s, plantea una situaci¨®n muy delicada para la Armada, que debe reincorporar al servicio activo a un vicealmitante sin disponer de vacante.
La Secci¨®n 4? de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha aceptado suspender cautelarmente el pase a la reserva (equivalente a una jubilaci¨®n anticipada), tal como ped¨ªa el militar, mientras resuelve sobre el fondo del asunto. En su auto argumenta que el Abogado del Estado, que representa al Ministerio de Defensa, no ha aportado ¡°ninguna indicaci¨®n" de los perjuicios que pudieran derivarse de mantener al vicealmirante en activo. En cambio, a la sala le resulta ¡°evidente¡±,que algunos de los ¡°efectos jur¨ªdicos¡± del pase a la reserva (imposibilidad de ascender, limitaci¨®n de destinos, merma retributiva) quedar¨ªan consolidados y se har¨ªan irreversibles con el paso del tiempo.
El vicealmirante fue cesado el pasado 3 de agosto como subdirector general de Reclutamiento y Orientaci¨®n Laboral del Ministerio de Defensa, cargo que ocupaba desde 2017, en plena pol¨¦mica por la repetici¨®n de las oposiciones a sic¨®logo militar. La reclamaci¨®n de dos aspirantes mujeres, a las que se hab¨ªa excluido de la oposici¨®n por llevar tatuajes que se permit¨ªan a los varones, llev¨® a Defensa a ordenar la readmisi¨®n de las excluidas y la repetici¨®n parcial de las pruebas.
Aunque Defensa no ha explicado la causa del cese, fuentes militares se?alan que el vicealmirante discrepaba de la decisi¨®n de los responsables pol¨ªticos del Ministerio y que perdi¨® la confianza de estos por la forma en que gestion¨® el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba paralizar la repetici¨®n de las oposiciones ante el recurso presentado por algunos candidatos que ya las hab¨ªan superado.
De regreso a la Armada, se le busc¨® un destino acorde con su rango, pero todos los puestos disponibles eran de mayor relevancia que el que hab¨ªa ocupado hasta entonces, por lo que Defensa los rechaz¨® por temor a dar la impresi¨®n de que se le "premiaba" militarmente tras haber sido destituido pol¨ªticamente. Desde la Armada se adujo que no exist¨ªa ning¨²n puesto "irrelevante" para un oficial de esa categor¨ªa (s¨®lo hay 12 vicealmirantes en servicio activo) y m¨¢s a¨²n cuando le faltaban cuatro a?os para pasar a la reserva por edad.
Finalmente, la titular de Defensa, Margarita Robles, propuso al Consejo de Ministros del 31 de agosto el pase anticipado a la reserva de G¨®mez Fern¨¢ndez de C¨®rdoba. Se trata de una medida dr¨¢stica, cuyos m¨¢s recientes precedentes se remontan a hace 12 a?os, cuando el Gobierno pas¨® a la reserva al capit¨¢n general de Sevilla, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, quien lanz¨® una arenga contra el Estatuto de Catalu?a, y al teniente general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, responsable militar de la ca¨®tica repatriaci¨®n de los cad¨¢veres del Yak-42.
El auto del Supremo, que ha impuesto a Defensa el pago de las costas del proceso, valoradas en 1.000 euros, alude a la falta de motivaci¨®n de la decisi¨®n del Gobierno y critica que este se limite a remitirse al art¨ªculo 113.2 de la Ley de Carrera Militar de 2007, que le faculta para pasar a la reserva a los oficiales generales. La cuesti¨®n de fondo es precisamente esa: si el Gobierno puede mandar a su casa a los militares que ocupan los puestos m¨¢s altos de las Fuerzas Armadas sin dar ninguna explicaci¨®n, de la misma forma que puede ascenderlos y nombrarlos.
Se da la circunstancia de que entre 2004 y 2016, antes de ser diputada socialista, Margarita Robles fue magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
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