Un ¡®fontanero¡¯ del PNV confiesa que cobraron comisiones ilegales en el ¡®caso De Miguel¡¯

El pacto de la fiscal¨ªa con algunos de los acusados del denominado caso De Miguel, el macrojuicio de corrupci¨®n que afecta a 26 cargos y afiliados del PNV, empieza a ser visible. Josu Arruti Letamendia, el administrador ¨²nico de la sociedad mercantil Sidepur, una de las empresas investigadas, ha confesado que ¨¦l mismo y el principal acusado de la trama, su amigo y ex n¨²mero dos del PNV alav¨¦s y diputado foral cuando se destaparon los hechos, Alfredo de Miguel, recibieron comisiones ilegales del grupo catal¨¢n, Construcciones Riera, a cambio de sus gestiones para impulsar un pol¨ªgono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. Un pol¨ªgono que no se lleg¨® a urbanizar.

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En concreto fueron 322.000 euros que, seg¨²n ha dicho, se repartieron "a 161.000 euros cada uno". En el banquillo se sientan 26 imputados, la mayor¨ªa cargos p¨²blicos e internos del PNV para los que el ministerio p¨²blico pide, en total, 440 a?os de c¨¢rcel por cohecho, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales y tr¨¢fico de influencias.

La fiscal¨ªa anunci¨® a mediados de octubre que hab¨ªa llegado a un acuerdo con "una parte significativa" de los acusados y confirm¨® que consideraba reconocida la existencia de "una trama organizada destinada al cobro de comisiones il¨ªcitas". El fiscal jefe de ?lava, Josu Izaguirre, lo dijo sin ambages al reanudarse la vista oral despu¨¦s de varias semanas para intentar cerrar acuerdos con los imputados a cambio de rebajar las penas. Entonces no se dijo quienes hab¨ªan llegado a pactar con el ministerio p¨²blico, aunque s¨ª quedo claro que el principal acusado, Alfredo De Miguel, para el que se piden 54 a?os de c¨¢rcel, no acept¨® ning¨²n acuerdo a cambio de una reducci¨®n de la condena.

Josu Arruti, est¨¢ acusado de ser el "fontanero" de la operaci¨®n de recalificaci¨®n de terrenos en la peque?a localidad alavesa de Zambrana para instalar un pol¨ªgono industrial. Seg¨²n ha declarado, su empresa fue contratada por el Ayuntamiento de Zambrana gracias a su relaci¨®n con De Miguel, a quien conoc¨ªa por su militancia en el PNV. "Era mi aval", ha llegado a decir durante su declaraci¨®n a preguntas de su abogado. Arruti, para quien el fiscal pide 19 a?os y 10 meses de c¨¢rcel, ha reconocido que tanto ¨¦l como De Miguel acordaron en 2005 pedir al Grupo Riera una comisi¨®n de 161.000 euros para cada uno.

"?Te parecer¨ªa bien que al margen de tus honorarios les pidieras una comisi¨®n para ambos?", ha declarado Arruti que le pregunt¨® De Miguel en una conversaci¨®n privada. Tras la conversaci¨®n se traslad¨® a Catalu?a para plante¨¢rselo a uno de los responsables de Riera, tambi¨¦n imputado, quien al cabo de unos d¨ªas acept¨® incluir las comisiones "dentro del concepto de honorarios profesionales". Adem¨¢s, Fern¨¢ndez le comunic¨® a Arruti que contar¨ªa con ¨¦l y con De Miguel para que en el futuro desarrollo del pol¨ªgono industrial, que finalmente no se hizo, pudieran ofertar sus servicios a las empresas que se instalaran.

El ciclo del dinero se cerr¨® a trav¨¦s de la sociedad Kataia, la sociedad en la que eran socios de De Miguel otros dos dirigentes nacionalistas, Aitor Teller¨ªa y Koldo Otxandiano, y que figuraba a nombre de sus mujeres. Arruti ha explicado que abon¨® a De Miguel las cantidades pactadas a trav¨¦s de Kataia, pero desde la cuenta de su padre, Jes¨²s Arruti, tambi¨¦n imputado. Arruti tambi¨¦n ha dicho que defraud¨® a la Hacienda de Bizkaia porque, desde que firm¨® el contrato con Construcciones Riera en septiembre de 2005, utiliz¨® a su padre para hacer diversos pagos.

Tambi¨¦n ha declarado este lunes la exalcaldesa de Zambrana, Mar¨ªa Justina Angulo (PNV), que solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del tribunal. Ha reconocido que contact¨® con el ABB, la ejecutiva del PNV alav¨¦s, donde le confirmaron que la persona adecuada para ayudarle era De Miguel. De Miguel le puso en contacto con Josu Arruti, a quien la exalcaldesa no hab¨ªa visto "nunca". Angulo ha negado que interviniera en las reuniones entre los promotores del pol¨ªgono y los propietarios de los terrenos. Ha dejado claro que no conoc¨ªa la existencia de la empresa Kataia y ha insistido en que ning¨²n concejal dud¨® de la legalidad del acuerdo con Sidepur.