La fiscal¨ªa pide dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel para los miembros de la sindicatura electoral del 1-O

La fiscal¨ªa pedir¨¢ penas de dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura electoral que el Parlament design¨® para el refer¨¦ndum del 1-O, a los que acusa de los delitos de desobediencia y de usurpaci¨®n de funciones. En su escrito, el ministerio p¨²blico acusa a los miembros de la sindicatura de haber dictado distintas resoluciones en relaci¨®n con el refer¨¦ndum pese a que el Tribunal Constitucional les hab¨ªa notificado que la consulta quedaba suspendida y les advert¨ªa de su obligaci¨®n de impedirla.

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El ministerio p¨²blico pide dos a?os y nueve meses c¨¢rcel para los cinco encausados, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, T¨¤nia Verg¨¦ y Josep Pag¨¨s por desobediencia grave y usurpaci¨®n de funciones y, alternativamente, solicita que se les condene solo por desobediencia a una multa de 5.400 euros e inhabilitaci¨®n para cualquier funci¨®n "que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administraci¨®n p¨²blica". Los cinco miembros de la sindicatura, encausados a ra¨ªz de una querella que present¨® la fiscal¨ªa, fueron nombrados el 7 de septiembre del a?o pasado y cesaron de sus cargos el 26 de septiembre, dejando sin efecto los acuerdos que adoptaron, despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.

Uno de los encausados, Josep Pag¨¨s, ha tuiteado: "Hoy hemos recibido el escrito de acusaci¨®n los miembros de la sindicatura electoral del 1-O. Se nos acusa de desobediencia y usurpaci¨®n de funciones y se solicita pena de prisi¨®n, a pesar de haber ca¨ªdo la acusaci¨®n de malversaci¨®n. #PonerUnaUrnaNoEsDelito".

Seg¨²n mantiene la fiscal¨ªa en su escrito, los encausados celebraron el 7 de septiembre de 2017 la "sesi¨®n constitutiva de la sindicatura electoral", de la que designaron presidente a Jordi Matas, y publicaron los nombramientos al d¨ªa siguiente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). No obstante, el mismo 7 de septiembre el Constitucional suspendi¨® el refer¨¦ndum de independencia y notific¨® a los s¨ªndicos su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir su orden, as¨ª como que "se abstuvieran de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de la demarcaci¨®n", sostiene la fiscal¨ªa.?

La advertencia del alto tribunal instaba adem¨¢s a los miembros de la sindicatura a no crear ning¨²n "registro o fichero" necesario para la votaci¨®n ni a "dictar acuerdo alguno en orden a la ejecuci¨®n" del refer¨¦ndum. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, pese a la "difusi¨®n y conocimiento p¨²blico de las mencionadas resoluciones del Constitucional, a las que no eran ajenos los encausados", la p¨¢gina web referendum.cat public¨® el anuncio de la sindicatura por el que se designaba a los vocales de las demarcaciones de Ar¨¢n, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Adem¨¢s, a?ade el ministerio p¨²blico, los miembros de la sindicatura publicaron otros acuerdos relativos a la acreditaci¨®n de las organizaciones interesadas en participar en el refer¨¦ndum y al modelo oficial de papeletas electorales que deb¨ªan ser usadas en la votaci¨®n. Para la fiscal¨ªa, los s¨ªndicos dictaron esas resoluciones "actuando con conocimiento y conciencia de su arbitrariedad y la falta de legitimidad para actuar" dado que el Tribunal Constitucional les obligaba a paralizar o impedir cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensi¨®n acordada.

El escrito del fiscal a?ade que el alto tribunal suspendi¨® tambi¨¦n posteriormente la ley de transitoriedad jur¨ªdica, que configuraba a la sindicatura como "un ¨®rgano independiente, imparcial y permanente adscrito al Parlament", responsable de garantizar "la transparencia y objetividad de los procesos electorales, referendos, consultas populares y procesos de participaci¨®n ciudadana". Seg¨²n el ministerio p¨²blico, dicha suspensi¨®n tambi¨¦n fue notificada a los encausados, lo que no impidi¨® que ¨¦stos continuaran aprobando resoluciones sobre el 1-O, "manteniendo inquebrantable su voluntad de ignorar los acuerdos y los requerimientos efectuados por el Constitucional".

Entre los d¨ªas 12 y 14 de septiembre, mantiene el fiscal, los miembros de la sindicatura adoptaron otras cuatro resoluciones que fueron difundidas en webs oficiales de la Generalitat, resolviendo las acreditaciones de las organizaciones interesadas en participar en el 1-O y de los apoderados e interventores de los partidos, supervisando la campa?a institucional del Govern y acordando los plazos del proceso electoral.

A juicio?

El proc¨¦s se sentar¨¢ en el banquillo en unas semanas. El desaf¨ªo independentista catal¨¢n protagonizado desde 2012 por partidos pol¨ªticos y entidades civiles llega definitivamente a juicio. El Tribunal Supremo cerr¨® este jueves el sumario por rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia abierto hace un a?o y orden¨® la apertura del juicio oral, que se celebrar¨¢, previsiblemente, a principios de 2019.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 l¨ªderes independentistas ser¨¢n juzgados por aprobar leyes para romper con Espa?a, organizar y celebrar un refer¨¦ndum prohibido por el Constitucional y declarar unilateralmente la independencia. En ese juicio no estar¨¢n elexpresident Carles Puigdemont ni los otros seis procesados que se fugaron.